Desde el 18 de septiembre de 2026, USCIS aplica un nuevo marco para evaluar la carga pública en determinados trámites de residencia permanente. La revisión considera la situación económica y personal del solicitante, además del posible acceso a beneficios públicos.
La nueva regla de carga pública comenzó a aplicarse en Estados Unidos el 18 de septiembre de 2026 para las solicitudes de admisión y de ajuste de estatus presentadas desde esa fecha.
El cambio fue establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante una norma final publicada el 20 de julio, que dejó sin efecto las regulaciones de 2022 y amplió el margen de los funcionarios de inmigración para valorar las circunstancias de cada solicitante.
La medida tiene incidencia en determinados procesos para obtener la Green Card, o Tarjeta de Residente Permanente, documento que permite a una persona extranjera vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, no todos los solicitantes están sujetos a la evaluación de carga pública, debido a que la legislación contempla categorías exentas.
El criterio de carga pública busca determinar si una persona podría convertirse, en el futuro, en alguien principalmente dependiente del gobierno estadounidense para su subsistencia. Bajo la nueva normativa, USCIS puede valorar información más amplia al analizar cada caso y debe hacerlo considerando la totalidad de las circunstancias.
La regla se aplica a las personas que están sujetas al motivo de inadmisibilidad por carga pública. Entre los casos que pueden estar incluidos se encuentran determinados procesos familiares y laborales, así como otras categorías migratorias que no cuentan con una exención específica.
Para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública, los funcionarios deben revisar, como mínimo, cinco factores establecidos por la legislación: edad, estado de salud, situación familiar, activos, recursos y situación financiera, y educación y habilidades.
Estos elementos no se analizan de manera aislada. USCIS señala que la decisión debe considerar la información disponible sobre el conjunto de las circunstancias de la persona.
También puede tener relevancia la Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, cuando la ley exige este documento. Se trata de un compromiso mediante el cual un patrocinador utiliza sus recursos económicos para respaldar al inmigrante. USCIS establece que una declaración de patrocinio suficiente debe ser considerada favorablemente cuando corresponda.
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Uno de los cambios centrales está relacionado con la manera en que USCIS puede considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos.
Para las solicitudes a las que se aplica la nueva regla, los funcionarios pueden valorar la recepción de beneficios de este tipo como uno de los elementos relevantes para determinar la probabilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública. Entre los ejemplos mencionados en la nueva orientación aparecen ayudas en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia de vivienda, programas de alimentación y otros beneficios similares.
La fecha en que se recibieron esos beneficios también es importante. Las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre de 2026 se consideran bajo el marco de la regulación de 2022. En cambio, las solicitudes de admisión y de ajuste de estatus presentadas desde el 18 de septiembre están sujetas al nuevo esquema.
Esto significa que la sola utilización de un beneficio público no determina automáticamente que una persona sea considerada carga pública. El análisis debe hacerse dentro de la totalidad de las circunstancias del caso.
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La legislación migratoria mantiene excepciones para determinados grupos que solicitan beneficios migratorios por razones humanitarias o bajo programas específicos.
Entre las categorías que pueden estar exentas se encuentran:
-Refugiados y asilados.
-Personas que solicitan o poseen determinadas visas U, destinadas a víctimas de ciertos delitos.
-Personas que solicitan o poseen determinadas visas T, relacionadas con víctimas de trata de personas.
-Autopeticionarios bajo VAWA, la Ley de Violencia contra la Mujer.
-Determinados menores inmigrantes especiales.
-Algunos beneficiarios de programas migratorios específicos, como determinadas categorías contempladas por las leyes de ajuste para Cuba, Nicaragua, Haití y Liberia.
-Ciertos inmigrantes especiales de Afganistán e Irak, incluidos algunos intérpretes y trabajadores vinculados al Gobierno estadounidense.
La existencia de una exención depende de la categoría migratoria y de las circunstancias concretas del trámite, por lo que no todos los solicitantes de una Green Card deben presentar la misma información ni están sujetos a la misma evaluación.
La fecha de presentación del trámite adquiere especial importancia. La nueva regla se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus posmarcadas o presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre de 2026. Los beneficios públicos recibidos antes de esa fecha son tratados conforme al marco anterior.
Además, USCIS analiza la información suministrada en el Formulario I-485, junto con otros documentos y evidencias que hagan parte del expediente. La autoridad puede considerar información relacionada con la situación familiar, económica, educativa, laboral y de salud del solicitante.
Por eso, quienes estén preparando una solicitud de residencia permanente deben identificar primero si su categoría migratoria está sujeta a la carga pública o si existe una exención. En los casos sujetos a esta evaluación, la información financiera y familiar debe presentarse de acuerdo con los requisitos del trámite.
La orientación oficial de USCIS sobre la nueva política fue incorporada al Manual de Políticas de la agencia el 18 de septiembre de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa.
Importante: la nueva regla no significa que toda persona que haya recibido beneficios públicos vaya a perder la posibilidad de obtener la residencia. USCIS debe evaluar cada caso considerando el conjunto de circunstancias y, salvo las reglas específicas sobre la declaración de patrocinio cuando sea obligatoria, un solo factor no debe determinar por sí mismo el resultado.
Para conocer los requisitos aplicables a un caso particular, USCIS recomienda consultar la información oficial y las instrucciones correspondientes al trámite migratorio.
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