A partir del 1º de junio, miles de empresas en Colombia deberán pagar más impuestos de forma anticipada gracias al Decreto 0572 de 2025, publicado por el Ministerio de Hacienda.
La medida, que eleva las tarifas de autorretención en la fuente para varias actividades económicas, busca asegurar el recaudo del impuesto de renta de 2026, pero ha generado una fuerte controversia por su impacto en la liquidez de las compañías, especialmente las más pequeñas.
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Según el Gobierno, la idea es “suavizar el recaudo tributario” y hacerlo más predecible para los contribuyentes y la administración.
Pero en la práctica, para muchos empresarios, se trata de una “reforma por decreto” que anticipa un impuesto no causado, generando mayores costos y menos caja disponible para operar.
¿Quiénes pagan más con el Decreto 0572?
El golpe más duro lo reciben las actividades extractivas: la extracción de gas natural, oro, carbón y otros metales preciosos ahora tendrán una tarifa de autorretención del 4,5%.
Igual porcentaje pagarán empresas de generación eléctrica y producción de gas. También con una tarifa del 4,5% quedaron servicios públicos como: captación, tratamiento y distribución de agua, tratamiento de aguas residuales y recolección de desechos no peligrosos.
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El sector de la construcción sigue en el radar del Ministerio de Hacienda. Las empresas que construyen viviendas, carreteras, ferrocarriles o hacen demoliciones, deberán aplicar una autorretención del 3,5%.
Las actividades agrícolas, pecuarias y de alimentos no se salvan. Por ejemplo: cultivo de frutas, cereales y ganadería: 1,2%; comercio minorista de alimentos: 1,2%; elaboración de lácteos, pan y azúcar: entre 0,55% y 1,2%; transporte de carga y fluvial: hasta 3,5%.
¿Reforma tributaria encubierta?
Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, este decreto es en realidad una reforma tributaria que no pasó por el Congreso. Y como si fuera poco, advierte que puede “encarecer los alimentos” y castigar a microempresarios y campesinos.
“Esto reduce el flujo de caja de los productores, quienes podrían trasladar estos costos a los precios de alimentos básicos”, explica Junco.
Y el golpe se siente desde el campo hasta los mercados de barrio, porque sectores como el comercio minorista y la panadería también ven subir sus tarifas de autorretención.
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De hecho, según análisis técnicos, el Decreto 0572 podría contribuir a un aumento de entre 0,1 y 0,3 puntos en la inflación alimentaria, justo en momentos en que el país sigue enfrentando presiones por el costo de vida.
Empresarios y gremios en alerta: “pan para hoy, hambre para mañana”
La reacción del sector privado no se hizo esperar. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, fue directa en su cuenta de X: “Una reforma por decreto (0572) que da pan para hoy... y hambre para mañana. Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”.
Criticó además que el Gobierno esté exprimiendo la caja de las empresas para tapar el hueco fiscal de este año, sin explicar en qué se usará el dinero adicional.
“Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes... aunque hoy no haya vendido ni uno”, cuestionó.
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Según Lacouture, esto implica cobro anticipado de impuestos aún no generados, menos liquidez para operar e invertir y riesgo de desempleo y cierre de empresas.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR) expresó su rechazo al Decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, que incrementa del 1,1 % al 3,5 % la autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta para las actividades de transporte de carga y mensajería.
“Es un aumento del 218 % que afecta gravemente la liquidez y el capital de trabajo de las empresas. Este golpe llega en un momento crítico para el sector, sin diálogo previo y cuando muchas compañías apenas logran operar en punto de equilibrio o en pérdida”, advirtió el gremio.
El gremio aseguró que el nuevo decreto podría agravar aún más la crisis del sector, que ya enfrenta altos costos operativos y una creciente carga tributaria. También advirtieron que la decisión es inconveniente para la economía nacional, pues impacta directamente la cadena logística y el transporte de bienes en todo el país.
¿Un alivio fiscal o una bomba para 2026?
Desde el lado macroeconómico, el experto Andrés Pardo Amézquita, jefe de Estrategia Macroeconómica de XP Investments, reconoce que esta decisión puede tener un efecto inmediato en el recaudo.
“Podría generar ingresos por unos 7 billones de pesos, es decir, el 0,4% del PIB. Esto podría aliviar la presión de caja del Gobierno este año y reducir el déficit fiscal proyectado de 7% a algo menos”.
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Pero advierte que este tipo de operación debe verse como una transacción de única vez (TUV). En otras palabras, no mejora el balance estructural de las finanzas públicas ni resuelve el problema de fondo.
Y lanza una alerta: “Esto puede complicar aún más el panorama fiscal de 2026, porque ese año habrá menos autorretención por recoger, y una base tributaria ya exprimida”.
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