Después de dos años de ser testigo del marchitamiento productivo de varias fincas del Grupo Banacol en el Urabá antioqueño, así como incumplimientos en pagos de salarios y seguridad social de los trabajadores que la compañía se haya acogido a la Ley 1116 de Reorganización Empresarial fue la mejor decisión para evitar que miles de trabajadores resultaran afectados.
Así lo considera Guillermo Rivera Zapata, presidente de Sintrainagro, el principal sindicato bananero del país, al referirse a la asfixiante situación financiera a que llegaron la comercializadora internacional Banacol, incluidas sus cinco filiales, y la productora Agrícola El Retiro. Entre todas totalizan un pasivo de 374.650 millones de pesos, según cifras del Grupo al 30 de noviembre pasado (ver tabla).
"Acogerse a la Ley les permitirá a la empresa y sus fincas solventar la difícil situación actual y trabajar por su sostenibilidad económica, al tiempo que asegura la generación de empleo y evitar un conflicto regional laboral y social", argumentó Rivera, quien fue informado de la decisión por directivos de Banacol, el martes pasado.
Pero el líder sindical también advierte que así como los grandes productores y comercializadores están pasando días difíciles, también cultivos independientes están próximas a cerrarse porque no tienen los recursos para invertir en mejorar la productividad, justo cuando los precios internacionales no son buenos (ver recuadro).
Entre tanto, el Grupo Banacol deberá entregar en una semana a la Superintendencia de Sociedades un informe actualizado de sus estados financieros con corte al 6 de marzo. Este es el segundo paso de la reorganización empresarial que fue admitida hace una semana.
Con esas cuentas más recientes, el promotor que designe la Supersociedades tendrá 60 días para presentar la calificación y graduación de créditos y derecho a voto (por cada peso, cada acreedor tiene derecho a un voto). Con esa representatividad definida, viene la controversia entre lo que la empresa reconoce que debe y lo que reclaman los acreedores.
Según los expertos en este tipo de procesos, una ventaja es que se congela el valor de las deudas contraídas hasta el 7 de marzo pasado y los clientes no pueden suspender contratos comerciales por haber entrado en proceso de reorganización.
Sin embargo, la empresa también debe honrar todas las obligaciones contraídas después de obtenida la autorización de la Supersociedades de entrar en Ley 1116, para no arriesgarse a una liquidación.
Si el proceso marcha por buen camino, para los primeros días de octubre, el promotor designado deberá presentar el acuerdo de reorganización donde se indicará a los acreedores los plazos y prelación de pago que tienen.
"Esa intervención del Estado es bienvenida porque le da oxígeno a la empresa para que siga funcionando y generando empleo. Esperamos que este grupo de fincas (Banacol) cumpla con lo que le corresponda y seremos veedores de los derechos sociales y laborales de los trabajadores", concluye Rivera
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