Jojutla, el corazón del terremoto que afectó a México el pasado 19 de septiembre, se levanta a tientas de la tragedia. Este poblado, en el estado de Morelos, recibió más que cualquiera los efectos del sismo, y Liliana Gutiérrez, dueña de una inmobiliaria allí, se asombra de la ausencia del Estado en una recuperación que los civiles se vieron obligados a asumir.
“Jojutla era el centro de todo, el núcleo del abastecimiento de los pueblos alrededor. Ahora, si vienes, no ves ni el 80 %: negocios, hospitales, casas y escuelas destruidas; abarrotes sin alimentos y la población sin saber cómo todo volverá a ser igual que antes”, comenta la administradora, que vio desde un filo, con su auto saltando por el movimiento de la tierra, cómo una gasolinera se hacía “chicle”, caían los edificios y se levantaba una nube blanca sobre el municipio.
Los muertos en Jojutla fueron 73. Uno de ellos, una mujer, que Liliana prefiere dejar sin nombre para no acrecentar su dolor. Ella, amiga de la familia, vivía angustiada por no poder tener hijos, hasta que cinco años de tratamiento le permitieron tener una niña. “Justo cuando consiguió a su bebé, pasó este terremoto, que se llevó a la pequeña y a la abuela, los mayores tesoros de mi amiga. Ahora anda sedada, consolándose con la idea de que sus dos amores están en el cielo. Imagínate su terror, su decepción”, cuenta.
En su familia no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales. La inmobiliaria se quedó sin pantallas y sin equipos para vivienda, pero la infraestructura quedó servible. Por eso, al ver que justo a un lado, bajo el sol y el agua, los médicos voluntarios cosían heridas y estabilizaban a hipertensos y a diabéticos, convirtió el local en un hospital improvisado, al que han llegado médicos por su cuenta y medicamentos donados, pero ninguna ayuda del Ayuntamiento ni del Gobierno Nacional.
“Hay unos hospitales que se les vino el techo abajo y a otros Protección Civil les dijo que no era seguro ingresar, entonces en Jojutla están atendiendo en las calles, y solo urgencias extremas, no diarreas, fiebres, gripes o crisis nerviosas”, continúa Liliana, para quien ha sido insólito que en esas circunstancias no se hayan habilitado lugares para la atención a pacientes. De hecho, en su inmobiliaria, un solo médico, el doctor Richard, ha llegado a atender hasta a 170 personas en un solo día.
A lo anterior se suma la incertidumbre por saber qué pasará con las viviendas. Aunque el Gobierno Nacional, a través de Protección Civil, está evaluando las condiciones de las casas y entregando ayudas económicas a quienes perdieron todo, hay casos de personas cuyos arriendos tenían un valor de un millón de pesos mexicanos (alrededor de 150.000 pesos colombianos) y el Estado solo les da 20 % de esa suma para buscar un hogar.
El precio de los alimentos aún no se estabiliza. Liliana cuenta que el queso para la sopa de ají y tomate, que a diario le da a los médicos de la inmobiliaria, está costando tres veces más de lo corriente, y las ayudas (agua, enlatados y frazadas, sobre todo) se entregan sin un orden, por lo que hay falsos beneficiarios o personas que solicitan el paquete varias veces.
“El gobierno realmente no ha puesto un grano de arena para subsanar ese tipo de problemas. Le falta mucho ir a lugares donde verdaderamente se está viviendo este terror”, sostiene Liliana, y agrega que le preocupa que hay escuelas funcionando sin el aval de Protección Civil que permite saber si son aptas para su funcionamiento.
El mismo temor tiene Ana Lucía Hill, promotora de la iniciativa mexicana Yo soy Protección Civil, que busca generar capacidad de preparación y de respuesta en la gente frente a las emergencias naturales. Según cuenta, en Ciudad de México (donde hubo 228 muertos y 200 inmuebles deberán ser demolidos) hay edificios que siguen acordonados por las autoridades, porque tienen fallas estructurales, pero en los registros de Protección Civil aparecen como aptos para habitar.
Hill reconoce que en el Gobierno hay esfuerzos claros para una pronta recuperación de los lugares afectados por el terremoto del 19 de septiembre, pero le preocupa que el proceso se acelere con medidas insuficientes o superficiales para mostrar resultados, ya que el próximo año hay elecciones regionales y presidenciales en México. Eso mismo, añade, puede representar riesgos de corrupción (robo de los recursos para reconstruir) frente a los que la sociedad civil tendrá que estar vigilante.
Por último, la experta dice que temen que todos los esfuerzos estatales estén orientados a ayudar a aquellas personas que no pueden salir adelante a menos de que sea con ayuda del Gobierno, cuando hay un porcentaje alto, principalmente en Ciudad de México, de personas que perdieron su casa o su negocio, pero que son de clase media y no existen mecanismos para tenderles una mano, pese a que carecen de su patrimonio.
