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Siete páginas de tareas: punto final del paro camionero
En el papel son 27 puntos acordados entre Gobierno y camioneros. En la práctica, son 11 decisiones y 19 asuntos pendientes que deberá resolver Mintransporte.
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Jorge E. Rojas (izq.), ministro de Transporte, y Orlando Ramírez, líder camionero, anunciaron fin del paro. FOTO cortesía el tiempo
23 de julio de 2016
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Limitar a un plazo de 18 meses el programa de reposición y renovación del parque automotor de carga fue el “florero de Llorente” que dilató la resolución del paro camionero más largo de la historia del país y que ayer, luego de 46 días, llegó a su fin.
Así lo reconoció ayer a EL COLOMBIANO el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Luis Orlando Ramírez, uno de los promotores de la inmovilización: “no estábamos dispuestos a aceptar que le pusieran límite a la regulación uno a uno (uno nuevo por uno viejo) cuando hay una sobreoferta altísima”.
Sin esa condición, pudo haber durado 15 días menos la inmovilización nacional que pasó una alta factura a los bolsillos de los colombianos, a los productores rurales y a los principales sectores económicos del país. El paro se levantó ayer a las 8 a.m., pero las pérdidas tomarán mucho más tiempo en recuperarse.
Ahora, entre el último borrador de acuerdo conocido el 15 de julio pasado y el firmado ayer por el Ministerio de Transporte y los representantes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, se aprecia que cedieron por igual en dos puntos neurálgicos de la atropellada negociación.
Concesiones del Gobierno
En primer lugar, el Gobierno le quitó el plazo de año y medio a la chatarrización bajo el esquema uno a uno. Es decir que no habrá reposición por la vía de importaciones de flotas nuevas.
Este mecanismo de renovación se mantendrá hasta que se agoten recursos disponibles o se demuestre técnicamente que no hay sobreoferta de vehículos de carga. Según cuentas oficiales, hay 860 mil millones de pesos, mientras los transportadores afirman que deben ser 1,1 billones.
También el Ejecutivo cedió en que a más tardar en una semana se actualizarán costos fijos y variables operativos (peajes, combustibles y otros) en el sistema de referencia (Sice-Tac), con que se reconocerá el pago a los transportadores. Además se intervendrán algunas rutas en que hay distorsiones entre el precio señalado y el pagado al transportador. A esto se suma que el generador de carga (cliente) debe asumir un costo por tiempos de cargue y descargue.
Finalmente, el Ministerio de Transporte “no establecerá vida útil” para los vehículos de carga y facilitará planes de modernización a los pequeños propietarios.
Ceden los camioneros
En la otra orilla, los camioneros decidieron restar terreno a sus pretensiones de eliminar el rasero de los “costos eficientes”, que en su momento los gremios de empresas generadoras de carga alertaron que era la manera de revivir la “tabla de fletes”, con unas tarifas mínimas por ruta.
Sin embargo, ayer mismo los líderes del paro camionero se reunieron con el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Le solicitaron una revisión jurídica de normas sobre el piso mínimo de fletes que alegan el Gobierno desconoce y está en la normatividad. “Se comprometió a hacer los seguimientos correspondientes”, dijo Ramírez.
En segundo lugar, se mantiene el esquema de libertad vigilada que funciona desde hace 5 años y que tanto cuestionaron. Y esto, con la promesa de que la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Policía de Carreteras dispondrán personal para que vigilen si el flete pagado corresponde al Sice-Tac, según lo explicó el ministro Jorge Eduardo Rojas.
Y en tercer lugar, el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, que tanto resquemores ha generado entre pequeños propietarios, será la “única instancia” en que se harán ajustes de las llamadas “relaciones económicas” en la cadena logística, sentados en la misma mesa con representantes de los generadores de carga y las grandes empresas transportadoras.
En todo caso, se modificará la composición de dicha instancia, “ teniendo en cuenta el equilibrio para las partes, la obligatoriedad en la participación y la toma de decisiones”, señala el numeral cuarto del acuerdo. A más tardar el próximo viernes ya se debe haber reunido el Observatorio.
Con el terreno cedido de parte y parte, lo cierto es que el acuerdo de 27 puntos, llevado a la práctica, se traduce en 11 decisiones y 19 tareas que debe asumir el Ministerio de Transporte, incluidas tres en coordinación con las carteras de Trabajo y Vivienda, así como con la Dian.
Por parte de los camioneros, quedan tareas en tres frentes: levantar la inmovilización, ayudar a la formalización del sector y participar en la construcción de dos políticas: de trabajo decente para propietarios y conductores y otra “integral” para mejorar y modernizar el sector.
En esas condiciones, y con plazos precisos para concretar varios puntos acordados, dependerá de la capacidad de gestión del Ministerio de Transporte que no solo se cumpla lo escrito, sino que sea la manera expedita para desactivar la costosísima tradición para el país de padecer un paro camionero por año.
46
días duró paro camionero que a las 8 a.m. de ayer se levantó, el már largo de su tipo en la historia.
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