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Ecuador está acudiendo a varios frentes para intentar frenar la sangrienta ola de violencia que desató el narcotráfico y que llegó a hechos inverosímiles en ese país como extorsionar gente poniéndoles cinturones bomba.
Y, por eso, el Gobierno de Guillermo Lasso reguló la autorización presidencial para el uso civil de armas, aunque aclaró que eso “no implica libertad absoluta” para su posesión. Incluso, destacó que trabaja en una norma que regule este porte.
“Los ciudadanos podrán tener acceso a un arma de fuego tipo pistola o revólver, para su protección, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado con el que intentó explicar la ley vigente.
Luego de que el presidente Lasso anunciara que se modificó un decreto para autorizar “la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal” de acuerdo a ley, organizaciones sociales y universidades públicas y privadas criticaron la decisión.
“Esta medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos”, anotó en una carta la Universidad Central del Ecuador (UCE), con sede en Quito y la mayor a nivel estatal.
La UCE advirtió que la venta de armas a civiles “podría instaurar un peligroso conflicto de intereses”. La principal organización opositora, la indígena Conaie, tildó de “irresponsable” la medida de Lasso, quien en enero ordenó la reducción de impuestos de 300% a 30% para la importación de armas y municiones en medio de su lucha contra el narcotráfico y los altos niveles de inseguridad.
Por eso, ahora el gobierno trabaja en la normativa que regulará el porte de armas en Ecuador, donde el narcotráfico se disputa las rutas de transporte de drogas ilegales e hizo de Guayaquil su búnker de operaciones.
Los ciudadanos mayores de 25 años que requieran un arma para “defensa personal” deberán cumplir requisitos como no haber sido sentenciados por delitos y no registrar antecedentes de violencia de género, según el Ministerio de Defensa. Además, deberán pasar por controles sicológicos y toxicológicos.
El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que Lasso autorizó el porte en las calles de armas obtenidas legalmente, que estaba prohibido hasta antes de que los carteles comenzaran el desangre.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha visto crecer a la par las muertes violentas y las confiscaciones de droga.
En ese país, la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según las mismas autoridades locales.
A todo esto se le debe sumar que en los últimos meses se han desatado ataques con carros bomba, se han provocado revueltas en las cárceles y se han atacado a varios medios con explosivos.
Y, por si fuera poco, el propio Lasso enfrenta un juicio político por un caso de presunta corrupción que toca a su círculo más íntimo y podría sacarlo del cargo de aquí a mitad de año. Por eso, en Ecuador se habla de una crisis histórica que no tiene aún una salida.