Maduro negocia el fin de 542 bloqueos acercándose a la oposición

El régimen de Venezuela va con sus contradictores a elección. Busca que EE. UU. y Europa le levaten las sanciones económicas. Necesita oxígeno.

Pese a los avances en las últimas horas Nicolás Maduro acusó a EE. UU. de querer “reventar el diálogo” con la oposición. FOTO getty

Cuando el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición comenzaron negociaciones el 1 de septiembre, la reacción, dentro y fuera del país, fue el escepticismo. Tres intentos de diálogo ya habían fracasado entre 2016 y 2018. Dichas previsiones, al menos hasta ahora, han fallado. Cinco días después de haberse encontrado en México, ambos enemigos lograron sus primeros acuerdos.

Y no de cualquier tipo. El “Acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” puede significar el inicio del fin de las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno de Maduro. Jorge Rodríguez, representante del chavismo, dijo que “es la necesidad de que Venezuela recupere los activos y el dinero que se encuentra en cuentas en el extranjero”.

“Son recursos que han sido ilegalmente sustraídos a través de la figura de over compliance, de sobrecumplimiento, que desde el punto de vista del Gobierno son ilegales, mal llamadas sanciones”, argumentó Rodríguez.

“Las sanciones son parte de un abanico de herramientas para resolver un conflicto o para obligar al receptor a cambiar un comportamiento”, explica Alejandro Rayran, docente de la U. Externado.

En la compleja relación de los países son un punto medio entre no hacer nada o librar la guerra. Las hay de toda índole: sanciones económicas, culturales, diplomáticas, individuales, que afectan a una persona, generales, o que abarcan sectores completos. Importante es el destinatario de las sanciones como quien las ordena.

Lo puede hacer la comunidad internacional en pleno, representada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde 1966 ha establecido 30 regímenes de sanciones a países como Sudáfrica, Irak, Angola, Rwanda o El Congo. Mantiene actualmente sanciones sobre 14 naciones, “dirigidas a prestar apoyo a la solución política de conflictos, la no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo”. Algunas de ellas afectan a Sudán, Libia, Yemen o Irak. Venezuela no está en dicha lista.

Sobre el país recae un tipo de sanción unilateral. Hasta diciembre de 2020, la “comunidad internacional” había impuesto 542 sanciones al gobierno de Maduro, según el informe Aproximación al Régimen de Sanciones Internacionales y al caso de Venezuela, de Nizar El Fakih, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. EE.UU., Canadá, la Unión Europea y Suiza, los países que más las decretaron.

“La legitimidad de las sanciones unilaterales es poca”, dice Rayran, “el mensaje que envían es: quien tenga el poder puede imponerlas”.

¿Funcionan?

“No son eficientes. Al contrario, atornillan a las elites en el poder”, señala Alejandro Cardozo, PhD en Historia y Politólogo, docente de la U. Sergio Arboleda: “Los regímenes quedan más fuertes. Las sanciones los aíslan todavía más, lo cual les da libertad interna para oprimir”.

Cardozo es venezolano y conoce de cerca la situación de su país. “Venezuela sigue siendo un embudo”, critica: “Las sanciones se siguen aplicando porque no hay mucho más que hacer. El derecho internacional es limitado”.

El balance podría repetirse con un gran número de casos. La República Islámica de Irán y su programa nuclear, por ejemplo, siguen siendo uno de los mayores riesgos para el mundo, pese a las sanciones que pesan sobre su gobierno desde los 70. La conclusión parece tan clara como lo son, aparentemente, las motivaciones que impulsan cada régimen de sanciones. Pero, ¿y si esas motivaciones no son tan evidentes como se suele creer?

“Aunque a menudo se asume que las metas relacionadas con los destinatarios son fácilmente identificables, rara vez es así”, escriben Lee Jones y Clara Portela, politólogos de la U. de Londres y U. de Valencia, respectivamente, en La evaluación del éxito de las sanciones internacionales: una nueva agenda investigadora. Y añaden: “(...) Las metas de los emisores relacionadas con los destinatarios a menudo difieren de las que manifiestan públicamente”.

Los investigadores ejemplifican su posición con el régimen de sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de la ONU a Irak en 1990, para retirarse de Kuwait y, posteriormente, eliminar sus armas de destrucción masiva: “Aunque la meta oficial del régimen sancionador fuera el desarme de Irak, el fin que perseguían Londres y Washington era cambiar de régimen”.

En otros casos las metas pueden ser menos ambiciosas de lo que aparentan. “Pueden exigir formalmente el cambio de régimen, pero en realidad es posible que solo busquen infligir costos suficientes para incentivar negociaciones y algunas concesiones”, señalan Portela y Jones.

Incluso, la motivación puede ser sólo interna. “Para algunos, la severidad de los regímenes sancionadores depende de la interacción de los intereses domésticos en el Estado emisor”. Y precisan que “abundante evidencia sugiere que los regímenes sancionadores se imponen en respuesta a campañas de poderosos lobbies o grupos domésticos de presión”. También suelen ser respuestas a coyunturas.

La Helms-Burton, una de las leyes de EE.UU. que contiene sanciones más duras para el régimen de los Castro, en Cuba, se aprobó después del derribo por la isla de dos avionetas civiles. Definir el éxito o fracaso de las sanciones es una tarea que no pasa, entonces, solo por lo que está en la superficie.

Como en cualquier ámbito de la diplomacia, la mirada completa puede incluir zonas oscuras, grises matizados y silencios. La ausencia de una vara que mida esta estrategia hace más complejo ponerle un fin. Pero hoy en Venezuela, las pistas parecen apuntar hacia allí

regímenes de sanciones tiene activos hoy el Consejo de Seguridad de la ONU.