La reconstrucción de las ciudades que quedaron en escombros tras el terremoto del 10 de agosto requerirá un plan especial, recursos y coordinación entre Gobierno, regiones y el sector privado.
Así lo considera el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien dijo que la política tradicional de vivienda no será suficiente para atender la magnitud de los daños y plantea al Gobierno de Abelardo de la Espriella ampliar las modalidades de subsidios más allá de Mi Casa Ya, facilitar el acceso a financiación y acelerar los procesos de intervención.
Herrera también estima que el sector constructor está en capacidad de producir las cerca de 35.000 viviendas destruidas, pero advierte que la reconstrucción podría tardar más de cuatro años y que será necesario mantener, al mismo tiempo, las políticas ordinarias de vivienda social para las regiones que no resultaron afectadas.
¿Cuál es la hoja de ruta que se está planteando en conjunto con el Gobierno para la reconstrucción del país tras el terremoto?
“Lo más importante en ese momento es explicar esa hoja de ruta nacional y que se ha establecido con el Gobierno Nacional precisamente para la reconstrucción del país a raíz de los escombros que dejó esta tragedia. (...) Una fase inmediata que es muy importante y que tiene que ver con la identificación y la valoración de los niveles de daño o afectación después del sismo del pasado 10 de agosto.
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Esta es una fase que, de acuerdo con el Gobierno, debe culminar el próximo 30 de septiembre y para eso se están desplegando todas las capacidades técnicas de voluntarios, ligadas de voluntarios capacitados para ir a evaluar edificación por edificación.
La propuesta al Gobierno es que se unifiquen las metodologías de evaluación de acuerdo con las condiciones que determine la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y esto es importante porque en esta primera semana se aplicaron diferentes formatos de recolección de la información.
Ya la Unidad tiene un aplicativo que permite levantar esa información y por nuestro lado de Camacol, y con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hemos levantado un listado importante de vinculación de voluntarios técnicos con experiencia en ingeniería estructural y otras profesiones necesarias para hacer ese levantamiento”.
¿Qué viene después de esta evaluación?
“La fase dos de la reconstrucción es propiamente la intervención que se tiene que hacer para iniciar las obras de trabajo, ya sea para la rehabilitación, reparación o reconstrucción de edificaciones.
Es que hay que construir el plan de intervención para la reconstrucción y, antes de eso, yo creo que es muy importante, y se lo hemos señalado al ministro de Vivienda, que el Gobierno expida rápidamente la declaratoria de emergencia económica y social, que es la sombrilla que va a permitir sacar, adoptar y promulgar los decretos legislativos con las disposiciones especiales, los programas especiales para definir la intervención de cada una de las entidades públicas y privadas en la reconstrucción.
Eso va de la mano también con la forma en que el Gobierno va a estructurar la administración y ejecución del Fondo Milagro.
Son temas que viene trabajando el Gobierno, así lo ha anunciado el presidente, pero que son de la mayor urgencia para que todos los actores tengan las reglas para la reconstrucción”.
¿Qué propone Camacol para atender a las familias afectadas?
“Lo que le hemos dicho es que es muy importante que se formule un programa especial, específico, un régimen especial para la reconstrucción. ¿Qué quiero decir con esto?
Que la política ordinaria de vivienda de interés social no es suficiente para atender la magnitud de los daños ni la gran cantidad y características de los hogares que resultan afectados.
Los programas como Mi Casa Milagro o Mi Casa Ya tienen una condición de focalización específica en cierto tipo de hogares, con ciertas condiciones de acceso, que claramente ya no podrían aplicarse en este caso y necesitamos un abanico más amplio de soluciones.
Por eso le hemos dicho al Gobierno que es importante empezar a definir cuáles van a ser las diferentes modalidades de subsidios. No nos podemos quedar solo con Mi Casa Ya. Ese programa puede ser un complemento adicional en algunos casos y para ciertos grupos de población, pero hay que definir otras modalidades de subsidios y, sobre todo, cuáles van a ser las reglas de concurrencia de los recursos que aporte para subsidios tanto el Gobierno Nacional a través de FonVivienda, a través del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo, así como los recursos que vienen de las aseguradoras y otras líneas de financiación como créditos compensados para la adquisición de vivienda y todos los instrumentos que en la experiencia de pasados desastres ha generado el Estado.
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Eso es importante porque a partir de eso se le empieza a dar la solución a las familias en función de las condiciones o la caracterización que haga ese censo que va a permitir determinar qué edificaciones se deben reparar o rehabilitar, cuáles se tienen que reforzar, cuáles se tienen que reconstruir y qué programas de vivienda nueva o de reubicación de asentamientos hay que adelantar en los próximos años”.
¿Qué papel tendrán los empresarios de las regiones afectadas?
“Es importante la articulación con las regiones, no solamente con las autoridades locales, sino con los empresarios de las regiones en el caso de la construcción.
Claramente hay constructores grandes en el país que están más que dispuestos a acudir y ayudar en la reconstrucción, pero hay que decir que en Valle y en el Eje Cafetero hay una fuerza empresarial importante que debe ser articulada en estos esfuerzos de la reconstrucción para aportar desde las regiones.
