La Unión Patriótica (UP), luego de que el Consejo de Estado le devolviera la personería jurídica, ha vuelto a las aspiraciones políticas con la candidatura presidencial de Aída Avella y con las candidaturas al Congreso, que en Antioquia cuentan con trece alternativas. Pero aún persiste el miedo de que se desate una nueva persecución política, como lo vive el movimiento Marcha Patriótica.
A propósito, la candidata presidencial, que estuvo 17 años en el exilio y volvió cuando el Consejo de Estado tomó la decisión, dijo que le preocupa la judicialización de los miembros de Marcha Patriótica y que no se siente segura en este momento haciendo política "con este Ministro de Defensa ni con el Procurador que tenemos. Creo que son dos personajes de la vida nacional que no hacen sentir seguros a quienes estuvimos en la política".
Para los candidatos de Antioquia, aunque es una alegría volver a la contienda política, y creen que nunca se les debió retirar la personería jurídica, el temor se centra en las bandas criminales "que se han convertido en los nuevos paramilitares, aunque también hay fuerzas oscuras en el Estado que persiguen a la izquierda", dijo Sergio Guzmán Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes.
Piedad Córdob a denunció hace unas semanas que Marcha Patriótica sufría una persecución judicial, pues 200 personas del movimiento estaban en proceso de judicialización, y por otro lado, han sido asesinados 29 miembros.
El representante a la Cámara Iván Cepeda dijo que estas inquietudes fueron presentadas hace unas semanas ante el presidente Juan Manuel Santos para que garantice la seguridad del movimiento político. Cepeda también criticó las "repetidas declaraciones del ministro de Defensa, que son irresponsables y desmedidas y azuzan una persecución que se está dando".
Justo el ministro Juan Carlos Pinzón se refirió hace un par de días a las denuncias de persecución, desdeñándolas y diciendo que es imposible que exista tal cosa.
"No hay ninguna organización que en sí misma tenga algún tipo de persecución en Colombia", señaló Pinzón, para ordenar a la fuerza pública que debe perseguir a cualquier persona "que forma parte de un grupo terrorista o de una banda criminal y ha planificado o contribuido con hechos que atenten contra los ciudadanos".
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