El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una amplia campaña orientada a desmantelar lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la soberanía estadounidense. La iniciativa fue presentada en voz del secretario de Estado, Marco Rubio.
Según el comunicado oficial, la campaña contempla “una respuesta de todo el Gobierno para deshabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI de operar, señalar a militares o funcionarios estadounidenses, o de amenazar de cualquier otra forma la soberanía de Estados Unidos”.
El documento sostiene que la Corte Penal Internacional “representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos”, ya que, según Washington, se atribuye la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en representación de los intereses nacionales del país.
Es por ello que el Departamento de Estado afirmó que “los estadounidenses nunca se suscribieron a esto” y que todos los presidentes de ese país desde la ratificación de la CPI han sostenido que el tribunal no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Además, el comunicado también recuerda que la CPI abrió previamente una investigación contra militares y agentes de inteligencia estadounidenses, y sostiene que el tribunal “se ha negado desde entonces a cerrar estos casos”.
La acusación de Estados Unidos
En la ofensiva de Washington se acusa también a la Corte de intentar convertirse en un “árbitro global sin rendición de cuentas”, que —según el comunicado de prensa— se posiciona “por encima y más allá del Estado-nación como un brazo de aplicación supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo”.
El Departamento de Estado advirtió que “ninguna opción diplomática quedará fuera de los límites” en esta campaña.
¿Qué buscan?
Entre las acciones que Estados Unidos tiene bajo consideración en esta “campaña”, se encuentran llamadas diplomáticas del secretario de Estado, el subsecretario, embajadores y otros miembros de la alta dirección a naciones extranjeras, para exponer lo que califican como abusos de la CPI y los riesgos que representa para estadounidenses y otros países, instándolos a retirarse del tribunal.
A esto se suma un llamado a los países que colaboran con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas estadounidenses, o que se benefician del paraguas de seguridad de Estados Unidos, para que rechacen la autoridad que la CPI dice tener para procesar a funcionarios y militares estadounidenses, así como un mayor escrutinio a las naciones que se nieguen a hacerlo mientras dependen de la asistencia estadounidense.
Justamente, el plan contempla además gestiones diplomáticas para que otros países que, como Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de Roma, usen sus propias redes diplomáticas para sumarse a acciones similares.
Finalmente, entre las medidas figuran la revocación de visas y prohibiciones de viaje para el personal de la CPI, así como el aumento de sanciones contra la Corte y las organizaciones afiliadas a ella.
El anuncio se suma a una serie de tensiones previas entre Washington y la Corte Penal Internacional, tribunal del que Estados Unidos no hace parte al no haber ratificado el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué Estados Unidos y Marco Rubio lanzaron una campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI)?
- El Gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció una ofensiva global contra la Corte Penal Internacional (CPI) al considerar que el tribunal representa una amenaza a la soberanía nacional. Washington señala que la CPI pretende juzgar o investigar a militares y funcionarios estadounidenses sin tener jurisdicción sobre ellos, dado que EE. UU. no ratificó el Estatuto de Roma.
- ¿Qué medidas tomará Estados Unidos contra los funcionarios y países miembros de la CPI?
- La estrategia de la Casa Blanca incluye gestiones diplomáticas para presionar a otros países a retirarse del Estatuto de Roma, condicionalidades o mayor escrutinio a la ayuda militar y económica concedida a aliados, la revocación de visas y prohibiciones de viaje para el personal del tribunal, así como el aumento de sanciones económicas contra la CPI y sus organizaciones vinculadas.
- ¿Estados Unidos forma parte de la Corte Penal Internacional o reconoce su jurisdicción?
- No. Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional ya que no ha ratificado el Estatuto de Roma (su tratado fundador). Históricamente, las administraciones estadounidenses sostienen que la CPI no tiene autoridad legal ni jurisdicción sobre ciudadanos o militares estadounidenses en misiones internacionales.
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