En medio de la trama de abuso de poder que involucró a Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno de Gustavo Petro, y a su niñera Marelbys Meza, habría una presunta conspiración para aprovechar el incidente y sacar del camino a unos investigadores de la Policía que se habían convertido en un obstáculo para el petrismo desde la campaña presidencial.
Esta información surge de dos fuentes confidenciales inmersas en la situación, que se han mantenido en silencio por temor a retaliaciones contra su vida y su familia, pues consideran que en el episodio de las “chuzadas” y el polígrafo hay más funcionarios comprometidos del gobierno anterior y de la Fuerza Pública.
Sin embargo, debido al reciente cambio en la Presidencia, accedieron a contarle a EL COLOMBIANO detalles inéditos del proceso, que ya tiene judicializada a la propia Sarabia y a siete miembros de la Policía.
Según su relato, bajo reserva de identidad, antes del lío con el dinero perdido en el apartamento de la funcionaria, hubo un antecedente protagonizado por agentes del Grupo Investigativo contra Estructuras de Crimen Organizado, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Gredo–Dijín).
Estos tenían la misión de localizar y capturar a Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, conocido en el mundo delincuencial como “Siopas”, el segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo.
Una de sus actividades fue interceptar el teléfono de la mamá, Neila Quiroz, por si en una conversación daba pistas del paradero del cabecilla.
Fue así como en mayo de 2022 registraron una comunicación entre la señora y una de sus hijas, Yaneth Quiroz, a pocos días de las elecciones presidenciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
“Hay que votar, eso manda a decir su hermano. Él manda a decir que por favor den el voto”, dijo la mujer, y cuando le preguntaron por quién, respondió: “Por Petro”.
La grabación se filtró a la prensa, generando un escándalo nacional y la apertura de una indagación preliminar de la Fiscalía para determinar si se estaba fraguando un constreñimiento ilegal para favorecer al candidato de la izquierda en los comicios. En ese momento, el jefe del Gredo–Dijín era el coronel Óscar Dávila.
Alfonso Prada, el entonces jefe de debate de Petro, se pronunció enfatizando que “en la campaña rechazamos de forma contundente, clara y directa cualquier tipo de constreñimiento que se pretenda realizar sobre cualquier ciudadano, no aceptamos el apoyo de bandas criminales”.
Para las fuentes, ese episodio marcaría el destino de los agentes de ese organismo en el caso de las “chuzadas”.
El informante misterioso
A finales de agosto de 2022, a pocos días de la llegada de Gustavo Petro al poder, el coronel Dávila fue transferido al Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia; en dicha designación fue clave el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, polémico exjefe de Protección en la Casa Militar de la Presidencia de la República.
Entre el 28 y 29 de enero de 2023 ocurrió el hecho que desataría el conflicto. Según la investigación de la Fiscalía, Laura Sarabia, quien fungía como la jefe del gabinete presidencial —y mano derecha del jefe de Estado—, denunció que se había perdido dinero de un maletín, y señaló a su niñera como la posible responsable.
“Se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria y le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Horas más tarde, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba”, expuso la Fiscalía en la audiencia de imputación de esta semana.
La niñera fue llevada a un sótano del complejo presidencial, donde le hicieron la prueba de polígrafo y la intimidaron para tratar de sacarle una confesión que nunca dio.
De acuerdo con los entrevistados, el Gobierno estaba decidido a montar un proceso contra Meza y, de paso, la empleada del aseo de Sarabia, Fabiola Perea.
El 30 de enero siguiente escribió al WhatsApp de un agente del Gredo—Dijín una fuente humana, un hombre que al parecer integraba el anillo de seguridad de “Siopas”.
Este era un informante de confianza, pues lo había reclutado el coronel Dávila cuando fue jefe del grupo y tres meses antes había suministrado datos que sirvieron para darle un golpe al Clan del Golfo.
Los agentes se reunieron con esa persona en Medellín, donde entregó los teléfonos de alias “la Cocinera” y “la Madrina” —este último alias que habría sido inventado—, dos miembros del cartel que supuestamente estaban en Chocó y eran cercanas a “Siopas”.
“El Gredo le dio credibilidad a esa fuente. Primero, porque la había reclutado el coronel Dávila, que mientras estuvo en el grupo fue un oficial muy respetado; y segundo, porque en los expedientes tenían referenciado el alias de la Cocinera en Chocó, desde noviembre de 2022. Todo cuadraba, por eso se interceptaron con tanta urgencia, porque esa gente cambia de simcard con mucha frecuencia”, relató uno de los entrevistados.
Dos días más tarde empezaron las sospechas. “El analista de interceptaciones dijo que esas líneas no estaban ubicadas en Chocó, sino en Soacha, Cundinamarca, y que las personas que hablaban no tenían nada que ver con el tema”, agregó.
