La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh) publicó ayer un informe en el que establece, con tono concluyente, que en el caso de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, hay “fuerte evidencia de torturas”, y aún más, de que el caso “no fue investigado adecuadamente e incluso fue encubierto por el Estado”.
Según la Oacdh, está claro además que en la desaparición y asesinato de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —que se encontraban protestando en septiembre, 4 años atrás, para conmemorar la masacre de Tlatelolco (1968)—, las autoridades tuvieron un papel clave, pues concluye que “personal de la Policía y de la Armada Mexicana” arrestó a los jóvenes que después fueron asesinados.
La versión oficial en México apunta a que policías corruptos entregaron a los estudiantes a narcos del cártel Guerreros Unidos, que les dio muerte. Pero la Oacdh no cerró la puerta a nuevas líneas de investigación, que implicarían de mayor forma al Estado, como señalan ONG y activistas de derechos humanos.
¿Avanza la justicia?
¿Qué de nuevo puede lograr con esto el máximo ente internacional para frenar la impunidad por uno de los más bochornosos casos de los últimos años en México? De antemano se evidencia que su informe, basado en análisis forenses y entrevistas con implicados —detenidos, testigos y autoridades—, agrega otro elemento al caso al concluir que hay evidencias de que 34 de ellos fueron torturados durante la pesquisa oficial.
Tampoco tiene ambigüedades para afirmar que a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas.
¿Pero qué efectos podría dejar la investigación? Y, sobre todo, ¿serán jurídicamente vinculantes? EL COLOMBIANO consultó con expertos.
Para Guillermo Arizmendi, exasesor del Parlamento Latinoamericano en Derechos Humanos y docente de la Universidad de Caldas, en primer lugar la ONU ejerce presión directa contra las instituciones mexicanas. “Era una deuda de la comunidad internacional, que no ha hecho lo suficiente por demandar del Estado mexicano la depuración de la inmensa olla de corrupción que representan todos sus organismos de seguridad, de justicia y penitenciarios”, dijo.
Pero Arizmendi advierte que una de las causas de esa falta de presión en el pasado podría seguir siendo un obstáculo para la lucha contra la impunidad en este y otros casos: “si el Estado mexicano no tuviera ese músculo económico y diplomático en el concierto global, con toda seguridad que el caso Ayotzinapa ya se hubiera resuelto. En suma, es importante la conclusión a la que se ha llegado respecto a la tortura y el encubrimiento, pero aún falta más contundencia de ONU para llegar a la verdad y ayudar a depurar a la institucionalidad mexicana”.
En eso, por ejemplo, resultaría esperanzador que el caso Ayotzinapa sea declarado crimen de lesa humanidad, lo que permitiría ampliar la pesquisa, pero esto no se daría sin duda si los mecanismos internacionales sucumben, en opinión del experto, a la influencia regional de México.
Por su parte, Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, consideró que si bien el informe de la ONU no es vinculante, probablemente suscite por fin la apertura y avance de procesos contra el Estado mexicano en entes regionales y mundiales de justicia.
“La Oacdh establece básicamente que la investigación en México no estuvo bien hecha y tuvo un sesgo para eliminar las pruebas. No es obligatorio su informe jurídicamente, pero hace una recomendación al Estado mexicano de que haga bien la pesquisa contra los responsables. Y si este no obedece, ahí podrá ya entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sancionar y esta puede utilizar el informe como fundamento”, explicó.
A pesar de que Arévalo coincide en la idea de que México ha ejercido influencia para evitar consecuencias internacionales por el caso, es escéptico de la idea de que logre a futuro frenar la pesquisa:“esto no es ya un escenario político donde puede acudir al Consejo de Seguridad de ONU. Esto es un escenario de responsabilidad legal, y ahí ya no puede influir”.
