Los reportes del Monitoring of the Andean Amazon –MAAP– y los sobrevuelos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible –FCDS– ya habían trazado un panorama fiable sobre el comportamiento de la deforestación durante la pandemia. De manera que el resultado anual del Monitoreo de Deforestación, entregado por el Ideam el pasado miércoles, no hizo más que confirmar el diagnóstico adverso.
Según la cifra oficial del Gobierno, la deforestación aumentó en 2020 un 8 % respecto a 2019, esto le costó a Colombia 171.685 hectáreas de bosque y frenó la tendencia a la baja que traía el país, pues tras alcanzar una cifra récord de 219.552 hectáreas arrasadas en 2017, en el reporte de 2018 la cifra había descendido a 197.159 ha. y el balance de 2019 daba cuenta de 158.894 ha.
La Amazonia perdió 11.046 hectáreas más que en 2019 y concentró el 63,7 % de la deforestación nacional. Esto, sumado al aumento del 2 % en la devastación de bosques en Parques Nacionales (15.886 ha.) son, según expertos, los hechos más críticos que entrega el reporte.
En vista de este resultado, ¿cuáles son las causas, las consecuencias, y los avances que arrojan los programas liderados por el Gobierno para combatir este flagelo?
Los motores de la tala
El ministro de Ambiente, Carlos Correa, indicó que son siete las causas directas de la deforestación: la conversión de bosque a prados, la infraestructura de transporte no planificada, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de minerales, la tala y la ampliación de la frontera agrícola.
No obstante, el reporte solo aborda brevemente dos: el de cultivos ilícitos, responsable de deforestar en 2020, 12.939 hectáreas (7,54 % del total nacional) para convertir bosques en lotes de coca; y la infraestrucura vial no planificada, la cual asocia el informe con focos de tala en límites del Parque Nacional Chiribiquete y el resguardo indígena Yaguara II. En la Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional del período 2005-2015, el Ideam señaló que el 43 % de las áreas abiertas por deforestación en la Amazonia estaban a menos de un kilómetro de una carretera. Un informe de la FCDS en 2019 estimó que el 93 % en zonas deforestadas en Caquetá, Meta y Guaviare estaban ubicadas a menos de 2 km de una vía.
No obstante, el reporte no dilucida mayor información respecto a la incidencia de la ganadería extensiva en la problemática. En mayo pasado se conoció un informe de la Agencia de Investigación Ambiental que denunció que un proovedor de carne de grandes almacenes de cadena del país compraba entre 100 y 300 cabezas de ganado provenientes de una finca ubicada al interior de Chiribiquete, Patrimonio de la Humanidad, lo que según el informe deja en evidencia la deuda del país para garantizar una trazabilidad de la carne que garantice que esta actividad productiva no prospere en detrimento de los bosques.
Las consecuencias
Rodrigo Botero, director de la FCDS señala que el Gobierno se reitera en el error de cuantificar fragmentariamente la deforestación, eludiendo que es “un daño sistemático y acumulativo. Es decir, no hace énfasis en el hecho de que hemos perdido millón de hectáreas en los últimos cinco años y tampoco nos aclaran cómo vamos en planes de reforestación y, sobre todo, en restauración. Ambas estrategias siguen siendo gaseosas. El Gobierno habla, por ejemplo, de una meta de restauración de 300.000 hectáreas. ¿Cómo verificamos si se está haciendo de manera correcta?”, cuestiona.
La pérdida acumulada de bosque, de acuerdo con el director del Foro Nacional Ambiental, Manuel Rodríguez, implica graves amenazas contra la salud y la vida de colombianos que, “al vivir lejos de la región, creen que los impactos no les atañen”.
“La pérdida acumulada y especialmente la fragmentación de áreas sensibles, como las que sirven para la conectividad ecológica entre la Amazonia y la Orinoquia, conectando a la Macarena con Chiribiquete, puede desencadenar el punto de no retorno y el colapso de la biodiversidad, algo que el habitante de ciudad ve como un problema distante. Pero es que, además, hablamos de una posible alteración de los ríos voladores que, en últimas, hacen posible el abastecimiento de agua en gran parte de las ciudades de los Andes en el continente”, explica.
Los impactos no paran ahí. La desaparición de bosques –amplía Rodríguez, quien fue ministro de Ambiente– deja sin escudo a la población ante enfermedades zoonóticas, es decir, abre la puerta a nuevas pandemias.
