Mañana asume el nuevo presidente de la Refinería de Cartagena (Reficar), Amaury de la Espriella Martínez. Tendrá la tarea de poner a producir derivados del petróleo más rentables en la fábrica más grande del país y superar los 1.498 millones de dólares de ingresos que tuvo entre enero y septiembre esta filial de Ecopetrol, petrolera cuyo 88,49 % es de la Nación, es decir, de todos los colombianos.
También De la Espriella (ver Protagonista) enfrenta el reto de generar la caja suficiente para honrar la gigantesca deuda que tiene Reficar. De una parte, con la banca internacional, cuyo saldo rondaba los 3.000 millones de dólares a febrero pasado, pagaderos en 11 años.
De otro lado, Reficar tiene la obligación con su dueña, Ecopetrol, que asciende a 1.657 millones de dólares a septiembre de este año, según el informe de auditoría que publicó esta semana la Contraloría General de la República en su web (contraloriagen.gov.co).
Y este billonario lastre financiero es resultado de la construcción de una megaplanta que terminó costando 8.016 millones de dólares, pero en cuentas de la Contraloría General de la República, debería haber ascendido a cerca de 4.650 millones de dólares, si se compara con otras refinerías similares del mundo.
Por eso desde el primero de enero comenzarán los términos de un juicio de responsabilidad fiscal, luego de establecer un presunto daño fiscal que asciende a 2.879 millones de dólares (unos 8,5 billones de pesos). Esa suma se desagrega en una “gestión ineficiente” que explica 943 millones de dólares en posibles pagos injustificados y otros 1.936 millones de dólares por lucro cesante, pues la planta se tardó 27 meses más en producir, y solo lo hizo hasta octubre de 2015.
“Vamos a entregar los resultados lo más pronto posible, contrario al vicio que se ha creado en la Contraloría de tomarse los cinco años que tarda la prescripción. Prometo que este asunto saldrá antes de ese tiempo”, dijo a EL COLOMBIANO el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.
Una caja de Pandora
En este largo proceso de juicio, la Contraloría pondrá nombres propios a las personas y empresas responsables de la contratación y la ejecución. También se señalarán responsables de que Reficar haya efectuado pagos injustificados a la contratista principal, Chicago Bridge & Iron Company (CB&I).
Esta firma estadounidense fue la que dejó “amarrada” al proyecto a la multinacional Glencore, al declararse incapaz de desarrollarlo, bajo una cuestionada modalidad de contrato.
“Se pagaron facturas sin legalizar, incluso aún hay facturas por legalizar. La modalidad contractual era de costos reembolsables, en que Reficar debía dar la plata acordada a la contratista después de gastar en las obras y presentar sus cuentas. Pero no, Reficar terminó bajo la modalidad de prepago, es decir, dando anticipos y pagando cuentas que no le correspondían”, explicó Maya sobre una refinería que se hizo a crédito.
Al respecto, el anterior presidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, explicó en su momento que en la construcción de la nueva planta hubo una subestimación inicial de CB&I en las cantidades de trabajo que requería el megaproyecto. Esto, según él, cambió los cronogramas, sumado, entre otras, a contingencias como la baja productividad del personal, problemas laborales y dos olas invernales (2010 y 2011) que retrasaron las obras.
También el expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, en abril pasado, dijo que tiene su conciencia tranquila, se afinaron los controles en el gasto y que desde 2011 se comenzó a recopilar información para una posterior reclamación. En todo caso, llama la atención que por tres años consecutivos la Contraloría haya dado un dictamen positivo de Reficar y haya fenecido sus cuentas.
Pero ahora es el mismo ente de control el que detalla en su informe de 233 páginas que a los problemas de planeación conocidos, se suman líos de facturación, decisiones en función de la conveniencia de los subcontratistas de CB&I, pago por daños de equipos que debía asumir la contratista y hasta cambios en los plazos de pagos.
Según explicó el contralor en rueda de prensa, CB&I para febrero de 2014 no tenía con qué pagar sus obligaciones frente a la obra. Entonces, se hizo “un acuerdo macabro” con Reficar: omitiendo controles e incumpliendo acuerdos de facturación, giró para darle flujo de caja a la contratista y generó un detrimento patrimonial que asciende a 79,4 millones de dólares, sumados a 279.818 millones de pesos. Este es uno de los 36 hallazgos con presunta incidencia fiscal (ver recuadro).
Pero mientras la Contraloría esculca nombres asociados a las irregularidades en Ecopetrol, Reficar, CB&I y firmas subcontratistas, también avanza la investigación con alcance penal y que tendría resultados para antes de finalizar el año, según dijo en octubre pasado el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Entre las irregularidades que investiga está el plan de incentivo salarial para los trabajadores y agilizar la etapa final del proyecto. A juicio de la Contraloría, no solo se pagó sin cumplir condiciones, incluso a personal que no tenía que ver directamente con las obras: “encontramos una conducta criminal en que el trabajo que hacían de día, lo destruían en la noche, pues no querían que se les terminara el empleo”, comentó Maya.
¿Quién responde?
Sobre esta y otras irregularidades más recientes EL COLOMBIANO intentó sin éxito obtener respuesta del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Además, él como ministro de Hacienda y miembro de la junta directiva de la petrolera denunció desde 2012 ante la Procuraduría General de la Nación los sobrecostos de la nueva refinería. De ese proceso disciplinario aún no se tiene noticia, solo que hay 12 exdirectivos vinculados.
Por lo dicho a varios medios en Bogotá, Echeverry se mostró confiado con toda la carga probatoria, habló de más de un millón de documentos, de que haya un fallo favorable en el tribunal de arbitramento internacional que convocó Reficar contra CB&I, en Nueva York. La decisión final solo se sabría en cerca de dos años, por ahora, están nombrados los tres árbitros y solo la presentación de pruebas tomaría hasta año y medio.
Más dolores de cabeza
Mientras tanto, Echeverry también tendrá que lidiar con otra herencia en que hubo pecados en su planeación y ejecución. Se trata de Bioenergy, la planta de alcohol carburante más grande del país construida en Puerto López (Meta), junto a 14.000 hectáreas de caña de azúcar.
Este proyecto terminó costando mucho más de lo presupuestado, se estima en 650 millones de dólares, incluido servicio a la deuda, y con un atraso de casi tres años frente a la fecha inicial. Por eso ya le llaman “el Reficar de los Llanos”.
Solo hasta finales de este mes producirá su primer barril de etanol (para adicionar a la gasolina) y su meta es producir en 2017 un promedio de 3.000 barriles diarios, según dijo Echeverry en medios radiales.
Ahora fue la firma española Isolux Corsán la que presentó incumplimientos y Ecopetrol le suspendió el contrato en 2014. Las obras las culminó desde octubre de ese año el Consorio Menegua, de firmas colombianas de ingeniería.
Al respecto, el contralor Maya se limitó a decir a este diario que en próximos días saldrá el resultado de la auditoría. Por su parte, Echeverry en una carta pública divulgada la noche del martes aseguró que frente a Bioenergy y Reficar se han “implementado procesos más rigurosos de aprobación, planeación y ejecución de nuevos proyectos”. Por ahora, Ecopetrol tiene una costosa factura por recuperar y le queda una lección: lo que empieza mal, terminal mal.
US$943
millones suman 36 hallazgos de gestión fiscal ineficiente, según la Contraloría General.
0,6 %
es aporte de Reficar en 2016 al crecimiento económico del país, proyecta el Emisor.
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