Un tribunal peruano postergó este viernes la decisión que tomará sobre la procedencia del derecho de gracia otorgado al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) por el presidente Pedro Pablo Kuczynski que, en principio, lo excluye del proceso que se sigue por una matanza cometida en 1992 por el grupo Colina.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional, presidido por la jueza Miluska Cano, e integrado por Omar Pimentel y Otto Verapinto, dejó la decisión “al voto” individual de cada uno de los magistrados, que deberán anunciar su fallo en un plazo máximo de 15 días.
La medida implica la revisión de la gracia que otorgó Kucyznski a Fujimori el pasado 24 de diciembre y que estableció que el exmandatario no puede ser procesado en otros casos tras el indulto que recibió de la condena a 25 años de cárcel que cumplía desde 2009 por delitos de lesa humanidad.
Los jueces decidirán si aceptan esa medida o la solicitud de que la Fiscalía y la defensa de los familiares de las víctimas, que piden que se declare inconstitucional e inaplicable en este caso.
El tribunal realizó hoy la audiencia de control de acusación del caso Pativilca-Caraqueño “referido al asesinato de 6 personas en la provincia de Barranca, en 1992, presuntamente por el grupo Colina”.
Durante la audiencia, el fiscal Luis Landa señaló que la decisión de Kuczynski ha desnaturalizado el derecho de gracia, porque no estuvo motivada ni justificada.
“El presidente debe explicar las razones” de su medida, enfatizó el fiscal antes de asegurar que el “pedido de gracia se otorgó fuera del plazo” que establece la ley y su resolución “no cumple con los estándares” obligatorios.
Landa también sustentó su acusación para que Fujimori sea, finalmente, comprendido en el proceso y pidió que se le condene a 25 años de cárcel.
Fujimori, de 79 años, es acusado de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del secuestro, tortura y asesinato de seis personas en el distrito de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima.
La abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, aseguró, a su turno, que “se quiere encubrir a Fujimori” y enfatizó que su país ha sido respetuoso de los tratados internacionales porque no juzgó al exmandatario por este caso mientras no se amplió su extradición desde Chile.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, sostuvo, a su turno que no existe ninguna resolución internacional que impida aplicar la gracia presidencial y rechazó las críticas que se hacen a la supuesta “prontitud del indulto”.
Pérez Arroyo remarcó en una supuesta “falta de debida motivación” en la acusación, así como una incorrecta aplicación de la normativa internacional sobre delitos de lesa humanidad, por lo que pidió que la acusación que hace la fiscalía sea archivada.
A su turno, el procurador César Romero también defendió la decisión de Kuczynski y dijo que “no puede ser inconstitucional este derecho de gracia e indulto”.
La justicia chilena extraditó a Fujimori en 2007 y amplió en 2015 esa medida a la matanza de Pativilca, que ocurrió el 29 de enero de 1992.
Según las autoridades judiciales, fue cometida por el grupo Colina, que secuestró a seis hombres, el mayor de 38 años y el menor de 17, que fueron encontrados luego con signos de graves torturas y disparos de arma de fuego en la cabeza.
Esta semana, el exmilitar Hércules Gómez, quien integró el grupo Colina y abandonó la prisión tras cumplir 15 años de cárcel, aseguró a un programa de la televisión local que Fujimori conocía todas las operaciones encubiertas que hacía ese grupo militar encubierto.
“Nosotros nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo, tranquilos, bajo una línea de comando, que empieza con el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Dentro de una política de combate al terrorismo, nos sentíamos seguros porque el Gobierno nos protegía”, manifestó.
