Pese a los reparos que hizo la oposición al proyecto del Gobierno, la Comisión Primera del Senado aprobó elevar las penas al delito de captación masiva de dinero sin autorización legal.
La iniciativa, que contó con la ponencia del senador liberal Juan Fernando Cristo, establece que quienes capten dinero del público de forma ilegal incurrirán en penas que van entre 10 y 20 años de cárcel.
Cristo aclaró que el proyecto, aprobado por consenso entre todos los partidos políticos, no es una herramienta para solucionar la crisis que produjo la caída de varias pirámides, especialmente en el sur del país, pero que sí es una fórmula para disuadir a que en el futuro no se presenten casos similares.
Los mayores reparos los hizo su colega liberal Héctor Helí Rojas, quien señaló que este proyecto solo buscaba blindar los decretos con fuerza de ley expedidos por el gobierno en el marco del estado de emergencia social. Una especie de Plan B por si la Corte Constitucional declara inexequibles las decisiones del ejecutivo en este escenario.
Rojas pidió reflexión a Cristo de retirar la ponencia, a cambio de realizar un verdadero control político a la declaratoria de emergencia social.
El Senador dijo que el Congreso no lo ha hecho y que probablemente la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de los decretos, porque según la Constitución, el estado de emergencia social debe declararse ante hechos sobrevinientes y no pasados, como sucedió en el caso de las pirámides.
Advertencias
Sin embargo, Juan Fernando Cristo aclaró que el proyecto aprobado, que precisamente recoge los decretos expedidos por el gobierno, deja “tres advertencias claras” al Gobierno.
La primera, que hay una responsabilidad del Gobierno, por omisión, en la crisis de las pirámides, por no haber actuado a tiempo y con eficacia; segundo, que el proyecto, de llegar a ser ley de la república, no tendrá efectos retroactivos, a partir de cuando se convierta en ley de la República; tercero, que el mecanismo de aumentar las penas no es el más sano para el sistema penal colombiano.
Pese a estas advertencias, señaló Juan Fernando Cristo, el Congreso debía enviar un mensaje claro que se está ocupando de la crisis de las pirámides, y que es necesario sancionar a los “primeros responsables” de la pérdida de los recursos de los colombianos, es decir, a los promotores de estas empresas de captación de dinero.
El proyecto, tal como fue aprobado en su primer debate, no incluyó el principio de oportunidad para los dueños o promotores de pirámides que devuelvan recursos para que sean entregados a las víctimas de este negocio.
