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Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de la ‘paz total’

El Ejecutivo sigue desmontando los mecanismos de negociación de la llamada ‘paz total’. Una nueva resolución puso fin a la mesa con Comuneros del Sur y se conocen decisiones sobre estructuras criminales de Medellín.

  • Esta mañana se conocieron dos resoluciones que desmontan dos negociaciones más. FOTO: Abelardo de la Espriella
    Esta mañana se conocieron dos resoluciones que desmontan dos negociaciones más. FOTO: Abelardo de la Espriella
hace 4 horas
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El gobierno de Abelardo De la Espriella sigue desmontando la ‘paz total’. El presidente emitió nuevas resoluciones que ponen fin a dos procesos de diálogo: uno con el frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

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Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones (365 de 2026 y 369 de 2026). Y estos documentos, a su vez, derogan las anteriores resoluciones de 2023 y 2024 que permitían las mesas de negociaciones con esos grupos armados.

Las determinaciones se conocen en medio de los cambios que el Ejecutivo viene introduciendo a los mecanismos de negociación de la ‘paz total’. El presidente De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que “se acabaron las mesas sin resultados”.

Sin embargo, por ahora, no se conoce una resolución que defina el futuro de las conversaciones con el Clan del Golfo.

Las negociaciones con las bandas del Valle de Aburrá

El espacio sociojurídico comenzó formalmente a mediados de 2023, con la participación de cabecillas de estructuras de alta peligrosidad. Y desde sus inicios fue particularmente polémico, sobre todo porque se dieron episodios como el famoso “tarimazo”, en el que los cabecillas de bandas salieron de la cárcel para estar en una tarima junto al expresidente Gustavo Petro en La Alpujarra.

Y es que por ese hecho ya está siendo investigada la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien habría estado detrás del evento, por presuntamente extralimitarse.

Entre las principales estructuras que hicieron parte de la mesa de diálogo estuvieron La Oficina, considerada la principal banda criminal de la zona y articuladora de múltiples organizaciones; Los Chatas, con fuerte presencia en Bello; El Mesa, con operación en el norte del Valle de Aburrá; Pachelly, con actividades asociadas al narcotráfico; Los Triana; entre otras bandas con presencia en diferentes zonas del Valle de Aburrá.

A estas organizaciones se sumaron otras bandas y combos locales, entre ellos Caicedo, Niquía, y más.

El golpe a esta mesa de paz ya se había producido la semana pasada, con el traslado de 104 reclusos de la cárcel La Paz, en Itagüí, entre ellos los 17 integrantes de la mesa de paz urbana que permanecían recluidos en ese penal.

Justamente en la cárcel de Itagüí se habría hecho una fiesta en abril de este año en una “celebración” con música en vivo del cantante Nelson Velásquez, licor y banquetes para cabecillas de bandas criminales recluidos allí.

Y, desde entonces, entre los principales temores de quienes conviven en zonas controladas por esos grupos armados están un eventual incremento de los homicidios, retaliaciones y ajustes de cuentas entre las estructuras criminales que hicieron parte de la mesa, según conoció este medio.

El proceso con Comuneros del Sur

Por otro lado, el proceso con Comuneros del Sur (una disidencia que le salió al ELN porque supuestamente sí tenía intención de paz) fue uno de los pocos que durante el cuatrenio pasado alcanzó algún avance, pues entregó material de guerra y casi que llega a la Zona de Ubicación Temporal ubicada en Nariño, aunque sobre ese punto no hubo un acuerdo.

Cabe señalar que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, había planteado públicamente la necesidad de abrir una discusión con el Gobierno Nacional sobre el cierre de los diálogos de paz y el rumbo que tendrá la política de seguridad en el departamento. Y en ese contexto le había pedido un espacio de diálogo al Gobierno que no se habría dado.

Escobar ha dicho que “no podemos pasar de paz total a guerra total” y ha pedido que, antes de tomar nuevas decisiones, se revisen con datos concretos los resultados que han dejado las negociaciones en materia de reducción de la violencia en Nariño.

“Colombia necesita una política de seguridad firme, pero también capaz de reconocer que el conflicto no se comporta igual en todas las regiones. Los avances alcanzados en seguridad y paz deben ser considerados en las decisiones que vienen para nuestro departamento”, escribió ayer en su X el gobernador.

Alias HH está al frente de los Comuneros del Sur; sobre él ya fue ordenada su extradición a Estados Unidos por parte del presidente Abelardo de la Espriella, que se haría efectiva cuando sea capturado.

Y esos procesos de negociación se suman los que se terminaron el pasado 29 de agosto, cuando puso fin a los procesos de diálogo con las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN); justamente uno de los cabecillas de este último grupo, alias Bendito Menor, fue abatido este viernes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué decidió el Gobierno Nacional respecto a los diálogos de paz?
El Gobierno oficializó el fin de las negociaciones y espacios de diálogo con el frente Comuneros del Sur (disidencia del ELN en Nariño) y con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante la firma de nuevas resoluciones presidenciales que revocan dichos procesos.
¿Qué otras negociaciones de la “paz total” han sido canceladas recientemente por el Ejecutivo?
Esta decisión se suma al desmonte de los espacios de diálogo con las disidencias de alias “Calarcá”, también con el grupo criminal de las Autodefensas de la Sierra Nevada y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuyo líder principal es alias Wálter Mendoza.
¿Qué estrategia de seguridad implementará el Gobierno?
Con la anulación de las resoluciones de la “paz total”, el Ejecutivo traslada la respuesta del Estado al componente de operaciones de fuerza pública contra la criminalidad organizada y ha hablado también de “sometimiento” de grupos armados.

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