El presidente de Bolivia, Evo Morales, en el cargo desde 2006, se encamina a permanecer en el poder al menos hasta 2025. Una decisión de este martes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su país le abrió el camino para aspirar a su cuarto mandato consecutivo.
El fallo contradice el resultado del referendo de 2016, convocado por Morales, en el que el 51 % de la población boliviana rechazó la reelección indefinida. Según el TSE, pese a esto el mandatario está habilitado para las primarias el próximo 27 de enero, previas a las elecciones de octubre.
“Es un golpe contra la constitución”, afirma Rafael Archondo, analista político boliviano. “Esto va a tener consecuencias en todo el proceso electoral, va a radicalizar a la población”.
Archondo agrega que en los últimos meses el gobierno de Evo Morales ha adelantado una estrategia de cooptación del TSE, el cual entró en contradicción, pues en 2016 había reconocido el resultado del referendo. A su juicio, con este fallo, Bolivia habría dado el paso definitivo hacia la ilegitimidad de las elecciones.
De hito a costumbre
Cuando llegó a la presidencia en 2006, Evo Morales tenía la autoridad moral de ser el primer mandatario indígena de Bolivia, un país con una mayoría de esta población y con antecedentes de discriminación.
Pero, tras 12 años de gobierno, y luego de modificar, varias veces, la institucionalidad para seguir en el poder, el carácter democrático de su gobierno está en entredicho.
Mientras otros mandatarios latinoamericanos que cambiaron sus constituciones para encadenar mandatos como Rafael Correa en Ecuador y Álvaro Uribe en Colombia, debieron delegar sus políticas en sucesores –a veces infieles–, Morales permanece incólume.
Para Enrique Serrano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, se trata de un proceder que “rompe de manera abierta la alternancia política y le otorga al mandatario la capacidad de manipular fácilmente la institucionalidad”.
Esto se evidenció en 2017, cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia, argumentando su decisión en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, permitió la reelección indefinida por petición del gobierno.
Esta semana, precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa si el referendo de 2016 violó los derechos políticos de Morales. Para los analistas consultados, quedan pendientes los derechos de los electores que votaron “no” al referendo reeleccionista
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