Son 2.219 kilómetros los que dividen a Colombia de Venezuela, siendo esta la frontera más grande que tienen ambos países. Alejados por la selva del Amazonas, las carreteras de Norte de Santander y el territorio arenoso de La Guajira, estos sectores se convirtieron en el hogar temporal de aquellos que atraviesan esa línea imaginaria que nos divide para buscar en Colombia una alternativa de vida o el camino hacia otro país de la región.
El miedo es protagonista. Hay quienes rumoran que habrá un nuevo cierre peatonal de la frontera en el Puente Internacional Simón Bolívar, versión que no ha sido confirmada por ningún gobierno. Pero este no es el único motivo de preocupación: el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que desplegaría tropas en la frontera. Incluso, en las últimas semanas, el gobierno colombiano ha denunciado dos incursiones militares de ese país, en Paraguachón (La Guajira) y en Vichada.
Tras las declaraciones del secretario general de Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien habló de considerar todas las opciones para la crisis de Venezuela, el pasado 12 de septiembre once de los 14 gobiernos que integran el Grupo de Lima “manifestaron su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar”. Pero, entre esos once países firmantes no estaba Colombia. Al respecto, el canciller Carlos Holmes Trujillo, explicó que la falta de respaldo de nuestro país no significaba que se quisieran abandonar los canales diplomáticos.
Desde la frontera
Con el saludo: “Chávez vive, los traidores no volverán”, las tropas de despliegue rápido, pertenecientes al ejército venezolano, descendieron de aeronaves militares en el aeropuerto de La Fría, a 30 kilómetros de la frontera, territorio en el que, según informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Ceofanb), Almirante en Jefe Remigio Ceballos, están desplegadas las tropas: “Estamos en todo el eje fronterizo. Desde el norte del estado Zulia, pasando por el Táchira y los estados Apure y Amazonas. Ejecutamos una operación estratégica defensiva y combativa”. Según las autoridades venezolanas, la Operación Estratégica Combinada Integral, tendría como fin combatir los delitos en frontera y se mantendrá activa.
Pero en los municipios fronterizos de García de Hevia (La Fría) y Ayacucho (Colón), Bolívar (San Antonio) y Pedro María Ureña, adyacentes a Colombia, no se ha percibido mayor presencia militar. EL COLOMBIANO pudo constatar que el paso al departamento Norte de Santander, desde Táchira, a través de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, es fluido, normal y de acuerdo a los controles migratorios.
Pobladores y transeúntes de los municipios fronterizos coinciden en que en la zona no se ha evidenciado mayor despliegue del ya acostumbrado. “Yo no he visto la militarización. Lo que se ve son los mismos guardias nacionales de siempre, pero no sé si el contingente militar del que hablan está escondido en las trochas”, dijo Sergio Barrientos, quien habita en la avenida Venezuela, a pocos metros de la aduana principal de San Antonio. Además, hay confianza entre los pobladores respecto a una incursión de tropas. “Si se llegará a dar esa intervención será solo para sacar a Maduro y a su equipo directo de Miraflores”, sentenció Rafael Ortega, venezolano en el corregimiento de La Parada que sale del país con destino a Perú.
El parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franklyn Duarte, calificó de “psicología barata” y “un show más del régimen” las acciones militares en la frontera. Duarte duda de la estrategia militar y de la capacidad combativa de los militares venezolanos: “Los oficiales de la Fuerza Armada Venezolana están quedando en ridículo. Olvidan que ambos países están muy preparados y tienen experiencias en conflictos bélicos”, añadió el diputado.
Las hipótesis del conflicto
Pero, ¿qué consecuencias tendría un eventual enfrentamiento militar? Según expertos en seguridad nacional, el que saldría peor librado sería Colombia. Y es que las décadas de conflicto interno han llevado a que las Fuerzas Armadas del país se enfocaran en la seguridad interna, dejando en segundo plano la fronteriza, lo cual es posible al ser América Latina el territorio del mundo con menos guerras convencionales de los últimos 100 años.
John Marulanda, quien ha trabajado como consultor de seguridad tanto en Colombia como Venezuela, asegura que, en un escenario bélico, el primer factor determinante sería el potencial aéreo. En este sentido, “Venezuela tiene entre su flota 24 de los aviones más modernos del mundo, los Sukhoi o Su-30Mk2, capaces de adentrarse muy profundo en territorio colombiano y causar un daño significativo”.
Por su parte, Colombia cuenta con un escuadrón de aviones Kfir, compuesto por unas 24 aeronaves. Según explica el también experto en seguridad Douglas Hernández “estos, además de ser inferiores tecnológicamente, tienen más de 30 años de uso. Ya están cumpliendo su vida útil”.
