El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, defendió este martes la revisión secreta de los registros telefónicos de The Associated Press por parte de su departamento, aunque negó haber participado personalmente en estos actos, que consideró justificados como parte de una investigación sobre un acto grave en que se había filtrado información de seguridad nacional.
La operación amplia emprendida por el gobierno para recopilar información de la cooperativa de noticias ha provocado un dolor de cabeza al presidente Barack Obama, que ha sido objetivo de críticas por parte de los dos partidos. Prominentes republicanos y demócratas en el Capitolio han manifestado su indignación, lo mismo que grupos defensores de la libertad de prensa.
El gobierno obtuvo los registros de abril y mayo de 2012, correspondientes a más de 20 líneas telefónicas asignadas a la AP, sus periodistas y editores, incluidas sus oficinas centrales. El director general de la agencia de noticias, Gary Pruitt, calificó el hecho como una intromisión colosal y sin precedentes en la forma en que las organizaciones de noticias hacen su trabajo.
Autoridades federales han dicho que los investigadores tratan de rastrear las fuentes de información de una historia del 7 de mayo de 2012, publicada por la AP, donde se revelaron detalles de una operación de la CIA en Yemen, que desarticuló un plan para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos alrededor del aniversario de la muerte de Osama bin Laden.
El martes cuando se le preguntó sobre el tema a Holder, el secretario dijo que se había apartado del asunto porque él mismo fue interrogado por el FBI como parte de la investigación. Agregó que quería asegurar que la investigación fuera independiente para evitar cualquier conflicto de interés. Holder asignó al subsecretario de Justicia, Jim Cole, el manejo del caso de los registros telefónicos. Cole tomó la decisión de revisar los registros telefónicos de medios informativos, indicó el Departamento de Justicia.
"Esta fue una filtración muy grave" que "puso al pueblo estadounidense en riesgo", dijo Holder. Lo consideró como uno de los dos o tres episodios más graves que ha visto desde que se volvió fiscal en 1976, aunque no especificó cómo la revelación de la información sobre el complot puso en peligro a los estadounidenses.
En febrero, durante un testimonio ante la Comisión Judicial del Senado, el director de la CIA, John Brennan, dio una descripción menos ominosa del complot. Dijo al panel que "nunca hubo una amenaza a los estadounidenses, como lo hemos dicho tan públicamente, porque teníamos el control interno del complot y el dispositivo nunca fue una amenaza para los estadounidenses".
El complot de la bomba se conoció después de que la Casa Blanca informó al público que tenía "información no creíble de que organizaciones terroristas, incluyendo al-Qaida, están planeando ataques en Estados Unidos para coincidir con el aniversario de la muerte de bin Laden".
En una carta dirigida a la AP el martes, Cole indicó que el Departamento de Justicia se adhirió a sus normas para los citatorios de los medios de comunicación y que no buscaba información sobre el contenido de las llamadas. "Los registros no se entregaron ni se entregarán para ninguna otra investigación", escribió Cole.
Rechazo de la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la incautación de registros telefónicos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que "la indagación del gobierno en este caso constituye una grave afrenta a la libertad de información y una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales, fundamental para el ejercicio de una prensa libre".
En una carta de protesta enviada el lunes a Holder, Pruitt, el presidente y director general de la AP, expresó que el gobierno solicitó y obtuvo información que va mucho más allá de lo que cualquier investigación en específico puede justificar. Pruitt exigió la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
Pruitt dijo que la respuesta del Departamento de Justicia no justificó la amplitud de la orden de recopilación, que incluía números telefónicos en instalaciones empleadas por más de 100 periodistas.
Surgieron también condenas a la medida del gobierno por parte de ambos partidos políticos.
El presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, exigió la renuncia de Holder, al señalar que "pisoteó la Primera Enmienda" constitucional, referente a las garantías individuales.
El senador demócrata Patrick Leahy, presidente de la Comisión Judicial de esa cámara, destacó que "el gobierno siempre tiene una responsabilidad cuando busca información privada, particularmente aquélla referente a la prensa o sus fuentes confidenciales...A la luz de esto, me preocupa que el gobierno no haya cumplido con esa responsabilidad".
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