¿De dónde saldrán los recursos para financiar la reconstrucción?
“El presidente dijo que el costo estimado de los daños subía a los 30 billones de pesos, de los cuales 24,5 billones de pesos era el costo de los daños de la edificaciones residenciales como no residenciales.
Y ahí viene claramente el reto que tiene el Gobierno de hacer un ejercicio que, a su vez, garantice la sostenibilidad fiscal. Entendemos eso después de la herencia que deja el Gobierno pasado en términos de estrechez fiscal, pero creemos que se puede apelar a la experiencia del Forec en el Eje Cafetero con la emergencia de 1999 y revisar las fuentes de financiación que en su momento se determinaron para financiar la reconstrucción.
Pero adicionalmente hay otros caminos, como los que plantea incluso la Andi, de revisar los recursos del presupuesto de inversión de este año 2026 que no han sido ejecutados y que se podrían destinar para esos propósitos (...)”.
¿Tiene capacidad el sector de la construcción para asumir el volumen de obras que requerirá la reconstrucción?
“Sí, si se dan las condiciones para promover la oferta. Aquí hay condiciones que el sector necesita para poder funcionar, entre otras, mantener las exenciones tributarias que tiene el sector y que promueven la oferta.
Incluso hemos propuesto desde Camacol que se elimine temporalmente el IVA a los materiales en las zonas afectadas durante dos o tres años mientras se adelantan los procesos de reconstrucción.
También es muy importante revisar todos los aspectos normativos que hoy afectan los costos de producción de vivienda y adicionalmente generar reglas claras de intervención para eliminar trámites, revisar condiciones en los planes de ordenamiento territorial y promover la renovación urbana.
Pero creemos que el sector está en capacidad de producir las cerca de 35.000 viviendas que resultaron destruidas”.
¿Cuántas viviendas esperaba vender el sector de la construcción en 2026 antes del terremoto?
“Nosotros pensábamos que este año podrían empezar a levantar las ventas y llegar a unas 170.000 unidades vendidas para el final del año, pero esas proyecciones hay que recogerlas y revisarlas a la luz de los impactos del terremoto que hoy genera el trastorno en el mercado”.
¿Cuánto tiempo podría tomar la reconstrucción de las viviendas afectadas?
“Esto no es un proceso que se resuelva en un mes, ni en tres meses, ni en seis meses. Estos son procesos que además, por su dispersión geográfica, van a tener un gran esfuerzo empresarial y público para la reconstrucción. Antes de cuatro años no vamos a haber terminado este proceso de reconstrucción.
Habrá que ver también, y esperamos conocer cuál es la estrategia que plantea el Gobierno Nacional de operación del Fondo Milagro para ver cómo va a ser esa articulación regional y cómo hacer la distribución, la especialización y la priorización de las intervenciones, teniendo los diferentes grados de concentración de afectación.
Es claramente muy diferente lo que ha pasado en las principales capitales donde se presentaron los mayores grados de afectación y que, sin duda, nos obligarán a pensar en priorizar allí los procesos de intervención”.
Con esto de fondo, ¿cuáles serán los principales retos para el sector de la construcción durante los próximos años?
“Claramente los próximos años van a estar marcados por la reconstrucción en Colombia. Va a ocupar gran parte del esfuerzo empresarial y financiero de la Nación.
Pero uno, creemos que no se puede dejar de lado las políticas ordinarias de vivienda de interés social para seguir cubriendo al otro 70% del país que no está afectado.
Segundo, el déficit de vivienda sigue siendo una alerta de cuidado por el crecimiento en el número de hogares en Colombia y no podemos desatender el resto del país.
Por ahora la prioridad son los damnificados, por ahora hay que pensar en eso, definir ese plan, pero hay un segundo factor importante y es cómo trabajar con las demás regiones donde no hubo afectación.
Y, en tercer lugar, todo dependerá también de las condiciones de aterrizaje fiscal que tiene que adelantar el Gobierno Nacional para empezar a corregir factores que hoy restringen la actividad, como el caso de las tasas de interés”.
¿Cómo podría impactar la reconstrucción el precio de la vivienda en las zonas no afectadas?
“Yo creo que en eso estamos trabajando con el Gobierno Nacional, ya que aquí es crítico. Uno de los temas que desde Camacol hemos señalado es que es muy importante que se revise también a lo largo de la cadena de materiales qué costos están influyendo en la producción de vivienda y revisar también algunas de las decisiones que se tomaron en el Gobierno pasado que evidentemente tuvieron impacto en los costos de producción de vivienda.
Este es un sector que también ha sido afectado por las variaciones de costos que en los últimos 10 años han visto una aceleración en el encarecimiento de la producción de vivienda, sobre todo a partir de 2022.
Entonces, creo que son factores que hay que controlar y estoy de acuerdo con usted. Aquí, obviamente, el tema de los precios de vivienda debe ser revisado. Lo vamos a monitorear desde el mismo gremio, obviamente, en articulación con las autoridades nacionales”.
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