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Como en dos dimensiones de una sola realidad, mientras agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela interceptaban en Caracas a Juan Guaidó y al líder opositor Freddy Guevara, el pasado 12 de julio, Nicolás Maduro ofrecía el diálogo como única vía de entendimiento. La crisis política venezolana discurre ya en un cliché conocido, ese que condiciona cada paso hacia adelante con el retroceso de uno o dos más.
Nada parece comprobar mejor lo que se antoja como un juego a dos bandas que los últimos movimientos del gobierno chavista. El más importante, el del pasado mayo cuando la Asamblea Nacional, en poder oficialista, renovó la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad responsable de supervisar las elecciones en el país, incluyendo a dos representantes (de cinco) con historia y vínculos en la oposición: Enrique Márquez y Roberto Picón.
Aunque ya entonces el gesto fue rechazado por la oposición liderada por Guaidó, que considera que la Asamblea no es un órgano válido y sigue señalando al CNE como una institución “tutelada” por Maduro, la instancia electoral dio un paso más a finales de junio pasado, habilitando por unanimidad la participación en las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre a más de 20 organizaciones políticas, entre ellas, a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), otrora grupo que reunió a partidos de oposición y logró ganar las elecciones parlamentarias de 2015. Tres años después, en 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la excluyó de cualquier proceso electoral, lo que provocó su separación y ruptura casi total.
Ya de regreso a la escena política, la MUD podrá participar de unas elecciones en las que el régimen de Maduro se juega su legitimidad internacional. La Unión Europea y Estados Unidos han movido sus fichas, dejando entreabierta la puerta del fin de las sanciones que pesan sobre el Gobierno.
En una declaración conjunta del pasado 25 de junio, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell; el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, hicieron pública su disposición a “revisar las sanciones” si se produce “un avance significativo en una negociación global” que permita elecciones libres. Hasta aquí, pareciera que el camino hacia una solución pacífica del conflicto está allanado. Nada más lejano e incierto que eso.
¿Hacia unas elecciones?
En un tire y afloje, y mientras las aparentes buenas noticias llenaban páginas en la prensa, el aparato estatal que controla Maduro imputó por “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio” a activistas críticos de la acción militar que llevó a cabo el gobierno chavista en la frontera de Venezuela con Colombia a inicios de año y que provocó el desplazamiento de poco más de 5.000 personas a Arauquita.
Las conspiraciones para asesinarlo, además, regresan de vez en vez como a inicios de julio, cuando acusó a la CIA y al Ejército de EE. UU. de planear su muerte. En medio de todo ello, la esperanza parece matizarse mucho. “Los gestos de Maduro son pocos y limitados”, señala Carlos Romero, politólogo y docente universitario desde Caracas, “no es posible decir que en este momento hay condiciones claras y definitivas para unas elecciones libres en Venezuela”.
Las cesiones oficialistas parecen planeadas con la intención de producir el impacto menos grave en el Gobierno. “Medidas como permitir la tarjeta electoral de la MUD pueden representar un desescalamiento, al ampliar la participación en unas elecciones en las que realmente Maduro no perdería mucho a nivel local y sí puede ganar mucho limpiando su imagen internacional”, señala Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “Estas decisiones pueden permitir la reconstitución de las fuerzas de la oposición, algo que podría llegar a ser muy importante a mediano plazo”.
Dicho efecto, sin embargo, no parece tampoco fácil de producirse en medio de las divisiones que fracturan a la oposición y que Maduro impulsa gustosamente. “Cuando el régimen coloca en el escenario la tarjeta de la MUD, está tratando de mantener a la oposición dividida”, explica Américo de Grazia, aspirante a la Gobernación del estado Bolívar. Participar o no en las elecciones regionales divide de nuevo a los opositores.
Pocas horas después de que el CNE habilitara a la MUD, Guaidó se pronunció señalando que “las elecciones regionales no son la solución a la crisis. Eso es un falso dilema, estamos luchando por condiciones. Entendemos que las elecciones regionales no son una solución a nuestro conflicto, necesitamos las elecciones presidenciales”. El líder del llamado “gobierno interino” propone un plan de “salvación nacional” que establece como condición un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación internacional.
“Si tuviésemos alguna disposición en corregir el entuerto que hemos inducido dejándonos guiar por las iniciativas del propio régimen, lo que nos saldría es olvidarnos de nuestras tarjetas electorales y producir un centro de dirección nacional para hacer cara a un proceso electoral, unificando los criterios y propósitos para ir con un solo objetivo”, señala De Grazia, representante de un sector opositor que quiere participar de los comicios, “pero el régimen sabe la naturaleza que compone a la oposición. El mal no está solo en el régimen, también está sembrado en la oposición”.
Mientras el oficialismo parece ganar tiempo, la comunidad internacional se cuestiona sobre si avanzar o no en su apoyo al diálogo y la oposición se consume en discusiones internas, los venezolanos siguen sobreviviendo a la mayor crisis humanitaria que ha vivido el país. A los problemas políticos conocidos, se agrega el hambre, que el Programa Mundial de Alimentos calcula que sufre una de cada tres personas, y la pandemia, que tiene prácticamente colapsado el sistema sanitario nacional.