El Estado colombiano fue demandado por presuntamente actuar de manera negligente en el caso de una ciudadana estadounidense que fue encontrada muerta en Medellín hace más de seis años, al parecer en lo que sería un caso de feminicidio.
Argumentando que la vida de la ciudadana extranjera no fue protegida pese a denunciar ser víctima de maltrato y advirtiendo que el caso todavía no presenta ningún avance sustancial, una firma de abogados consideró que múltiples instituciones públicas han actuado con negligencia y deben ser sancionadas internacionalmente.
El asesinato en cuestión se trata del de una ciudadana identificada como Kelly Knight, quien en 2018 se casó con un guía turístico del que se enamoró durante un viaje a Medellín.
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La firma IHR Legal, que demandó al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese caso, sostuvo que el primer indicador de violencia habría ocurrido el 28 de febrero de 2019, cuando Knight tuvo que ser hospitalizada en la Clínica Las Américas de Medellín, presuntamente tras haber sido brutalmente agredida por quien fuera su esposo.
Estando allí hospitalizada, la ciudadana estadounidense presentó una denuncia ante las autoridades por violencia doméstica; sin embargo, la mujer no fue puesta bajo protección y volvió a vivir con su pareja.
Según los abogados, uno de los hechos más graves del maltrato hizo que la mujer, quien estaba embarazada de gemelos, tuviera un parto prematuro y perdiera a uno de sus hijos.
“Las agresiones físicas incluyeron un episodio que resultó en el parto prematuro y la posterior muerte de sus hijos gemelos— así como amenazas de muerte, control coercitivo sobre todos sus movimientos y sobre su acceso a recursos financieros”, señaló la firma.
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El momento más crítico del caso se sitúa en la noche del 18 de julio de 2019, fecha en la que Knight estaba hospedada con su esposo en un hotel del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.
Según se reconstruyó, los empleados del establecimiento reportaron haber escuchado a la mujer gritar y llamaron a la Policía en busca de ayuda, pero las autoridades nunca llegaron al sitio.
En medio de esa situación, según testimonio de una amiga, la mujer habría sido agredida nuevamente e incluso arrastrada por el pavimento de una calle.
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Fue al día siguiente, el 19 de julio de 2019, que la ciudadana estadounidense fue encontrada cubierta de sangre, con múltiples señales de maltrato y muerta en su apartamento en Medellín.
Además de las presuntas falencias de las diferentes instituciones del Estado para proteger a Kelly desde el momento en que denunció ser víctima de maltrato en un hospital, la firma de abogados argumentó que las investigaciones tras el asesinato estarían acumulando polvo.
Según sostuvieron, pese a que las autoridades abrieron una investigación preliminar por el delito de feminicidio, el caso nunca salió de dicha etapa y pasados ya más de seis años y medio no se ha realizado ninguna captura ni se han imputado cargos.
Por otra parte, los abogados también alegaron que se habrían cometido fallas en el manejo de la escena del crimen.
“Graves deficiencias en la actuación de las autoridades, incluida la inadecuada preservación de la escena del crimen, así como fallas en la recolección y custodia de pruebas materiales relevantes, podrían explicar esta situación de impunidad prolongada. Vale destacar que, debido a la versión del presunto agresor, las autoridades han gastado tiempo y recursos en probar una hipótesis de suicidio que no encaja con los hallazgos de la escena”, sostuvo la firma, añadiendo que en la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se documentaron lesiones que apuntarían más aun ataque que a un daño autoinfligido.
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“Pese a la gravedad de la situación, el Estado colombiano nunca ha sido condenado por casos de feminicidio en instancias internacionales. El caso de Kelly constituye una oportunidad para que tanto la CIDH como la Corte IDH se pronuncien sobre las fallas estructurales del Estado colombiano en la respuesta a la violencia contra la mujer y se ordenen garantías de no repetición en favor de otras mujeres”, agregó la firma de abogados.
Además de presentar una demanda formal el pasado 2 de marzo, en la que se busca una sanción contra el Estado colombiano y medidas de fondo para evitar que casos similares ocurran en el futuro, la firma de abogados señaló que el pasado 17 de abril también presentó una solicitud a la CIDH para que el caso sea priorizado.
Esta demanda en contra del Estado colombiano aparece en medio de un panorama en el que prevenir los asesinatos derivados de la violencia de género y judicializar a los responsables se ha vuelto una prioridad no solo en la ciudad, sino en el país.
Según alertó recientemente la Defensoría del Pueblo, tan solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, en el país se habían presentado 114 tentativas de feminicidio. Así mismo, se habían perpetrado 15 de estos casos.
La cifra fue alarmante para ese ente, dado que en apenas tres meses ya se habría llegado a la mitad de los mismos feminicidios ocurridos en 2025, cuando se registraron 30 de ellos.
De acuerdo con esas cifras, las zonas más afectadas por la violencia de género fueron Caquetá con una tasa de 7,85, seguida por Amazonas con 4,84 y Casanare con 4,22.
Medellín, sin embargo, tampoco se queda atrás. De los 87 homicidios que se han presentado este año, siete han sido contra mujeres y en seis de esos casos la hipótesis principal apuntaría a un feminicidio. El dato representa un caso menos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban siete feminicidios.
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