¿Cómo podía el Presidente Álvaro Uribe quedarse impávido ante la acusación de la presunta ilegitimidad de su gobierno? Es más que lógico que reaccionara frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a la Corte Constitucional y la Procuraduría General, copia de la sentencia contra Yidis Medina para que, si lo consideran pertinente, estudien la legalidad del acto legislativo que le dio origen a la reelección presidencial.
Son muy graves las acusaciones de la Corte Suprema al tratar de deslegitimar el acto legislativo que le dio vida a la reelección presidencial inmediata, pues según su concepto "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas". ¿Cuáles serán las razones ocultas de este insólito fallo, donde se aprovecha el juzgamiento de una persona para pretender a la vez sembrar un grave manto de duda sobre la legitimidad institucional de toda una nación?
¿Con base en qué pruebas se pronuncia la alta corporación judicial indirectamente respecto a los funcionarios de Gobierno implicados en el supuesto delito de cohecho, para insinuar algo tan delicado como la desviación de poder? Sabemos que hay un proceso en curso contra altos funcionarios del Estado, que debe respetarse y acatarse lo que en él se decida, pero en el entretanto no es posible hacer especulaciones y menos sacar conclusiones que van contra la vida misma de la democracia colombiana.
Si bien es cierto que las sentencias de la Corte Suprema son obligatorias para todos los colombianos, sin excepción alguna, también lo es que no puede extralimitarse en sus funciones, como nos parece que ha ocurrido con su intromisión en asuntos ya resueltos por la Corte Constitucional, cuando esta ya declaró que el acto legislativo de la reelección se ajustó a la Carta Fundamental. No es, por tanto, pertinente la revisión que insinúa la Corte Suprema.
Y ¿cómo responde el presidente Uribe ante esta delicada acusación de la Corte Suprema? Recurriendo a una de las máximas expresiones de la democracia: la participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Por ello ha decidido convocar al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías.
Según el comunicado presidencial, el referendo no sería para prorrogar el actual periodo presidencial ni para votar acerca de un eventual tercer mandato del Presidente Uribe. Es para corroborar y avalar ante la comunidad nacional e internacional la legitimidad y legalidad de su presente mandato. Sin embargo, no podemos dejar de lamentar que haya que recurrir a este mecanismo que, de llegar a ser viable jurídica y políticamente, es difícil de llevar a la práctica por la imposibilidad de repetir las mismas circunstancias históricas.
Sería preferible un gran Acuerdo Nacional que mirara más allá de los intereses particulares y de partido. El pueblo colombiano está cansado no sólo de la guerra y el narcotráfico sino de la lucha permanente de poderes y egos que obnubilan la razón aun de los mejores estadistas, académicos y jueces.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