El Gredo solicitó la cancelación de esas interceptaciones el 2 de febrero de 2026, ante el despacho de la Fiscalía 191 de la Dirección de Crimen Organizado, con sede en Quibdó.
Y fue en este momento en el cual se presentó una segunda irregularidad.
“Parece que los coroneles Dávila y Feria se dieron cuenta de que la Dijín iba a cancelar las líneas, entonces se le dio la orden al Grupo de Hurtos de la Sijín de Bogotá de interceptarlas, ya que ellos tenían la investigación por el robo de la plata. No sabemos si la orden la dieron ellos directamente o a través de alguien. El problema fue que la fiscal de Quibdó tuvo un retraso con su agenda, y no las canceló sino hasta el 9 de febrero, entonces cuando los de la Sijín ‘chuzaron’ esas líneas, se generó un rebote”.
Los sistemas de interceptación de comunicaciones con los que cuenta la Fuerza Pública impiden que una misma línea telefónica sea intervenida por dos salas de escuchas diferentes; a esto se le llama, en el argot judicial, “rebote”.
Para las fuentes, esta aparente descoordinación refleja el desespero por vincular a las empleadas de Sarabia a una causa penal, y al mismo tiempo desvirtúa una de las tesis que la Fiscalía usó para acusar a los policías inmersos en el episodio: que había un complot entre la Dijín y la Sijín.
“¿Para qué interceptar lo ya interceptado? ¿Por qué no hacerlo solo con los de la Sijín, que ya tenían el caso abierto, e involucrar a los del Gredo? Eso no tiene sentido”, reflexionó una de las fuentes, y acto seguido, llegó a una conclusión.
“¿Usted cree que es coincidencia que escogieran para ese enredo a los investigadores que llevaban el proceso en el que se demostraba que ‘Siopas’ y el Clan del Golfo constreñían a la gente para que votaran por Gustavo Petro? Es clara la motivación de querer dañar la imagen de dichos funcionarios, ellos fueron manipulados e inducidos al error”, señaló.
El cadáver tiroteado de “Siopas” apareció tres semanas después, el 1 de marzo de 2023. Sus propios colegas lo arrojaron de un carro en la carretera que del municipio de Uramita conduce a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.
Y el informante que había suministrado los presuntos teléfonos de “la Cocinera” y “la Madrina” se esfumó de la faz de la tierra.
Dávila pidió perdón en reunión secreta
A principios de junio de ese año, cuando ya había estallado en la prensa el escándalo del polígrafo y las “chuzadas” a las empleadas de Laura Sarabia, cinco miembros del Gredo—Dijín se reunieron con el coronel Dávila en Bogotá, en un apartamento alquilado por la plataforma Airbnb.
Querían preguntarle qué había pasado con su informante y por qué este les había entregado los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea bajo engaños.
“Para sorpresa de ellos, el coronel Dávila les pidió perdón, como confirmándoles que él los había metido en el problema. Estaba muy nervioso, les pidió que guardaran silencio y que buscaran un abogado. Les sugirió a Miguel Ángel del Río, con el que él iba a organizar su defensa”, explicó una de las fuentes.
El 9 de junio de 2023 un balazo le quitó la vida al coronel Dávila. Sucedió dentro de la camioneta oficial, en la localidad bogotana de Chapinero.
La Fiscalía certificó que se trató de un suicidio, pero muchos en la Policía no creen esa hipótesis. Dávila llevaba 24 de sus 42 años de vida en la Institución, sometido a altas dosis de estrés y amenazas, y nunca mostró señales de flaqueza.
Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre y el Fondo de Adaptación del gobierno Petro y quien denunció varias irregularidades cometidas en esa administración, aseguró que hace dos meses “unos policías me decían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas. Me dijeron que el coronel Dávila no se quitó la vida”.
Las dos fuentes consultadas coinciden con esa versión: “El coronel no tenía ese perfil de suicida y en esa investigación quedaron cabos sueltos”.
Pocos días después de su muerte, su antiguo equipo del Gredo—Dijín fue desbaratado por orden del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Al coronel Marcel Villarte Calixto, quien había heredado el cargo de Dávila, lo trasladaron al comando de Policía de Arauca y en 2024 fue llamado a calificar servicios, es decir, lo despidieron; la misma suerte corrió su subalterno, el mayor John Jairo López Toloza.
Al mayor Luis Jeffersson Camacho Prada lo transfirieron al Departamento de Policía de Caquetá, con una investigación de la Procuraduría a cuestas.
Los que llevaron la peor parte fueron el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, precisamente los dos uniformados que tenían a su cargo el análisis de la interceptación a la familia de “Siopas”. A ellos los capturaron por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
A finales de 2025 los condenaron en primera instancia a 11 y 12 años de cárcel, respectivamente; el caso está hoy en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Casualmente, en esa misma época los delegados del Clan del Golfo y de la Casa de Nariño instalaron su mesa de conversaciones de “paz total” en la lejana Doha, Catar.