¿Y los resultados?
El jefe de la cartera de Ambiente respaldó la Estrategia de Lucha Contra la Deforestación del Gobierno que se fundamenta en seis pilares: legislación, control de ilegalidad, inversión social, lucha contra el cambio climático, reforestación y restauración y monitoreo.
En el pilar legislativo, Correa resaltó logros recientes como la firma del Decreto 690 que busca regular el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables. Así como la sanción presidencial de la Ley de Delitos Ambientales, que establece penas entre 5 y 12 años de cárcel contra responsables de deforestar, y entre 6 y 12 años de prisión por apropiación ilegal de predios que impliquen pérdida de bosque.
En cuanto a control de legalidad, el funcionario ponderó la campaña Artemisa que, tras 10 operaciones ejecutadas, logró “el control de más de 14.500 hectáreas de bosque”. No obstante, la pertinencia y eficiencia de esta estrategia militar ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones, academia y campesinos.
“El Gobierno habla de hectáreas de bosque recuperadas con Artemisa. Lo que realmente ocurre es que desplazan y criminalizan campesinos que llegaron antes de que existiera la figura de Parques Nacionales y las hectáreas que dicen recuperar quedan vacías a merced de actores ilegales”, señala David Espinel, secretario técnico de la Corporación Claretiana, organización que realiza acompañamiento a campesinos, indígenas, población afro y víctimas del conflicto en el sur del país.
En medio del Paro Nacional, hace un mes, el Gobierno llegó a un acuerdo con campesinos que habitan zonas de reserva forestal y áreas protegidas, y los que integran las zonas de reserva campesina en Caquetá y Sur del Meta. En síntesis, los acuerdos, que deben empezar a arrojar sus primeros frutos en septiembre, buscan reducir la acción militar y ampliar la inversión social para lograr un objetivo común que es la protección del bosque y su aprovechamiento sostenible.
Y es que, dice Botero, el Estado tiene que concentrar aún más esfuerzos hacia la resolución de la fuente primaria de la deforestación, esto es: “la falta de gobernanza en los territorios y los conflictos por el acceso y usos de la tierra”.
En noviembre de 2020 el Gobierno recibió 43 millones de libras esterlinas ($228.000 millones) del Reino Unido para el programa Territorios Forestales Sostenibles que busca implementar el Catastro Multipropósito en municipios con alta deforestación.
José Yunis, coordinador del programa gubernamental Visión Amazonia, defiende el enfoque integral de la estrategia contra la deforestación que, dice, contempla a la par la conservación del bosque y el uso sostenible por parte de quienes lo habitan.
Visión Amazonia da cuenta de 1.919.088 hectáreas bajo esquemas de Planes de Ordenación Forestal y 115.000 hectáreas bajo la figura de Pago por Servicios Ambientales.
“El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam nos permite tener un diagnóstico muy confiable de lo que ocurre en el territorio para saber, por ejemplo, que donde hay un polígono de unas 10 hectáreas de bosque deforestado seguramente hay actividad campesina de subsistencia, y hasta allí llegamos con inversión social y proyectos productivos para que nos ayuden a conservar los bosques. En contraste, si detectamos un polígono de más de 50 hectáreas sabemos que estamos ante un gran aparato económico que busca la explotación ilegal e ilegítima del territorio y ante lo cual hay que llegar con medidas de legalidad”, explica.
Pese al aumento en la deforestación en 2020, el Gobierno señala que su plan empieza a cambiar la tendencia. El viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Cruz, dijo que “para el primer trimestre del año 2021 en Meta, Caquetá y Guaviare (los departamentos más afectados) se identificaron al menos 41.600 hectáreas deforestadas, una reducción de cerca del 30 % comparado con el mismo trimestre del año 2020”.
El Gobierno reconoció la necesidad de acelerar los resultados frente a esta problemática. De hecho, para 2022 la deforestación deberá estar por debajo de las 150.000 hectáreas para honrar el compromiso con la cooperación internacional, específicamente con Reino Unido, Alemania y Noruega, que asignaron US$366 millones, entendiendo que la protección de los bosques colombianos es clave frente a las dos grandes crisis ambientales actuales del planeta: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
33 %
de los gases de efecto invernadero del país se originan por la deforestación.
