El segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos significa la continuidad de un modelo de negociación con las Farc, que en 19 meses acumula tres acuerdos parciales nunca antes logrados con este grupo. Pero se plantean retos ante el amplio rechazo de casi siete millones de colombianos.
En juego están las expectativas del fin del conflicto armado tras cinco décadas de violencia, la desmovilización adecuada y sin impunidad por graves crímenes de cerca de 1o mil guerrilleros de las Farc y el Eln y su posible transición a movimientos políticos.
También está la difícil tarea de conseguir un equilibrio para satisfacer las demandas de verdad, justicia y reparación de 6 millones 541 mil 351 víctimas del conflicto armado. Una cifra que por sí sola revela la compleja meta de la reconciliación nacional en un escenario de posconflicto.
En busca de su reelección, el actual Gobierno se jugó su credibilidad y capital político con la consigna de pedir el "mandato" para conseguir en los próximos meses el fin del conflicto con la mayor guerrilla del país, que el pasado 27 de mayo conmemoró los 50 años de su creación justificando la "lucha armada".
Santos insistió en que el país debía escoger entre "el fin de la guerra o una guerra sin fin" para aspirar al desarrollo económico y la inversión social que el conflicto ha frenado por décadas, que obliga a gastar en defensa casi 22 billones de pesos anuales.
Los retos del proceso
La reelección del presidente Santos trae tranquilidad a los partidarios de la solución dialogada al conflicto, quienes temían que unas nuevas condiciones sobre la marcha del proceso de paz, tal como las anunciaba el candidato Óscar Iván Zuluaga, sacudieran la mesa de negociaciones.
Para Carlos Andrés Prieto, analista del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, ante la evidencia demostrada en las urnas de un país polarizado, uno de los retos es conseguir avanzar más rápido en la agenda de temas y evitar que se prolonguen.
"En su campaña Santos apostó a que este año se conseguiría el acuerdo final con las Farc. La realidad ha mostrado que cada uno de los temas tarda, en promedio, seis meses, lo que en la realidad significa que resolver asuntos complejos como el de víctimas y fin del conflicto extendería los diálogos hasta el primer semestre de 2015", indicó Prieto.
El analista recordó que en busca de la reelección, el Gobierno se aceleró para lograr el tercer acuerdo sobre cultivos ilícitos, tras seis meses de discusiones. Este se suma a los ya logrados sobre desarrollo agrario y participación política. El exconsejero presidencial de paz, Carlos Eduardo Jaramillo, es optimista con la posibilidad de que el proceso gane en celeridad "porque ya está superada la incertidumbre de quién va a ser el próximo gobernante".
A pesar de que está asegurada la continuidad de los diálogos, el presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, advierte que aunque "esta victoria electoral es un voto de confianza de los colombianos en la paz, el hecho de que un 45 por ciento de los votantes haya votado por Óscar Iván Zuluaga es un indicio de que hay división en el país".
A su juicio "el Gobierno debe tomar medidas para unificar a la opinión colombiana en torno a la paz negociada, si lo que se busca es que esta sea estable y duradera y para eso debe tratar con todos los sectores de la sociedad civil, incluidos los que votaron por Zuluaga".
Anuncios en campaña
En las últimas semanas de la campaña presidencial se hicieron anuncios que se reclamaban para sumar apoyo social al proceso de paz, que comprometieron al Gobierno más allá de la búsqueda de votos para el presidente reelecto.
Santos confirmó que se iniciaron los diálogos exploratorios con el Eln para sentar las bases de una agenda de negociación, que a juicio de los analistas, está en mora para asegurar el fin del conflicto con todas las guerrillas.
Otro hecho fue la instalación del Consejo Nacional de Paz, pendiente de conformación y presentado como mecanismo para ampliar la participación de la sociedad civil en los diálogos.
El Gobierno también prometió a las víctimas del conflicto que sus derechos a la verdad, justicia y reparación "no se van a negociar" y que serán representadas por una comisión plural de las regiones afectadas. Esta viajará a La Habana.
Con ese fin Gobierno y Farc acordaron 10 principios que regirán la discusión del tema, entre estos el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad, la reparación, las garantías de seguridad y no repetición, la reconciliación y enfoque de derechos.
Según el analista Carlos Andrés Prieto, cumplir con estos principios —que legitiman el proceso por cumplir con estándares de derechos humanos— demandan no solo voluntad del Gobierno y las Farc, sino el fortalecimiento de las instituciones que velan por esos derechos y la justicia.
Refrendación y reformas
Si tiene éxito en La Habana la negociación de los dos temas faltantes (víctimas y fin del conflicto) faltará el veredicto de los colombianos para aprobar o rechazar lo acordado entre ambas partes. Un asunto que cobra relevancia si se tiene en cuenta la polarización entre partidarios y detractores de dialogar con las guerrillas por sus múltiples crímenes.
Alejo Vargas, politólogo y director del Centro de Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, consideró que "se requiere fortalecer la pedagogía sobre los avances y beneficios de negociar el fin del conflicto porque mucha gente no entiende el modelo de la negociación".
Mientras el Gobierno plantea el referendo como mecanismo de refrendación, las Farc insisten en la Asamblea Nacional Constituyente.
Vargas también reconoció como un gran reto concretar las reformas sociales, económicas e institucionales resultantes de lo pactado con la guerrilla en Cuba.
Entre estos destaca la modernización del sector agrario y el acceso a la tierra, de la infraestructura del campo (vías, electrificación rural), las garantías para la participación política tras la desmovilización de las guerrillas y el nuevo enfoque para acabar con los cultivos ilícitos.
El manejo de la negociación con la guerrilla tiene apoyos, pero también reparos de juristas y ong de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que advierte riesgos de impunidad si no se aplica justicia por delitos de lesa humanidad. Sigue también el debate jurídico por la aplicación de la justicia transicional, que se definirá con el Marco Jurídico para la Paz que busca penas alternativas para guerrilleros, así como su participación en política.
Por eso el excomisionado de Paz, Camilo Gómez, quien fue la fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez, sostiene que el Gobierno reelecto "debe considerar que casi siete millones de colombianos reclaman condiciones y transparencia, y que la paz no es propiedad de un Gobierno sino una construcción social".
Farc y Gobierno se encuentran de nuevo el próximo 23 de junio en La Habana.
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