A 11 días para la junta de abril, en la que la tasa podría subir a 11,75%, se abren tres escenarios sobre lo que pasaría ante la ausencia del MinHacienda, quien guarda silencio.
A medida que el calendario avanza hacia el próximo 30 de abril, aumenta la incertidumbre sobre lo que pasará con la Junta del Banco de la República. La gran pregunta no es solo si las tasas de interés subirán, sino algo mucho más fundamental para la democracia: si la Junta Directiva del Emisor podrá siquiera sesionar legalmente.
La ruptura ocurrida el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó intempestivamente la sesión del Banco, dejó una herida abierta que amenaza con paralizar la política monetaria del país en un momento crítico.
La crisis detonó cuando la mayoría de la Junta decidió elevar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, llevándola de 10,25% a 11,25%. Para el ministro Ávila, este incremento fue la gota que colmó el vaso y dejó “indefinidamente” ese órgano directivo. Hoy, a solo once días de la reunión de este mes, hay por lo menos tres escenarios sobre qué pasará en caso de que el jefe de Hacienda no regrese.
Uno de los escenarios –por ahora improbable– es la posibilidad de que el ministro Ávila regrese a la mesa de votación. Aunque en los últimos días el funcionario parece haber bajado el tono de la confrontación en sus declaraciones públicas, todavía no ha dado pistas claras sobre su retorno.
En declaraciones recientes, Ávila defendió la autonomía del Banco y abrió la puerta a mantener conversaciones, pero insistió en que subir las tasas es una medida inocua frente a una inflación que, según su análisis, responde a choques externos de oferta y no a un exceso de demanda interna.
Mientras el ministro guarda silencio sobre su asistencia, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha enfatizado en las consecuencias legales de esta ausencia. Villar advirtió que la presencia del jefe de la cartera de Hacienda no es opcional, sino un mandato constitucional que debe cumplirse para garantizar el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria.
Según el gerente, si Ávila persiste en su decisión de no asistir de manera indefinida, se estaría incumpliendo una obligación legal, lo que obligaría al presidente Gustavo Petro a designar un funcionario ad hoc para que actúe en representación del Ejecutivo en las deliberaciones.
Esta figura del funcionario ad hoc surge como un mecanismo de emergencia para evitar la parálisis institucional. Villar explicó que, en caso de fuerza mayor o ausencia prolongada del titular, el Presidente tiene la facultad de nombrar un reemplazo temporal para garantizar el funcionamiento institucional.
Sin embargo, la situación actual es atípica porque no se trata de una imposibilidad física del ministro para asistir, sino de una decisión política de retiro. Esta distinción es crucial, ya que el gerente sugirió que este tipo de fricciones podrían incluso abrir la puerta a una reforma constitucional si el modelo de pesos y contrapesos diseñado en 1991 deja de funcionar debido a bloqueos de quórum.
El debate sobre la legalidad de la ausencia escaló al mundo político con advertencias severas del expresidente César Gaviria. El exmandatario fue tajante al afirmar que el ministro de Hacienda está incurriendo en un acto ilegal e inconveniente al abandonar sus funciones en la junta. Gaviria fue más allá y advirtió que el presidente Petro podría estar incurriendo en un delito si pretende reemplazar las decisiones técnicas de la Junta Directiva por las de un grupo de allegados o foros políticos ajenos a la ley.
Según el expresidente, la Constitución de 1991 es explícita al señalar que el ministro no solo integra la junta, sino que la preside, y su retiro deliberado compromete la estabilidad institucional del país.
La parálisis no es un tema menor si se analizan los estatutos del Banco de la República. El artículo 35 del decreto 2520 establece que la junta solamente puede sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, y aclara que uno de ellos debe ser obligatoriamente el ministro de Hacienda.
Este diseño normativo le da, en la práctica, un poder de veto al Gobierno: si el ministro no se sienta en la mesa, no hay sesión válida. De mantenerse esta situación el próximo 30 de abril, el Emisor quedaría bloqueado para tomar cualquier decisión sobre tasas de interés, encajes bancarios o gestión de créditos con organismos multilaterales.
Ante el riesgo de este bloqueo, ya hay una demanda en curso ante el Consejo de Estado que busca desenredar el nudo jurídico. Un ciudadano radicó una acción de nulidad contra el mencionado artículo 35, argumentando que el requisito de la presencia obligatoria del ministro impide a los demás codirectores ejercer su mandato constitucional de representar el interés de la Nación.
La demanda sostiene que al amparo esta norma, la ausencia del ministro Ávila forzaría al Banco a adoptar posiciones cercanas al Gobierno. El Consejo de Estado admitió el recurso y como viene la polémica no sería descabellado pensar en que se dicte una medida cautelar antes de la junta de finales de mes para permitir que el órgano sesione sin el ministro.
En medio de este choque de trenes, la economía sigue su curso y las cifras de inflación no dan tregua. El analista económico Luis Fernando Ramírez señala que lo más conveniente para el país es que el ministro asista a las reuniones, pues dejar la política monetaria exclusivamente en manos de la junta, sin la voz del Gobierno, profundizaría la ruptura institucional.
