Las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las masacres de El Aro y La Granja, seguirán, por ahora, en manos del ente acusador mientras la Corte Constitucional adopta una decisión definitiva sobre la competencia para conocer esos procesos.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió mantener en su despacho los expedientes, luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamara competencia sobre el proceso y solicitara el traslado de las actuaciones.
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La solicitud fue presentada formalmente por el congresista Carlos Cuenca Chaux ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El representante a la Cámara, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pidió que la Fiscalía remitiera el expediente relacionado con el exmandatario bajo el argumento de que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial y, por tanto, correspondería a la Comisión de Acusación adelantar la investigación.
La controversia, entonces, se centra en la competencia para investigar a Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia, y en la hipótesis investigativa que ha manejado la Fiscalía sobre una presunta relación del entonces dirigente con estructuras paramilitares.
En su solicitud, Cuenca sostuvo que la investigación está relacionada con la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos vinculados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue identificado como Bloque Metro.
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De acuerdo con el planteamiento expuesto por el congresista, la hipótesis apunta a que Uribe habría facilitado y promovido, presuntamente, el accionar de esa organización.
El punto que llevó la discusión a la Comisión de Acusación es que Uribe ejerció como presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, ha dicho que el traslado solicitado por la Comisión de Acusación no resulta jurídicamente viable en este momento.
La funcionaria sostuvo que los hechos que dieron origen a la investigación contra Uribe no se habrían presentado durante su mandato presidencial.
Ese elemento, según la decisión, resulta determinante para establecer si la Comisión de Acusación tiene o no competencia para asumir el proceso.
En otras palabras, la discusión no se limita a establecer qué entidad debe continuar con la investigación, sino que implica determinar si los hechos que son objeto del proceso están relacionados con la condición de Uribe como jefe de Estado o si se trata de conductas que se habrían configurado antes de que llegara a la Casa de Nariño.
Ante esta disputa, la Fiscalía decidió llevar el conflicto de competencias a una instancia superior. La fiscal Abadía ordenó remitir la actuación original del proceso a la Corte Constitucional para que sea ese tribunal el que determine cuál es la autoridad competente para continuar con las investigaciones contra el expresidente.
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Así, mientras la Corte resuelve el conflicto, los expedientes permanecerán en la Fiscalía y continuarán bajo la dirección de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones a las que se refiere están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra.
El expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales, como la actual.
En ese contexto, su abogado defensor, Jaime Granados, elaboró un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.
¿Qué pasó en el Aro y La Granja?
Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad.
Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares.
Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte.
Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.
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La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá.
El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes.
En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales.
En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.
El caso tiene como trasfondo las investigaciones por las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia.
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El caso Jesús María Valle
Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.
El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) penetraron en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos.
Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador.
En una conversación con EL COLOMBIANO, hace unos meses, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”.
Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados.
En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia.
Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023, para rendir una declaración voluntaria para desmentir los señalamientos de Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Tres años después, el exjefe de Estado fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria, para que aclare su presunta relación con los hechos de Ituango y la muerte de Valle.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué existe una disputa sobre quién debe investigar a Álvaro Uribe?
- La controversia gira en torno a si las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja deben continuar en la Fiscalía o pasar a la Comisión de Acusación de la Cámara. Esta última sostiene que los hechos podrían estar relacionados con el fuero presidencial de Uribe.
- ¿Qué decidió la Fiscalía frente a la solicitud de la Comisión de Acusación?
- La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió mantener los expedientes en su despacho y consideró que, por ahora, no es jurídicamente viable trasladarlos a la Comisión de Acusación.
- ¿Por qué la Fiscalía considera que la Comisión de Acusación no tiene competencia, por ahora?
- La fiscal Gloria Marcela Abadía argumentó que los hechos que dieron origen a la investigación no se habrían presentado durante el mandato presidencial de Uribe. Por eso, considera necesario determinar primero si las conductas investigadas están realmente cobijadas por el fuero presidencial.
- ¿Quién resolverá finalmente qué entidad debe continuar con la investigación?
- La Corte Constitucional deberá resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación. Mientras adopta una decisión definitiva, los expedientes permanecerán en la Fiscalía y continuarán bajo la dirección de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema.
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