El presidente Gustavo Petro mencionó la posibilidad de decretar una emergencia económica para anticiparse a los estragos que podría causar la temporada de intensas lluvias en Colombia. Esto, a raíz de las proyecciones climatológicas entregadas por distintas entidades, que apuntan a que el fenómeno de La Niña podría extenderse hasta enero del 2023.
“Si vamos a vivir un episodio peor que en 2010, entonces, el país tiene que entrar en una emergencia económica”, expuso el mandatario mientras realizaba una visita en Santa Lucía, municipio ubicado en el departamento del Atlántico.
La más reciente emergencia
El antecedente más cercano de esta declaratoria data de 2020, cuando el gobierno de Iván Duque la implementó mediante los decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo. En aquel momento, esa figura se aprobó para encarar los efectos atípicos que la pandemia de la covid-19 estaba causando en la economía nacional. Así se facilitó la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, que canalizó recursos por $40,5 billones destinados a amortiguar la crisis.
En esa época, según archivos académicos, el gobierno expidió casi 80 decretos económicos que permitieron, entre otras cosas, diferir pagos de impuestos y servicios públicos; aprobar subsidios para el empleo formal, dotar al sistema de salud y crear Ingreso Solidario, un auxilio monetario para las familias vulnerables que no contaban con ningún amparo gubernamental.
Las de Santos
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se declararon tres emergencias económicas. La primera en 2010 con el propósito de atender a los damnificados y los daños que dejó la temporada de lluvias vivida a finales de ese año. En una declaración emitida en el 8 de diciembre de ese mismo año, el entonces presidente expuso que la medida permitiría atender a 1.700.000 personas afectadas por los embates climatológicos.
En 2015, el mismo Santos pidió declarar una emergencia económica con miras a conjurar una problemática que había en la frontera con Venezuela, más exactamente en el área limítrofe por Norte de Santander. En ese momento, hubo problemas diplomáticos entre ambos países y se inició una ola de deportaciones de colombianos residentes en el vecino país. Además, se paralizaron el comercio y las exportaciones. El gobierno calculó que unas 7.000 familias estaban viendo sus ingresos afectados.
En 2017, le tocó encarar otro desastre natural: el de Mocoa, en donde una avalancha dejó más de 300 muertos y más de 20.000 damnificados. Los recursos económicos, de acuerdo con lo explicado por el otrora mandatario, se utilizarían para reconstrucción de viviendas, un sistema de acueducto y un hospital.
La que negaron
Por su parte, Ernesto Samper, intentó declarar una emergencia económica en 1997 justificándola en el alto déficit fiscal que tenía el país en aquel momento. Sin embargo, este intento de acudir a la figura fue fallido, toda vez que la Corte Constitucional la declaró inexequible.
No es la primera vez que Petro sugiere declarar la emergencia económica; ya lo había hecho a principios de marzo cuando todavía era candidato a la Presidencia. En aquella ocasión, argumentó que era necesaria esta medida porque, desde su punto de vista, Colombia enfrenta una situación de hambre.
La emergencia económica, según lo establecido por la Constitución, tiene como finalidad dotar de facultades al presidente de la República para dictar decretos sin discusión en el Congreso, destinados exclusivamente a confrontar los agentes generadores de la crisis que originó la emergencia y a evitar la extensión de sus efectos. Y puede prorrogarse por tres periodos de 30 días.
