El comunicado sobre el acuerdo en materia agrícola y de desarrollo rural en los diálogos de La Habana, aunque sólo representa un índice de las materias que lo componen, pues no contiene ningún detalle acerca del contenido y el alcance del mismo, sí permite aventurar algunas interpretaciones sobre sus implicaciones pues, en principio, contiene algunos elementos novedosos que podrían significar cambios en la concepción del desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales.
Las partes denominaron el acuerdo Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral. Esto trae a la memoria dos grandes programas históricos. Uno es la reforma agraria y el otro es el de desarrollo rural integral (DRI). Como ha ocurrido con muchas otras iniciativas sectoriales, ninguno de los dos programas generó los grandes cambios que de ellos se esperaban. Si ello hubiera sido así, otra sería la situación actual del campo colombiano.
Un punto interesante por considerar es que se habla de reforma rural y no de reforma agraria. Esto, aparentemente, refleja un avance en la concepción de lo que se quiere hacer, pues no hay que perder de vista que las Farc insistentemente se han referido a la necesidad de adelantar una reforma agraria integral.
De otra parte, pareciera que en el acuerdo la visión de la problemática del campo fuera mucho más allá de la agraria propiamente dicha. Ahora se habla de los espacios rurales, que comprenden no sólo la agricultura sino que también incluyen a la minería, el turismo, los servicios ambientales, las microempresas rurales, etc. Este sería un reconocimiento al carácter crecientemente complejo que ha venido adquiriendo el desarrollo rural.
Consecuente con esta visión, se mantiene la concepción de que el desarrollo de los territorios rurales implica una noción integral del mismo.
Esto significa que no basta con considerar lo productivo, especialmente lo agropecuario y forestal, lo cual es, sin duda, condición necesaria para el desarrollo de dichos territorios y más aún en Colombia que cuenta con suficiente tierra, sino que, además, importan las dinámicas de las demás actividades productivas y de servicios rurales, así como el bienestar y el desarrollo personal y colectivo de los productores agropecuarios y, en general, de las gentes del campo.
Un asunto de aparente alta significancia es que no se habla de la propiedad como el único medio de acceso a la tierra, sino que se abren las puertas para impulsar otras formas de acceso, como el arrendamiento, la aparcería, la compañía, etc. De ser ello cierto, esto permitiría aplicar un tratamiento más contemporáneo y transformador al viejo problema de la tierra.
Del acuerdo se puede deducir que también interesa el uso que se haga de la tierra y podría asumirse que importa el uso adecuado del suelo y la creación de mecanismos para hacerlo realidad, como puede ser la aplicación efectiva del impuesto predial a la actividad agropecuaria, como lo sugiere el reciente estudio hecho por Fedesarrollo para la SAC.
En la próxima columna se continuará con el análisis del acuerdo agrícola de La Habana.
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