Para el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional es una afrenta que alguien se atreva a decir, sugerir o plantear que es insuficiente la plata que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para atender a sus afiliados, conocida como UPC.
Al menos eso muestran las decisiones y pronunciamientos del ministro Guillermo Jaramillo. El último en desatar la ira del funcionario fue el recién nombrado agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.
Jaramillo cuestionó en una entrevista radial las declaraciones de Ospina en referencia a los recursos del sistema de salud. Sobre él dijo que no era “la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no” y que no debe “ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
La controversia surgió luego de que Ospina asegurara en una entrevista con Blu Radio que la UPC no cubre adecuadamente los costos. “No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas”, dijo el también exalcalde de Cali.
Según el ministro, la evaluación sobre la suficiencia de la UPC no es una tarea individual ni corresponde a opiniones aisladas, sino que debe ser realizada por equipos técnicos especializados de la cartera de salud. En ese sentido, reiteró que el agente interventor no es la persona indicada para pronunciarse sobre ese tema. “¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia (sic)”, manifestó en entrevista con W Radio.
Al respecto, agregó que “el doctor no sabe de eso”. Incluso, cuando lo cuestionaron por el nombramiento de una persona que, según él, no sabe algo fundamental para el sistema de salud como la suficiencia de la UPC.
“Entonces grave porque de dónde sacó eso, que se dedique a administrar porque, ¡ave María!, sí tiene trabajo (...). Tiene que sacar toda la corrupción que hay ahí y comenzar a administrar adecuadamente la salud, pero no ponerse a decir cosas que no le corresponden”, aseguró.
Por otro lado, el ministro puso en duda el conocimiento técnico del interventor en relación con el cálculo de la UPC, al señalar que se trata de un proceso complejo que requiere experiencia específica. Aunque reconoció la trayectoria administrativa de Ospina, insistió en que eso no lo faculta para opinar sobre asuntos técnicos del sistema.
“Él no sabe cómo se elabora la UPC. El doctor Ospina logró sacar adelante el Hospital Universitario cuando estaba en su peor situación; sabe administrar, pero no puede conceptuar sobre la UPC porque es un tema bastante complejo y delicado. No puede opinar sobre eso”, afirmó en la misma entrevista.
Vale recordar que el cálculo de esa unidad de pago ha sido un factor de debate entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y académicos, especialistas en salud y hasta la Corte Constitucional. Mientras el primero sostiene que es suficiente para las EPS y que si no les alcanza es porque “se la roban”, los segundos han demostrado con cifras —incluso de los estados financieros de las aseguradoras intervenidas por la suerintendencia del ramo— que se queda corta. Por eso, la Corte dijo que fue escasa para el año 2024 y ordenó al Ministerio de Salud hacer un mesa técnica para ajustarla debidamente.
De hecho, el ministro Jaramillo estuvo este 13 de abril en una audiencia especial en la Corte para responder por las decisiones adoptadas por su cartera frente al cálculo de esa prima para las EPS.
Allí, además de rechazar las acusaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema y de atacar a los gremios de pacientes, aseguradoras y prestadores, le dijo a los magistrados que en las intervenidas y manejadas por el Ejecutivo sigue la corrupción y hasta denunció irregularidades en contratos; los retó a que le indicaran cuánto debe subir la UPC (aun cuando es una competencia exclusiva de la cartera que dirige) y hasta reconoció que “es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive por funcionarios nombrados por este Gobierno”.
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