Cerro Matoso anunció que, a partir de este 4 de agosto de 2026, redujo de manera indefinida el 50% de su operación debido a la restricción continua en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.
Según la empresa, desde comienzos de 2026 el proveedor ha venido disminuyendo las entregas de gas contratadas y, durante las últimas semanas, el suministro ha caído incluso por debajo de los 4.000 MBTUD, volumen que representa menos de una cuarta parte de lo pactado en el contrato de suministro.
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La compañía calificó esta situación como una restricción “imprevisible y completamente irresistible” para el desarrollo de su actividad, lo que la obligó a disminuir la operación regular de una de sus dos líneas de producción.
Falta de gas obliga a reducir la operación de Cerro Matoso
Cerro Matoso explicó que opera con dos líneas de producción, cada una equipada con hornos secadores y calcinadores que requieren un suministro permanente y confiable de gas natural para alimentar los hornos eléctricos donde se desarrolla el proceso industrial.
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Ante la insuficiencia del combustible, la empresa implementó un proceso de preservación del horno eléctrico y del horno de calcinación de una de las líneas, manteniéndolos en operación a la mínima potencia necesaria para garantizar la integridad de los equipos mientras persista la contingencia.
Impacto en empleo, producción y economía de Córdoba
La reducción de la capacidad operativa tendrá efectos sobre el empleo, la producción y los aportes económicos de la compañía.
Cerro Matoso informó que más de 570 puestos de trabajo, entre empleados directos y contratistas, se verán afectados. Además, toda la operación minera dejará de funcionar las 24 horas y pasará a operar únicamente en jornada diurna, reduciendo la necesidad de horas operativas y de personal.
En materia de producción, la empresa dejará de producir cerca de 40 toneladas de níquel por día. Como consecuencia, la meta anual de producción para 2026, que inicialmente era de 32.100 toneladas, se reduciría a aproximadamente 26.000 toneladas, cerca de un 20% menos de lo previsto.
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La compañía también reducirá, en promedio, el 50% del alcance de sus contratos de bienes y servicios, además de disminuir parte de los recursos que aporta mediante compras, contratación, impuestos y regalías.
Según sus estimaciones, el impacto económico será cercano a $1.500 millones diarios, afectando la economía de Córdoba, la del país y a miles de familias que dependen directa e indirectamente de la operación minero-industrial.
Cerro Matoso pide intervención del Gobierno
Frente a la situación, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, aseguró que la decisión de reducir la operación fue una de las más difíciles para la empresa y atribuyó la medida a las restricciones en el suministro de gas.
”Declarar la reducción de la operación en un 50% por un escenario absolutamente ajeno a nuestra voluntad, es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. La restricción continua en el suministro de gas por parte de Canacol nos dejó sin otra alternativa. Sabemos el impacto que esto tiene sobre nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades y la economía de Córdoba y del país”, afirmó Gaviria.
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Agregó que hacen “nuevamente un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata, garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano y eviten la omisión en la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de las más de 50.000 personas que se benefician directa e indirectamente de nuestra operación”.
El contrato con Canacol y el proceso judicial en Canadá
Cerro Matoso recordó que mantiene un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy, suscrito en 2022 y con vigencia hasta 2029.
No obstante, explicó que en abril de este año Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente varios contratos de suministro de gas en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.
Posteriormente, el 24 de junio, la Corte de Alberta (Canadá) avaló esa solicitud en primera instancia.
La empresa señaló que ha acudido a todos los mecanismos y acciones jurídicas disponibles para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de una operación que considera estratégica para el país.
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Asimismo, indicó que en Colombia corresponde a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser reconocida o no en el territorio nacional. Según la compañía, ese análisis deberá considerar aspectos como la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano.
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