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CPI confirmó que crímenes de lesa humanidad en Venezuela deben investigarse
El tribunal internacional manifestó en un informe que el oficialismo no ha tomado acciones para investigar los excesos de sus fuerzas armadas.
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El informe de la CPI indica que las fuerza pública venezolana habría cometido crímenes como tortura y secuestro. FOTO: EFE.
12 de agosto de 2021
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La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados.
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”, se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta junio pasado, dejó a su sucesor, Karim Khan.
Así mismo, detalló en esas líneas que los hechos irregulares incluirían encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
El informe, con fecha del 15 de junio, se mencionan delitos cometidos por las fuerzas del oficialismo –en cabeza de Nicolás Maduro– y entre ellos cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Los responsables de esas vulneraciones, según la CPI, son la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (Conas), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, se agrega en el informe.
Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del oficialismo para perseguir las denuncias de violaciones.
“Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.
Fatou Bensouda dijo el pasado 8 de junio a la agencia Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del vecino país, que se quejó de trato “discriminatorio” y “desigual”.
Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. El caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio.
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