La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó este jueves la supresión de la “neutralidad en la red”, la norma impulsada en 2014 por el entonces presidente Barack Obama, que protegía internet como un servicio público.
La Comisión, con mayoría republicana, aprobó por tres votos a favor y dos en contra -los demócratas- acabar con el principio de “neutralidad de la red” abanderado por Obama y ratificado en una norma por la FCC en 2015.
Esta regulación impedía que las compañías proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar a su antojo cualquier portal de la red, sin importar el tipo de contenido del que se trate.
De esta forma, cuando se haga efectiva la nueva norma, las proveedoras del servicio tendrán libertad para bloquear o reducir la velocidad de carga de las webs, con la única supeditación de que lo hagan público como parte de la exigencia de transparencia que sí mantiene la nueva regla.
Las compañías podrán elegir si bloquear o dar prioridades a unas páginas sobre otras, como medios de comunicación o portales de emisión de vídeos, lo que revolucionaría los modelos de negocio del sector y pondría en jaque el libre acceso a la red en igualdad de condiciones para consumidores y plataformas menores, algo en lo que incidieron las comisionadas demócratas.
En una sesión de voto convocada para “restaurar la libertad de internet”, la Comisión dirigida por Ajit Pai desmanteló la regulación de 2015.
Entre los argumentos esbozados, el director habló sobre la necesidad de acabar con una norma “de mano dura ante daños hipotéticos” que hacía que se frenara la inversión en infraestructuras por parte de las proveedoras de internet.
“No vamos a matar internet”, subrayó Pai, al rechazar que la nueva regla vaya a tener efectos negativos.
Entre los aspectos aprobados, destacó el cambio de clasificación del servicio de internet, que pasa de ser considerado “telecomunicaciones” a “información”, su etiqueta previa a 2015.
Con este movimiento, la FCC reduce sus competencias en la materia y, por tanto, su capacidad de regulación sobre la industria.
La clasificación de “información” había sido, precisamente, la causa por la que un tribunal de apelación tumbó en 2014 el primer intento de garantizar la “neutralidad de la red” -aprobado en 2010-, que fue recurrido por el gigante de las telecomunicaciones Verizon al argumentar que la Comisión excedía su ámbito de actuación.
Tras la decisión de este jueves, la FCC y la Comisión Federal de Comercio (FTC) se repartirán las políticas relativas a internet y a la salvaguarda de los derechos de empresas y consumidores.
La votación tuvo que ser suspendida por “motivos de seguridad” cuando Pai justificaba la decisión, aunque luego se reanudó, y transcurrió con protestas contra la aprobación de la norma en el exterior de la sede de la FCC en Washington, en la que se vieron carteles que rezaban “No conviertan internet en una autopista privada”.
“Gracias a Dios, la FCC no tiene la última palabra”, afirmó la comisionada demócrata Mignon Clyburn, dejando entrever la presentación de un recurso ante un tribunal de apelaciones.
Se trata de una opción que luego confirmó su colega Jessica Rosenworcel, al señalar que irán “adonde tengan que ir para defender la neutralidad de la red”.
La FCC encaró este proceso entre múltiples quejas por parte de asociaciones de consumidores, del Partido Demócrata y hasta algunas voces republicanas, que pedían al menos que se pospusiera la decisión y que la regulación de internet debía ser implementada desde una ley aprobada en el Congreso.
El reclamo de retrasar el voto, que también fue entonado el pasado miércoles por 19 fiscales generales estatales del país, se debía al masivo registro de comentarios en la propuesta de la Comisión, 22 millones de los que al menos dos millones fueron realizados desde perfiles suplantados, según informó el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, en base a una investigación de su oficina.
Con Pai, elegido como director por el presidente de EE.UU., Donald Trump, la FCC ya optó por rebajar los límites en la concentración de medios de comunicación a nivel local, algo muy criticado por la oposición demócrata.
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