Distante y molesto. Así definieron algunos senadores la actitud que asumió el presidente Álvaro Uribe con su bancada de Gobierno de la Comisión Primera, en una reunión ayer en la Casa de Nariño.
En el encuentro, el Primer Mandatario les exigió a los congresistas revelar si habían tenido reuniones con funcionarios o abogados de la empresa DMG o habían participado en la creación de dicha firma.
Además, Uribe pidió a Zulema Jattin, Roberto Gerlein y Jorge Visbal que aclaren su situación jurídica con DMG, y anunció que hasta tanto se conozca con claridad la forma y los intereses con los que se redactó el artículo 79 de la reforma financiera, que presuntamente beneficiaría a DMG, el Gobierno no emitirá un concepto oficial al respecto.
Sobre el supuesto intento de "lobby", Zulema Jattin dijo que nunca ha recibido insinuaciones de DMG, y advirtió que a esa empresa no le hubiera convenido ese artículo que aprobaron las comisiones terceras de Senado y Cámara.
Por su parte, Gerlein le manifestó a Uribe que había recibido en su oficina al abogado de la empresa, Abelardo de la Espriella, para hablar de un proyecto, pero dijo que no hubo ninguna "propuesta indecente".
Visbal, por su parte, negó cualquier relación con la empresa y dijo estar dispuesto a aclarar el tema ante las autoridades.
El malestar de Uribe
Además de la "pirapolítica", la molestia del Mandatario la causan las declaraciones que aseguran que su patrimonio ha sido incrementado debido a la participación de sus dineros en pirámides.
"El Presidente estaba muy molesto, indignado, porque hay muchas personas que se quieren meter con el patrimonio de él, cuando aduce que son las mismas hectáreas de hace 27 años", reveló el senador Armando Benedetti, uno de los asistentes a la reunión en la que el Presidente también habló de su núcleo familiar: le manifestó a su bancada que su familia continúa con las mismas 1.100 hectáreas, que no ha incrementado su patrimonio y es "indignante" lo que dicen de él y de la familia de la primera dama, Lina Moreno de Uribe.
El debate
El primer debate al proyecto de ley que endurece los castigos por captación, se transformó en una fuerte pugna en torno al grado de culpa que le compete al Ejecutivo en los hechos.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el senador Gustavo Petro, sostuvieron un fuerte enfrentamiento, cuando el legislador responsabilizó directamente al Presidente de la República por permitir que el fenómeno de la captación ilícita se desbordara.
Petro dijo que bajo la doctrina de la confianza inversionista que profesa el Gobierno, no hubo suficiente control a las llamadas pirámides.
La respuesta del ministro Zuluaga no se hizo esperar: en tono enérgico, el funcionario dijo a Petro que no permitirá que se ponga en tela de juicio la conducta y la moral del Mandatario.
Por su parte, la Presidencia firmó dos decretos: en caso de usura a través de la venta con pacto de retroventa y los cobros gota a gota, habrá prisión de 48 a 126 meses y una multa desde los 133 salarios mínimos. Y, quien omita los reportes de las transacciones en efectivo tendrá prisión de 38 a 128 meses y una multa de hasta 15 mil salarios mínimos.
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