El resto de la repartición de fuerzas aéreas se compone, por el lado de Venezuela, de 24 aviones K-8W de origen chino, 12 AT-27 Tucano para ataques a distancias más cortas, entre otros equipos. Mientras, Colombia tiene entre su haber 23 Súpertucano y 14 Tucano. Según las estimaciones de Hernández, a partir de datos recopilados de revistas especializadas como Jane’s defese, Venezuela estaría mejor preparada.
Esta inferioridad militar, sumada las fuertes declaraciones sobre la crisis venezolana en los últimos días (ver cronología), han reactivado el debate en torno a la inversión en equipamiento militar, en medio de los debates en el Congreso del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2019. Senadores como Ciro Ramírez, del Centro Democrático, y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, han manifestado la necesidad de adquirir equipos de protección antiaérea, que sirvan como elemento disuasivo de una posible agresión. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, propuso destinar 1,1 billones de pesos para ese fin.
No obstante, por el momento esta petición no se ha reflejado en el texto del proyecto, el cual plantea 33,5 billones de pesos para el área de defensa y Policía. La mayoría de este presupuesto (32,1 billones) es para el funcionamiento; es decir, gastos como el pago de sueldos y pensiones de los militares. En cuanto a inversión, el presupuesto es de 1,3 billones. Un monto “muy pequeño”, según Rodrigo Lara, quien afirma que desde hace varios años viene recogiendo la inquietud de las Fuerzas Militares sobre la precaria capacidad de Colombia de defenderse.
Ciro Ramírez, del Centro Democrático, señala que no corresponde a los congresistas, sino al presidente y al ministro de Defensa, decidir en qué se invertirá el presupuesto de defensa. Pero, a su juicio, sí es necesario un sistema de misiles antiaéreos para disuadir a un eventual enemigo de atacar el país.
En cualquier caso, por más inversión que haga Colombia en términos militares, la conclusión de los expertos es que a ninguno de los países les convendría pasar de la retórica al territorio bélico. Sin embargo, señala Marulanda, “tanto Colombia como Venezuela dependen de intereses más grandes que los propios”. China y Rusia, por un lado, y Estados Unidos, por el otro, estarían en capacidad de provocar un conflicto en la región “si lo ven conveniente, lo que sería un desastre”, concluye.
Una solución pacífica
“No estamos hablando de una intervención limpia que pueda ser resuelta en un par de semanas, sino que se puede prolongar en el tiempo y que incluso, dentro de las tácticas de defensa del gobierno venezolano, está diseñada para ser extensa en el tiempo”, explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para él, la población civil venezolana y el estado colombiano serían los más afectados ante este escenario. Por esto, asegura que nuestro país no debe dar lugar a una intervención militar, sino que se debe preocupar en un liderazgo del tema migratorio, punto que puede convertirlo en un líder regional.
De hecho, preocupa que desde 2002, cuando hubo un intento de golpe de estado a Hugo Chávez, Venezuela se comenzó a preparar para una eventual invasión. Rodríguez comenta que “ si bien puede que no esté en pleno uso y que muchas de las personas que podrían llegar a manejarlo se han ido del país en el marco de la migración, también es cierto que es armamento de alta complejidad y podría generar impactos fuertes a la hora de una confrontación”.
En el mundo hay casos como el de Libia, en el que una intervención militar permitió quitar del poder a Muamar el Gadafi, pero el país entró en una fase sin control, lo que demuestra que una operación castrense no es la salida.
Para los defensores de derechos humanos, esta no es una opción. La venezolana Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que “todavía queda mucho espacio en Venezuela para la solución de la situación por las vías diplomáticas y pacíficas”. Afirma que la comunidad internacional debe jugar un papel preventivo, los países deben ser respetuosos de los derechos humanos y que “sería peligroso que Colombia aplaudiera iniciativas intervencionistas”.
Bolívar es enfática en cuanto a que las soluciones no deben ser unilaterales, es decir, los venezolanos también deben hacer parte de ese diálogo: “Nuestra apuesta tiene que estar a favor de la democracia, la resolución pacífica de los conflictos, con el menor costo posible de vidas”.
Y es que son los civiles quienes pagarían las consecuencias de una guerra. Personas que ya son víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos, tal como lo señalaron seis países de la región en una carta presentada ante la Corte Penal Internacional en la que pidieron investigar crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, se podría entrar en una revictimización al pueblo. Con esto, ¿cuál es la salida? Mientras se exploran nuevas soluciones diplomáticas, los expertos señalan que lo militar no será la solución para acabar con el régimen.
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mil millones de pesos destina el proyecto de presupuesto de 2019 para inversión en defensa del territorio.
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