La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) lanzó una alerta sobre la situación que heredará el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella en materia de infraestructura vial.
Según el gremio, la administración saliente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deja pasivos fiscales por $5,28 billones, además de cientos de kilómetros de carreteras sin recursos para garantizar su operación, mantenimiento y atención a los usuarios durante lo que resta de 2026.
La entidad señaló que, como integrante del Comité de Infraestructura del Ministerio de Transporte, manifestó en repetidas oportunidades su preocupación por los procesos de reversión y las terminaciones anticipadas de varios proyectos concesionados, así como por los eventos eximentes de responsabilidad declarados en algunos contratos. Sin embargo, aseguró que estas advertencias no fueron atendidas oportunamente, lo que derivó en una situación que ahora deberá enfrentar la nueva administración sin recursos suficientes.
Colfecar destacó que uno de los casos más recientes corresponde a la terminación de la concesión Autopistas del Caribe, que operó hasta el pasado 22 de julio y entregó al Instituto Nacional de Vías (Invías) un corredor de 253 kilómetros con seis peajes.
A este caso se suma el vencimiento de la concesión Devimed, previsto para el próximo 31 de julio, sobre el corredor del oriente antioqueño.
De acuerdo con el gremio, la principal preocupación radica en que el Invías ha manifestado que no cuenta con recursos asignados para 2026 destinados a la operación y mantenimiento de estas carreteras.
Según Colfecar, esta situación no es un hecho aislado, sino un problema recurrente en los procesos de reversión de concesiones. Aunque las fechas de terminación de los contratos son conocidas con anticipación, el Invías no contempla recursos para garantizar la continuidad de servicios esenciales como grúas, ambulancias, información sobre el estado de las vías ni para ejecutar mantenimientos periódicos que aseguren condiciones adecuadas de transitabilidad.
Casos de Córdoba-Sucre y Bogotá-Facatativá reflejan el problema
El gremio afirmó que esta situación ya se evidencia en corredores que regresaron a la administración del Invías.
Como ejemplo mencionó la vía Córdoba-Sucre, donde únicamente se han realizado contrataciones menores para mantenimiento rutinario, sin ejecutar contratos de mantenimiento periódico ni prestar servicios de atención a los usuarios.
Una situación similar, aseguró, ocurre en el corredor Bogotá-Facatativá-Los Alpes, donde también persisten limitaciones en materia de mantenimiento y servicios para quienes transitan por la vía.
Frente al caso de Devimed, Colfecar hizo un llamado al gobierno saliente para que incorpore un periodo de reversión, tal como se ha implementado en otros proyectos concesionados.
El objetivo, explicó el gremio, es brindar tiempo suficiente para que el nuevo gobierno asuma funciones y tome decisiones sobre el futuro de este corredor vial antes de que sea entregado al Invías.
A juicio de la federación, finalizar el contrato y transferir inmediatamente la operación al Invías, pese a que la entidad ha confirmado que no dispone de recursos para la vigencia 2026, representa una decisión irresponsable frente a los usuarios de la vía Medellín-Bogotá.
La agremiación también solicitó al nuevo gobierno preservar el proyecto Antioquia-Bolívar, al considerar que representa la alternativa más eficiente para garantizar la continuidad de la infraestructura actualmente administrada por la concesión Ruta al Mar.
Según Colfecar, mantener este proyecto evitaría que la Nación asuma una deuda cercana a $3,5 billones y permitiría conservar los estándares de calidad y servicio ofrecidos por la concesión.
Transportadores cuestionan el estado de las vías administradas por Invías
El gremio sostuvo que, salvo el corredor del Túnel de La Línea, los usuarios perciben un abandono generalizado en las carreteras administradas por el Invías.
Afirmó que cada vez que una concesión revierte a esta entidad desaparecen servicios fundamentales como la información sobre el estado de las vías, el acompañamiento mediante grúas y la atención con ambulancias.
Incluso, indicó que existen dificultades en corredores con contratos de Gestión Vial Integral (GVI). Entre ellos mencionó la vía entre Medellín y la Costa Norte, donde, según Colfecar, el deterioro de la infraestructura avanza mientras no se prestan servicios de grúas ni ambulancias pese a existir un contrato vigente.
También señaló la situación del corredor Korán-Guaduas-Villeta, una conexión estratégica entre Bogotá y Medellín que, de acuerdo con el gremio, no recibe los mantenimientos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad vial.
Finalmente, Colfecar expresó que espera que este panorama sirva para alertar al nuevo gobierno sobre los desafíos que recibirá en materia de infraestructura vial.
Asimismo, instó a la ANI a reconsiderar su decisión respecto a la concesión Devimed, al considerar que todavía existe la posibilidad de adoptar una medida que garantice la continuidad en la prestación de los servicios, preserve las condiciones del corredor Medellín-Bogotá y proteja el interés general de los usuarios.
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Bloque de preguntas
- ¿Por qué Colfecar afirma que el nuevo gobierno recibe un pasivo de $5,28 billones en infraestructura vial?
- Explica que, según el gremio, la administración saliente de la ANI deja obligaciones fiscales derivadas de procesos de reversión y terminación de concesiones, además de corredores viales sin recursos para su operación y mantenimiento durante el resto de 2026.
- ¿Qué pasará con las vías de Autopistas del Caribe y Devimed tras finalizar sus concesiones?
- Detalla que estos corredores pasarán a ser administrados por el Invías, pero Colfecar advierte que la entidad no tendría presupuesto para garantizar servicios como grúas, ambulancias y mantenimiento periódico.
- ¿Qué le pide Colfecar al nuevo gobierno sobre el proyecto Antioquia–Bolívar y la concesión Devimed?
- Expone el llamado del gremio para que se adopten medidas que permitan mantener la continuidad de los servicios en la vía Medellín–Bogotá y avanzar con el proyecto Antioquia–Bolívar, con el fin de evitar mayores costos para la Nación y preservar la calidad de la infraestructura vial.
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