Un día después de la redada policial con más víctimas en la historia reciente de Brasil, las imágenes de decenas de cuerpos tendidos en las calles de Río de Janeiro reflejan la magnitud del operativo que conmociona al país. Según la Defensoría Pública, el número de muertos asciende a 132, mientras que el balance oficial aún se mantiene en 119, incluidos cuatro agentes policiales.
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La “Operación Contención” fue ejecutada por unos 2.500 efectivos de las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de debilitar al Comando Vermelho, el grupo criminal más poderoso y con mayor expansión territorial en la región. Las acciones se concentraron en los complejos de favelas Alemão y Penha, zonas densamente pobladas y consideradas bastiones del narcotráfico.
El gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, lideró la operación sin informar previamente al gobierno federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según confirmó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. “No hubo conocimiento ni coordinación con el Ejecutivo”, declaró, al tiempo que la Fiscalía solicitó detalles del procedimiento para determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a la ley.
Los vecinos de Penha y Alemão denunciaron ejecuciones extrajudiciales y señalaron que muchos cuerpos fueron abandonados en las calles. En imágenes divulgadas por medios locales se observan filas de cadáveres dispuestos cerca de una de las vías principales del complejo. “La última actualización es de 132 muertos”, informó por correo electrónico la Defensoría Pública, que brinda asistencia jurídica a la población más vulnerable.
Durante la redada se incautaron 91 fusiles y una gran cantidad de droga, aunque las autoridades no especificaron el tipo ni la cantidad. También hubo 113 detenidos, entre ellos 10 adolescentes. Uno de los capturados sería Thiago “Belao” do Nascimento Mendes, señalado como hombre de confianza de “Doca” Alves de Andrade, presunto jefe regional del Comando Vermelho, quien logró escapar.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos exigieron esclarecer los hechos. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación inmediata sobre el operativo y sus víctimas.
Expertos locales sostienen que este tipo de acciones no logran frenar la violencia estructural en Río. “Las autoridades insisten desde hace décadas en operaciones espectaculares que son incapaces de detener la expansión de los grupos criminales”, advirtió la socióloga Carolina Grillo, coordinadora del Grupo de Estudios de las Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense.
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La masacre de Río ya supera a la tragedia de Carandiru (1992), cuando 111 presos fueron ejecutados por la policía en São Paulo. Lejos de los objetivos oficiales de “contención”, la operación de 2025 deja un saldo de dolor y preguntas sobre el costo humano de la seguridad en Brasil.
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