La Asamblea Nacional de Venezuela comenzó los trámites para remover a siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que firmaron las sentencias la semana pasada para transferirse los poderes de ese Parlamento, aunque dicha decisión fue posteriormente revertida.
Para lograrlo, la Asamblea deberá conseguir el apoyo de al menos dos de los tres miembros del Poder Ciudadano (integrado por la fiscal, el contralor y el defensor del Pueblo de Venezuela).
De acuerdo con Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, en lo formal, la intención del Congreso es posible. No obstante, advierte, hay que entender que la mayoría de leyes aprobadas por la Asamblea han sido rechazadas por el Tribunal Supremo, lo que ha conducido a una “guerra de poderes sumamente desgastante”.
Romero recuerda que desde que esta Asamblea, de mayoría opositora, asumió en enero de 2016, ha reclamado que la elección de esos magistrados, llevada a cabo extemporáneamente en diciembre de 2015, le correspondía a los legisladores y no al Ejecutivo.
Y mientras esta batalla se libra en la Asamblea, en las calles no cesan las protestas y las reacciones de las fuerzas policiales. En siete puntos de Caracas, ciudadanos y miembros de la oposición marcharon, con intenciones de llegar a la sede de la Defensoría, para encontrar apoyo a la petición para cambiar magistrados.
Sin embargo, a las consignas de “elecciones ya” y “los jueces del TSJ son de cartón”, se interpusieron los grupos antimotines, que frenaron el intento “con gases lacrimógenos, tanquetas y camiones hidrantes”, según denunció el diputado Andrés Mejía.
