Lejos de enderezarse, el trámite de la reforma constitucional a la justicia cada vez está más disparatado. No es sólo su falta de acierto en dar con las verdaderas razones de ineficacia e inoperancia judicial en Colombia y de vislumbrar soluciones realistas, sino la misma redacción del articulado, carente de elementales parámetros de calidad legislativa.
Es triste leer un diagnóstico tan severo como acertado, hecho por el exmagistrado y jurista Hernando Yepes Arcila, para quien "desde el comienzo, el proceso de reforma del régimen constitucional de la justicia se reveló como un esfuerzo estéril por la pobreza y superficialidad de las concepciones que parecen yacer en el fondo del proyecto, por la banalidad de casi todos los temas escogidos y por la falta de inspiración en las fórmulas sugeridas al Congreso". Para él, el proyecto que avanza en el Congreso es una "amenaza de auténtica catástrofe constitucional".
Y no es sólo la falta de acierto en el proyecto, de origen gubernamental y presentado al Legislativo. Una vez allí, los parlamentarios no se han privado de aportar al galimatías en que parece va a terminar la tal reforma. Si desde el Gobierno arrancó mal -no la alcanzó a estudiar el nuevo Ministro de Justicia, que es jurista, sino que la elaboró y entregó su antecesor, el político Ministro del Interior- en el Congreso no encuentra propiamente un ámbito de mayor cualificación intelectual ni académica para poder prosperar como normativa medianamente aceptable.
No hay juristas de peso en el Congreso, ni hay un cuerpo de asesores legales, expertos jurisperitos o letrados de carrera, como sí los hay en países del entorno, democracias más avanzadas y más conscientes de la importancia de las buenas leyes y de una justicia eficaz para la vida democrática.
Para acabar de ajustar -o de desajustar, más bien-, el pasado jueves la Sala Plena del Consejo de Estado dio un portazo a la posibilidad de contar con su concurso para la discusión de la reforma. En síntesis, dijo que "el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y a un orden justo".
El juicio es certero, aunque el papel de esa alta instancia contencioso-administrativa para la solución de los problemas de la justicia tampoco haya sido el mejor. Es el alto tribunal con más retraso en resolver los miles de expedientes a su cargo, y el que más cuestionamientos ha merecido por actuaciones no muy claras en ciertos niveles de su estructura interna.
Pero aparte de responsabilidades por el actual estado de cosas, lo que deberían hacer todos es un esfuerzo por no quedar tan mal. Ninguno de los tres poderes ha hecho mucho por asegurar, en lo sucesivo, un correcto funcionamiento del servicio público de la Justicia. El ciudadano pierde. Gana la politización, la burocracia, los círculos enquistados de poder. No hay soluciones eficaces. No sobra, pues, un nuevo llamado a la sensatez.
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