La de este viernes no fue una jornada fácil para el exalcalde Daniel Quintero. En un mismo día le ratificaron la inhabilidad por seis meses por participación en política, a la vez que la Procuraduría anunció un llamamiento a juicio por sus actuaciones en el caso de Aguas Vivas y falló el intento de conciliación con el actual alcalde, Federico Gutiérrez, quien lo tiene denunciado por injuria y calumnia. Como si fuera poco, en la tarde fue el inicio de la etapa de juicio en un proceso penal que lo podría llevar a la cárcel por hechos también relacionados con el escándalo de Aguas Vivas.
Dos golpes de Procuraduría
Muy temprano, la Procuraduría anunció un fallo en segunda instancia a través del cual confirmó la decisión que ya había tomado en julio de 2024, de sancionarlo debido a las publicaciones que hizo en redes durante la campaña política de 2022, cuando, siendo alcalde de Medellín, apareció en un video manejando un carro y pronunciando la frase “el cambio, en primera”, en alegoría a una consigna del entonces candidato presidencial Gustavo Petro; esto fue el 9 de mayo. En otra mostraba cómo había votado por la consulta del Pacto Histórico y en una más instó a que se hiciera un conteo de votos para esa misma colectividad en medio de una controversia que hubo.
La sentencia fue apelada en ese tiempo con el argumento de que eran alusiones indirectas y no demostraban una participación real en la contienda electoral. Y ahora, al resolver el recurso, la agencia del Ministerio Público advirtió que dichas actuaciones constituyeron una transgresión directa a las normas que restringen la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas.
“En consecuencia, resueltos los puntos objeto de alzada propuestos por la defensa del señor Daniel Quintero Calle, concluye este despacho que la decisión de primera instancia está fundada en las pruebas recaudadas y valoradas, las cuales demuestran en grado de certeza la incursión en comportamiento que es típico, sustancialmente ilícito y culpable”, se lee en el fallo de segunda instancia que, sin embargo, todavía no queda en firme porque pasa a revisión del Consejo de Estado.
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Quintero estaba citado igualmente para este viernes a una audiencia de conciliación con el alcalde Federico Gutiérrez por una denuncia en la que este último lo acusa de injuria y calumnia por más de 70 publicaciones en las redes sociales y, como se esperaba, no llegaron a ningún acuerdo.
Aguas Vivas, por partida doble
Para completar, promediando la mañana de este 21 de noviembre, también se conoció una determinación más de la misma Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación, que llamó a juicio a Quintero y a cinco funcionarios más de su administración por presuntas irregularidades en la expedición de una norma que habría terminado valorizando el predio Aguas Vivas.
Los otros son Jasbleidy Pirazán, exdirectora de Planeación y los exsecretarios Mauricio Valencia (Desarrollo Económico), Juan David Agudelo (Educación), Rivier Hernando Gómez (Innovación Digital) y Fabio Andrés García (secretario General). Los seis intervinieron en la redacción y aprobación del Decreto 412 de 2023 que modificó el uso del suelo para los inmuebles aledaños al parque Ambiental Valle del Software, dentro del cual está Aguas Vivas y habría beneficiado a los propietarios del terreno, pues le permitía edificaciones no de una sino de dos plantas y amplió el área de construcción del 10% al 50%.
El auto de la Procuraduría indica que Quintero habría excedido sus funciones “al parecer con el propósito de favorecer intereses ajenos y en contravía del interés común” al otorgar aprovechamientos urbanísticos a un área determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como Espacio Público Proyectado, “permitiendo la intervención urbanística de áreas categorizadas como suelo de protección y estableciendo como permitidos usos que según el Acuerdo 48 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial), son prohibidos, en relación con el tratamiento urbanístico definido para el Ecoparque Las Palmas (donde están Aguas Vivas y Brisas)”.
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Los demás funcionarios también pudieron haber incurrido en esa irregularidad pues, firmaron el decreto con el Alcalde. Por eso fueron incluidos en la investigación del Ministerio Público, que calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima. De prosperar, podría dar lugar a destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por doce años.
Audiencia sin sobresaltos
El lío de Aguas Vivas surge a partir del presunto negociado del megalote que lleva ese nombre, entre El Poblado y Las Palmas. En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas —un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden—, pero en la administración de Quintero intentaron que del erario pagaran más de $53.500 millones a dos empresas y un particular; posteriormente, ante una malograda conciliación debido a que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Concejo de Estado se opusieron, esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal. Después fue que Quintero y García expidieron el decreto 412.
El año pasado, con base en las denuncias que publicó EL COLOMBIANO, la Procuraduría había abierto investigación disciplinaria contra “funcionarios por determinar” por las presuntas actuaciones irregulares alrededor de la transferencia y devolución de Aguas Vivas por parte del Distrito, y ordenó compulsar copias por la expedición del decreto 412, con las consecuencias que salieron este viernes a la vista.
Sin embargo, la arista penal de este embrollo es la más grave para Quintero, pues de prosperar podría acarrearle cárcel. Ayer fue justamente el inicio de la etapa de juicio en la que el exalcalde responde por presunto peculado por apropiación y prevaricato, en tanto que García lo hace por el último delito mencionado.
Pero además, por presunto interés indebido en celebración de contratos están acusados ocho altos funcionarios de primera y segunda línea en el gabinete de Quintero. Y por posible peculado están Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas, socio minoritario en Aguas Vivas.
La diligencia de ayer no tuvo nuevas revelaciones ni avances significativos, pero constituye un hito, no solo porque Quintero apostaba públicamente a que el caso no iba a llegar hasta estas instancias sino porque, de hecho, de acuerdo con un informe que publicó en octubre la corporación Excelencia en la Justicia, es un punto que solo alcanzan el 6,8% de los procesos que inicia la justicia en Colombia.
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