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Excombatientes de las Farc denuncian crisis por violencia en zona de reincorporación

  • FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
EFE | Publicado el 21 de noviembre de 2021

Excombatientes de las FARC denunciaron que viven una crisis por la violencia en la zona de los Llanos del Yarí, en el sur de la Sierra de la Macarena, departamento de Meta (centro), por la violencia, que ha provocado, según dicen, el desplazamiento de 106 familias de una zona de reincorporación.

“Grupos armados han generado desplazamiento de 106 familias, 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, del colectivo en reincorporación 'Urías Rondón'. Urge el acompañamiento humanitario a los firmantes de paz. Su vida está en grave riesgo”, expresó Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla.

La situación se desató luego de que fueran incendiadas en una carretera rural de la zona varias camionetas de los esquemas de seguridad de los excombatientes que se reincorporan en los Llanos del Yarí.

“El despojo de la dotación a los agentes escoltas, quienes también son firmantes de paz, así como la incineración de los vehículos del esquema colectivo de esta comunidad de paz es una clara amenaza a la vida de los reincorporados”, señaló el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes (CNR) en un comunicado.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Raúl Hernando Flórez, dijo en una declaración a la prensa que una vez ese organismo recibió la denuncia, activó “el protocolo de verificación interinstitucional previsto para todos los asuntos que competen a población de excombatientes“.

Agregó que los escoltas fueron abordados, al parecer, por un grupo de disidentes de las FARC que, además de incendiar las camionetas, les robaron los chalecos antibalas y las armas.

En la zona de los Llanos del Yarí, las FARC celebraron en 2016 la Décima conferencia guerrillera, donde abordaron cómo sería su tránsito a la legalidad y a la actividad política.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han sido asesinados 296 firmantes del acuerdo de paz, mientras que han sucedido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves estigmatizaciones.

El año pasado, casi 100 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, abandonaron el caserío Santa Lucía, en Ituango (noroeste) y se trasladaron a también población antioqueña de Mutatá, tras recibir amenazas y ser víctimas de la violencia.

La respuesta del Gobierno

A propósito, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, Andrés Stapper, aseguraron que el Gobierno reaccionó de inmediato, adelantando el sábado 20 de noviembre una sesión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Interinstitucional: “Analizamos las condiciones del antiguo ETCR del Yarí y se informó de la asignación de un Fiscal para atender la situación específica del antiguo ETCR, así como el mantenimiento de los patrullajes de verificación y seguridad y la presencia del esquema dispuesto por parte de la UNP”.

Así mismo, señalaron que se fortalecerá el trabajo de la fuerza pública en los ETCR de Meta y Caquetá en donde han ocurrido los hechos violentos más recientes.


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