Los implicados son el cirujano Salay José Gutiérrez y la médica Angie Paola Osorio, quienes habrían operado desde su llegada a Chile hace tres años. Según las investigaciones, el dúo utilizó identidades de al menos ocho médicos chilenos para expedir licencias falsas, muchas de las cuales fueron generadas desde Colombia a través de una red digital bien estructurada.
“Estamos en presencia de una asociación criminal que operaba, en principio, desde el extranjero. La mayoría de las licencias médicas fueron obtenidas desde Colombia”, aseguró el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez. Ambos acusados enfrentan cargos por usurpación de identidad, emisión fraudulenta de licencias, delitos informáticos y fraude al sistema de salud público.
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Este caso revive el eco del mega fraude de 2022, liderado por Samir Rivaldo y Yesica Sonado, también colombianos, quienes encabezaron una red que habría desfalcado más de 800 millones de dólares al sistema sanitario chileno. Las similitudes son inquietantes: ambos grupos crearon sociedades médicas falsas y comercializaban licencias vía WhatsApp, con precios que oscilaban entre los 155.000 y 421.000 pesos chilenos, dependiendo de la duración de la incapacidad.
En promedio, un médico en Chile emite unas 140 licencias al año. Sin embargo, Gutiérrez y Osorio superaban las 1.600, un patrón que activó las alertas en los sistemas electrónicos de Fonasa.
Ambos imputados quedaron en prisión preventiva por un plazo inicial de 90 días, mientras se indaga cómo obtuvieron acceso a las credenciales de los médicos chilenos, quiénes se beneficiaron de las licencias falsas y si hay más implicados.
Según un informe reciente de la Contraloría Nacional, al menos 4.200 funcionarios públicos habrían hecho uso de estas licencias fraudulentas, lo que sugiere que el alcance del fraude podría ser aún mayor. Para las autoridades, lo destapado hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg.
Los acusados le han pedido ayuda al Gobierno Nacional colombiano. El vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, le habló a El Tiempo sobre el caso, y aseguró: “Nosotros no podemos usurpar la figura ni de la Fiscalía ni de la justicia chilena, como Cancillería nos limitamos a garantizar que a nuestros connacionales se les respeten los derechos procesales y las garantías y es lo que hemos hecho”.
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