El Juzgado 34 de Familia de Bogotá, a cargo de la juez Viviana Arciniegas Gómez, decretó una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, que busca proteger a menores reclutados por grupos armados.
La orden está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.
La acción busca que el Estado revise y fortalezca los protocolos de inteligencia, planeación y ejecución de estas operaciones para garantizar la protección de los menores y evitar que resulten afectados. En respuesta, el juzgado decretó provisionalmente que no se realicen bombardeos sobre objetivos donde exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes.
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La operación solo podrá avanzar, según el auto, después de que se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, de acuerdo con la información disponible y los protocolos operacionales, que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar.
La juez sustentó la medida en la protección reforzada que tienen los menores de edad y en la prevalencia de sus derechos fundamentales, especialmente cuando están involucrados en escenarios de conflicto armado. El juzgado también recordó que los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados son víctimas y están expuestos a riesgos adicionales, entre ellos la violencia y la participación en hostilidades.
Para adoptar la medida provisional, la juez tuvo en cuenta información sobre operaciones militares recientes en Catatumbo y Guaviare en las que habrían muerto menores de edad. El despacho señaló que, en esta etapa preliminar, esos elementos permiten advertir una amenaza de “gravedad e inminencia”.
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Quién puso la tutela que busca frenar bombardeos con menores
El abogado Borda Parra, quien presentó la tutela, sostuvo que su intención no es impedir que el Estado enfrente a los grupos armados, sino que se revisen los procedimientos utilizados para evitar que los menores reclutados terminen expuestos a operaciones militares.
En declaraciones a Noticias Caracol, explicó que las organizaciones criminales pueden utilizar a los menores como escudos y mantenerlos dentro de los campamentos donde también permanecen los integrantes de los grupos armados: “Los niños resultan ser un objetivo muy apreciado por los grupos guerrilleros, para precisamente lograr defenderse y atacar al Estado, a las Fuerzas Militares y a la sociedad civil”, precisó el accionante.
Por eso, planteó que el Gobierno debe fortalecer las labores de investigación que permitan establecer si hay menores en esos puntos. Con esa información, dijo, las autoridades podrían evaluar operaciones de rescate o alternativas que reduzcan el riesgo para los niños: “Se deben proteger y ese es el ordenamiento jurídico nuestro, que hace parte del bloque de constitucionalidad”, afirmó.
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La administración del presidente Abelardo de la Espriella anunció que apelará la decisión del juzgado.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, cuestionó especialmente los términos utilizados por el despacho para definir cuándo debe detenerse una operación. En su cuenta de X señaló que expresiones como “razonablemente verificable” pueden generar dudas para quienes toman decisiones en el terreno.
“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, indicó el jefe de cartera.
“En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos. Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor, y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo. Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”, concluyó.
Por ahora, la orden permanece vigente y obliga a las autoridades militares a extremar las medidas de precaución cuando sus sistemas de información indiquen que en un objetivo pueden encontrarse menores de edad reclutados o utilizados por grupos armados.
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Balance de menores muertos en operaciones militares durante los tres últimos gobiernos
Durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022, Medicina Legal registró 367 personas muertas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad.
Con Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, la cifra aumentó a 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad. Esto significa 20 menores muertos más que durante el gobierno Duque, un incremento del 47,6 %. Uno de los casos más cuestionados ocurrió en noviembre de 2025, cuando un bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos utilizados por las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”.
En lo corrido del Gobierno de Abelardo de la Espriella se han registrado cuatro menores de edad muertos en operaciones militares.
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