El fracaso de la reforma tributaria en el Congreso encendió las alarmas en el Ejecutivo, que ahora estudia la posibilidad de decretar una emergencia económica para cubrir el hueco fiscal de $16,3 billones, que se pretendían recaudar para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Aunque la medida sería extraordinaria, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, admitió en diálogo con EL COLOMBIANO que el Gobierno enfrenta un margen de maniobra cada vez más estrecho y que las opciones convencionales podrían no ser suficientes para sostener el gasto en 2026.
¿Cómo interpreta el hundimiento de la reforma tributaria y qué implica para las cuentas del Gobierno y el presupuesto 2026?
“Sí o sí tiene que haber un recorte de gasto, y no por $16 billones, sino por mucho más. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal —al que hoy el presidente llama ‘neoliberales’, aunque todos sus integrantes fueron nombrados por Petro— ha dicho que el déficit no es de $16 billones sino de $50. Corresponde hacer recortes, ajustar gasto y ejecutar lo que está guardado”.
En el mundo ideal, el gobierno debería escuchar al Comité, pero Petro no lo hace y la regla fiscal está suspendida...
¿En ese contexto, es posible que el presidente declare una emergencia económica de aquí al 20 de diciembre?
“Todo indica que el presidente quiere expedir un decreto de emergencia económica que sería inconstitucional y duraría lo que la Corte tarde en tumbarlo, porque no procede. Solo cabría ante una catástrofe imprevisible, no por un déficit fiscal conocido”.
¿Qué podría contener una eventual emergencia económica?
“Hemos dejado constancia de que no procede, pero si el presidente insiste, sacará otro decretazo ilegal que la Corte tumbaría quizá en la Semana Santa de 2026”.
¿Pero, prevé que el presidente saque un nuevo decreto para imponer impuestos vía emergencia?
“Si lo hace, ordenaría recaudar sobre tabaco, alcohol, patrimonio o lo que elija, y mientras se deroga el decreto alcanzaría a recaudar algo para luego devolverlo. Ya hay precedentes de sanción por ordenar impuestos que no proceden. Y aquí no hay duda técnica: es claro que no procede. El presidente dice que el Congreso es imprevisible, pero es obvio que un proyecto puede aprobarse o negarse”.
¿Entonces, que pasará con las finanzas del país ante ese panorama mientras llega el nuevo gobierno, en agosto?
“El panorama fiscal, energético y de seguridad es crítico, independiente de esta ley de financiamiento. Esta tributaria solo le daba caja para el primer semestre. Y aunque no hay una crisis económica —los indicadores del Dane muestran algunas mejorías y la gente no percibe que esté peor que hace tres o cuatro años— sí hay más déficit, más deuda y más cara. Además, el presidente hizo operaciones de reemplazo de deuda que deben pagarse antes de terminar su mandato”.
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¿De cara a las calificadoras internacionales de riesgo, qué prevé que le pueda pasar al país?
“Ya hemos perdido calificación. Desde el gobierno Duque venimos perdiéndola, y con este Gobierno continúa. El Gobierno presenta un Marco Fiscal de Mediano Plazo y a las dos semanas cambia todos los supuestos. Ha hecho presupuestos inflados, sobreestimando recaudo. Cuando infla el recaudo y este no se cumple, el gasto sí se ejecuta, y es elevado. Al próximo Gobierno le tocará muy duro: queda comprometido por compras y decisiones que abarcan siete años (es decir, dos gobierno) como las de los aviones de guerra”.
Si algunos indicadores económicos están en positivo, ¿será que estamos en una burbuja?
“Puede ser. Hay mejoras modestas y el desempleo, por ejemplo, está en un dígito, pero nos dicen que eso está jalonado por informalidad y por el sector público, donde el empleo es contratación por OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), sin condiciones dignas. En muchos municipios el grueso del empleo lo genera lo público. Eso no es empleo real. El crecimiento real viene de empresas nuevas y empleos formales”.
¿Qué deberá hacer el próximo Gobierno para corregir el rumbo?
“Primero, generar señales de confianza para invertir. La política ideológica en materia minero-energética frenó todo: se dejó de explorar y se enviaron señales de que no se permitiría hacerlo. Eso sacrificó inversión y regalías. El próximo Gobierno deberá abrir la llave. Ya lo vemos en el debate presidencial: salvo Iván Cepeda, todos hablan de reactivar el sector”.
Pero entre abrir la llave y que el efecto se note pueden pasar años...
“En gas, por ejemplo, el impacto en los precios ha sido enorme y revertirlo no es inmediato. Y en altamar, donde está lagran esperanza de gas, hay que sortear 122 consultas previas”.
¿Cómo interpreta las declaraciones desde Estados Unidos que amenazan que “después de Maduro sigue Petro”?
“Es un abuso. Pero al presidente Petro le sirve. Le alimenta su base, su discurso y su victimización. Conecta con su base, que es más grande de lo que muchos quieren admitir. En Brasil, el abuso de poder de Trump terminó favoreciendo a Lula. Trump le da aire a Petro. No creo que haya riesgo real de un ataque militar, pero su discurso se parece al de Petro: mucha palabra y poca acción. Un daño a la soberanía sería gravísimo”.
¿Qué acción inmediata deberá ejecutar quien llegue a la Casa de Nariño en 2026 respecto a Ecopetrol?
“Llegar con un plan y un equipo muy sólido. Ecopetrol ha sufrido por bandazos ideológicos y decisiones del presidente. La junta directiva es totalmente política, donde lo importante parece ser no saber de petróleo ni de energía. Es gravísimo. Quien llegue necesitará experiencia real”.
¿Existe un plan B desde el Congreso, para intentar salvar en parte lo que no se pudo con la reforma tributaria?
“Hay un proyecto de ley llamado ‘reactivación’, que en realidad busca recaudar $6 billones. Es peligrosísimo porque es casi una amnistía a los morosos y evasores. Si usted evadió más de $1.100 millones, pague el 3% y le limpian la plata. Le perdonan intereses y la mitad del capital. Es congraciarse con el moroso y deslegitimar al Estado: Cobremos impuestos a quienes los pagan y premiemos a los evasores. Ese podría ser un plan B, pero no creo que prospere. La legislatura se acaba y este proyecto ya no serviría para darle caja al Gobierno en 2026”.
¿La financiación de la reforma a la salud dependía de la reformatributaria?
“Creo que no. La reforma a la salud no ha prosperado porque no ha sido concertada y porque ha tenido efectos en la vida cotidiana, especialmente en medicamentos. No dependía de esta ley. Lleva tres años en trámite, y la tributaria apenas llevaba tres meses”.
¿La reforma a la salud podría llegar a su comisión como pasó con la laboral?
“No. A diferencia de la pensional y la laboral, esas dos tenían arraigo social. La de la salud no. Ese proyecto está fundido. No ha llegado a la plenaria del Senado en tres años. La Comisión Séptima está dilatando y se acabará la legislatura sin este proyecto. No creo que prospere”.
¿Cómo evalúa el balance legislativo del Gobierno en materia económica?
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