Un nuevo revés sufrió el proceso que se lleva en contra seis exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero por irregularidades en contratos interadministrativos entre Metroparques, Inder Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, puesto que la audiencia programada para este lunes, a las 8:30 de la mañana, fue aplazada nuevamente. Esta vez se debió a inconvenientes con el juez del caso.
Cuando inició el proceso judicial, no estuvo presente el Juez 23 Penal del Circuito de Medellín sino que llegó su asistente, quien explicó que la ausencia se debió a que el juez fue elegido como clavero para las próximas elecciones para el Congreso de la República, programadas para el domingo 8 de marzo.
Según señaló la asistente, el funcionario fue citado el pasado sábado para asistir a un simulacro, programado para este lunes, por lo que no pudo estar presente en la audiencia. Por esta razón y después de debatir y buscar fechas en el calendario, se eligió que la acusación de la Fiscalía quedó programada para el 3 de junio, a la 1:30 de la tarde.
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Por su parte, los argumentos de la defensa y demás partes implicadas se hará el próximo 10 de junio, a las 8:30 de la mañana, luego de un consenso entre la defensa, los demandantes, la Fiscalía y la misma rama judicial.
En este proceso son investigados el exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área, Álvaro Alonso Villada García; la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; la también exgerente María Eugenia Domínguez Castañeda; la exjefe de Compras, Viviana del Valle Velásquez; y el exsecretario general, Carlos Augusto Jaramillo Villareal.
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Todos ellos deben responder por su presunta participación en contratos interadministrativos que buscarían favorecer a terceros, en detrimento de algunos oferentes. Esto se habría hecho, según las denuncias, de manera sistemática.
La Procuraduría señaló dentro de este proceso que “supuestamente se configuró una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de Metroparques por la suscripción de los bilaterales que tenía a su cargo”.
La investigación tiene que ver con el contrato interadministrativo 6700013390 de 2020, por valor de $21.826 millones, cuyo objeto era gerenciar, coordinar y ejecutar dichos recursos “para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas conforme a los lineamientos de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa planeación local y presupuesto participativo del Inder”.
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