Las autoridades capturaron y judicializaron a los dos dragones del Inpec presuntamente involucrados en los abusos sexuales a una mujer interna en la cárcel El Pedregal de Medellín , un hecho que está en investigación hace meses y que ha generado total indignación.
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Este fin de semana se conoció que los presuntos responsables de los delitos sexuales son los dragonantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, quienes fueron capturados en operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en La Dorada, departamento de Caldas, y Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño.
La historia es aberrante. De acuerdo con los relatos de la víctima, sustentados además en pruebas que la Fiscalía ha logrado recolectar en la investigación, durante la madrugada del 29 de agosto de 2024, uno de los integrantes del Inpec ingresó a la celda No. 15 de la UTE (Unidad de Tratamiento Especial), donde ella se encontraba privada de la libertad. Allí, presuntamente, el hombre la intimidó, la maltrató física y verbalmente y luego la abusó sexualmente en medio de amenazas.
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Posteriormente, según los testimonios entregados por la víctima, el hecho se repetiría en la madrugada del 5 de septiembre de ese mismo año, pero esa vez de parte de un dragoneante distinto. La Fiscalía ha logrado establecer que, al parecer, ambos hombres amenazaron e intimidaron a la mujer para que no denunciara lo sucedido.
Durante las audiencias iniciales del caso, el fiscal indicó que, incluso, la víctima acudió a un funcionario de policía judicial de la cárcel para reportar que, al parecer, los dragones la estaban llamando al teléfono comunitario del centro carcelario, en el pabellón de gestantes, donde se encontraba en ese momento porque, producto de las agresiones sexuales, quedó embarazada.
La fiscal señaló que en esas llamadas la mujer habría reconocido las voces de los presuntos agresores al otro lado de la línea y que, al parecer, la insultaban y la presionaban para que no pusiera en conocimiento de las autoridades competentes todo lo que había ocurrido. Pero el caso es más grave aún: en las audiencias la fiscal reiteró que a la víctima le habrían suministrado alguna sustancia sin su consentimiento cuando se enteraron de que estaba en embarazo y que eso le habría causado una amenaza de aborto.
La Fiscalía, por medio de la Dirección Especializada contra la Corrupción, consideró el caso y dispuso de varias actividades de policía judicial que permitieron identificar y obtener elementos materiales probatorios contra los posibles agresores. Entre los más contundentes se encuentras pruebas de ADN que indican que Castaño Sánchez, dejó estado de embarazo a la víctima producto de la agresión sexual.
Tras ser capturados, la Fiscalía les imputó a ambos dragoneantes los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, pero ninguno de los dos aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso a Castaño Sánchez una medida de aseguramiento en centro carcelario; Mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación mientras avanza el proceso judicial.
Este es uno de los casos de violencias sexuales denunciados por internas de la cárcel Pedregal de Medellín ya los que la Procuraduría General de la Nación también les puso la lupa en enero de este año, para establecer las responsabilidades de los graves hechos.
Este año también fue enviada una comisión de la Procuraduría para hacer una visita de verificación de derechos en El Pedregal, porque también se denunciaron otras vulneraciones a los derechos de las internas. Dicha comisión encontró, por ejemplo, que algunas mujeres que han resultado heridas, afectadas con gases lacrimógenos o golpes, no han sido remitidas de forma oportuna a centros de salud externos, a pesar de la gravedad de sus lesiones. A esto se suman constantes denuncias por las malas condiciones de la comida y el acceso a la salud para las internas.
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