Ramírez advierte que la inflación anual de marzo (que subió a 5,56%, desde el 5,29% de febrero) mostró niveles que dan argumentos a quienes dentro de la junta consideran necesario un nuevo ajuste al alza, posiblemente de 25 a 50 puntos básicos, para anclar las expectativas de precios que siguen elevadas.
La tensión se trasladó esta semana al Congreso de la República, donde Leonardo Villar y Germán Ávila se vieron las caras en un debate de control político marcado por reproches mutuos. Villar utilizó el espacio para pedir al Gobierno que detenga el lenguaje insultante y los ataques de carácter personal contra las codirectoras del Banco.
El gerente calificó como inaceptables las descalificaciones de género y los señalamientos del presidente Petro, quien llegó a tildar a la junta de fascista y a comparar sus decisiones con un genocidio. Villar defendió con firmeza que subir las tasas no es matar a nadie, sino una decisión responsable para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por su parte, el ministro Ávila respondió cuestionando la cúpula de cristal desde la que, según él, opera el banco central. El funcionario criticó que la junta se base en encuestas a entidades financieras que se benefician de las tasas altas, ignorando los efectos distributivos y el impacto en la producción.
Ávila calificó como desconcertante que las tasas se hayan aumentado 200 puntos básicos entre enero y marzo, una magnitud que considera sin precedentes recientes. Para el Ejecutivo, endurecer la política monetaria ahora es un error porque los factores que presionan los precios son el petróleo y tensiones geopolíticas, elementos que no reaccionan ante el costo del crédito interno.
En este punto, las visiones de centros de estudios económicos como Anif aportan una perspectiva técnica que respalda la independencia del Emisor. Según Anif, la decisión de subir las tasas responde a una inflación básica que se aceleró al 5,52% en febrero y proyecciones que sitúan la inflación total al cierre de 2026 en un 6,3%.
El centro de estudios sostiene que el incremento del salario mínimo del 23,7% ha generado un impulso persistente de costos que obliga a una postura contractiva. Y recuerda que los beneficios de controlar la inflación superan los costos transitorios en la actividad económica, pues la inflación actúa como un impuesto regresivo contra los más vulnerables.
Desde el sector financiero, las expectativas para la reunión del 30 de abril son aún más agresivas. BBVA Research proyecta que la junta ratificará su postura decidida para controlar la inflación con un nuevo incremento.
En su análisis, BBVA Research espera un alza de 50 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de interés al 11,75% en esta próxima sesión de abril. Según esta visión, anticipar el ciclo de política monetaria con aumentos claros ahora permitirá que la tasa terminal del ciclo alcista sea menos elevada en el futuro, beneficiando la estabilidad macroeconómica de largo plazo.
La incertidumbre sobre el quórum también genera temores sobre la vulnerabilidad del peso colombiano. Si el Banco de la República queda paralizado, no podría responder ante eventualidades como ataques especulativos contra la moneda o contra la deuda soberana.
Además, la imposibilidad de gestionar apoyos con organismos multilaterales aumentaría significativamente los riesgos para el país.
Como señaló el expresidente Gaviria, la credibilidad institucional es un activo vital, y la señal enviada hacia los mercados internacionales por este conflicto es que el país está perdiendo credibilidad.
El Gobierno ha intentado trasladar este debate a escenarios académicos a través de foros internacionales. El próximo 21 de abril, liderará un encuentro denominado Política monetaria en un contexto progresista, al que invitó a economistas para cuestionar el papel tradicional de la banca central.
El objetivo del MinHacienda es plantear si el Banco de la República debe tener un mandato más activo en el desarrollo económico y la protección del empleo. A este foro fue invitada formalmente la Junta Directiva del Banco, en un intento por redefinir su rol en un contexto marcado por deudas sociales históricas.
Sin embargo, los analistas advierten que estos foros no reemplazan los canales institucionales. La independencia del Banco de la República fue una respuesta a los excesos del pasado, cuando la política monetaria se usaba para resolver urgencias fiscales con altos costos en inflación. El diseño de 1991 buscó blindar estas decisiones de la política electoral para evitar que el gobierno de turno moviera la economía a su antojo.
Por ello, ver a miembros de la junta nombrados por el propio Gobierno votar a favor de subir las tasas demuestra para analistas como Luis Fernando Ramírez que son funcionarios profesionales que toman decisiones con base en información técnica y responsabilidad institucional.
En este contexto de alta tensión, la economía colombiana llega a la recta final de abril con más dudas que certezas.
Si el ministro Ávila decide asistir, se enfrentará a una junta que parece decidida a seguir el camino de la restricción monetaria. Si decide no ir, el país podría presenciar un hecho histórico: la parálisis de la máxima autoridad monetaria por un bloqueo político del propio Gobierno que la preside.
Así las cosas, entre demandas judiciales, advertencias de delitos constitucionales y proyecciones de tasas al 11,75%, parece que el próximo 30 de abril no solo se definirá el rumbo de la política monetaria, sino la solidez de las instituciones económicas de Colombia.
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