Sobre quién estaría detrás de la supuesta confabulación para sacar del camino a los agentes del Gredo—Dijín, las fuentes no tienen certeza si se trató del Gobierno, del Clan del Golfo o de ambos.
Lo cierto es que el pasado mes de junio, Noticias Caracol reveló una llamada telefónica entre el entonces Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el vocero político del Clan, Luis Pérez Castañeda (“Bruno”), realizada el 2 de septiembre de 2022.
En ella, Rueda buscaba convencer al grupo ilegal para que participara en el proyecto de “paz total”, y a cambio le prometió “cese de bombardeos y limpieza en la inteligencia policial”, lo que implicaba apartar a los oficiales que perseguían al Clan. Aunque los implicados lo negaron después, el hecho fue ampliamente conocido como “el pacto de los congelados”.
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¿En qué va la imputación a Sarabia y los policías de la Sijín?
A principios de esta semana, Laura Sarabia fue imputada oficialmente por la Fiscalía, para que responda por los cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
La audiencia se realizó de manera virtual ante el Juzgado Primero Penal con funciones de control de garantías de Bogotá, donde el ente acusador recalcó que la funcionaria era consciente de que estaba sobrepasando las funciones de su cargo al ordenar una prueba de polígrafo.
“La asimetría de poder que tenía con Marelbys Meza, por ser su empleadora directa, entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad. La remuneración que devengaba era el único sustento de Marelbys (...). Ella estaba convencida de que someterse al polígrafo era la única vía para salvaguardar su libertad, su trabajo y demostrar la inocencia frente a su empleador”, expuso la fiscal del caso.
La funcionaria explicó a la jueza que Sarabia, al parecer, “emitió una orden fuera de su competencia. Sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ni ordenar la práctica de pruebas de uso específico”.
Y añadió que “también sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían finalidades específicas y que estaba determinando su uso indebido para satisfacer intereses privados”.
A su turno, Sarabia se declaró inocente de las imputaciones y proclamó que “no acepto los cargos narrados por la Fiscalía”.
Lo que sigue en el proceso es una audiencia de medida de aseguramiento, en la cual se definirá si la imputada es enviada a la cárcel, a detención domiciliaria o puede seguir en libertad, mientras el caso llega a un veredicto.
Es importante anotar que Sarabia está siendo procesada actualmente por los hechos relacionados con el polígrafo, pero todavía no le han formulado cargos por las “chuzadas” a los teléfonos de sus empleadas domésticas.
El exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, coronel Carlos Feria, quien al parecer fue su cómplice en el asunto, fue transferido a la dirección de una escuela de la Policía y está en proceso de ser llamado a juicio oral. Al igual que Sarabia, se ha declarado inocente.
Otros policías involucrados son dos miembros de la Sijín de Bogotá, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, condenados a 10 años de prisión por fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público agravado.
Los señalaron de manipular documentos oficiales para que una fiscal autorizara las “chuzadas” telefónicas, que finalmente “rebotaron”.
El subintendente de la Sijín Fredy Gómez firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagará cuatro años por fraude procesal y falsedad en testimonio; mientras que el capitán Óscar Mojica, exjefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín, logró un principio de oportunidad para obtener beneficios por su colaboración, y está pendiente de la sentencia.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cómo se vincula el caso de Laura Sarabia con la investigación al Clan del Golfo y alias “Siopas”?
- La investigación señala que los agentes del Gredo-Dijín que interceptaron a la madre de alias “Siopas” —descubriendo un audio donde se pedía votar por Gustavo Petro— fueron posteriormente enredados en el escándalo de las interceptaciones ilegales tras el robo de dinero en la casa de Laura Sarabia, lo que las fuentes califican como una maniobra para sacarlos del camino.
- ¿Qué papel jugaron los coroneles Óscar Dávila y Carlos Feria en el cruce de interceptaciones?
- Tras el robo de dinero en el apartamento de Laura Sarabia, se ordenó practicar un polígrafo a la niñera Marelbys Meza. Posteriormente, ante la cancelación de unas líneas en Quibdó vinculadas al caso, se generó un “rebote” telefónico cuando la Sijín de Bogotá intentó interceptar los mismos números, situación que la Fiscalía investigó como parte de un presunto fraude procesal.
- ¿Cuáles fueron las consecuencias judiciales para los uniformados involucrados en el caso Gredo-Dijín?
- Varios oficiales y subalternos sufrieron traslados o llamadas a calificar servicios. En el caso del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, fueron condenados en primera instancia a 11 y 12 años de cárcel por delitos como fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
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