A pocos días de la segunda vuelta presidencial, se reactivó la polémica por el borrador de decreto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que alertó al sector financiero porque, en la práctica, le abriría la puerta a las empresas de giros postales para operar casi como bancos.
La propuesta les daría a compañías como 4-72, Efecty o Supergiros la posibilidad de prestar servicios financieros, incluida la apertura de cuentas de ahorro, sin que la Superintendencia Financiera las vigile como sí lo hace con bancos, cooperativas y fintech reguladas.
Según el Banco de la República, aprobar este decreto aumentaría el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el país.
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¿Qué busca el decreto del MinTIC para las empresas postales?
El proyecto normativo permitiría que empresas de giros postales, entre ellas Efecty y Supergiros, presten servicios que hoy son exclusivos del sistema financiero. La iniciativa contempla la apertura de cuentas similares a las de ahorro, pero sin el respaldo regulatorio que protege hoy a los usuarios de la banca tradicional.
El plazo para que ciudadanos y gremios presenten comentarios y observaciones vence el próximo 22 de junio.
En entrevista con BRAVA NEWS, la viceministra de Conectividad, Gloria Perdomo, salió a defender el borrador de decreto. La funcionaria sostuvo que es una coincidencia que el documento se haya publicado justo antes de la segunda vuelta presidencial.
Perdomo insistió en que el proceso sigue abierto a comentarios ciudadanos y que el calendario de la consulta no responde a intereses electorales.
Pese a la defensa oficial, el Banco de la República mantiene su advertencia, que el decreto aumentaría el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esa alerta del emisor pone en entredicho la conveniencia de ampliar las facultades financieras al sector postal sin los controles que hoy aplican a bancos y fintechs.
Voces de la industria fintech: la advertencia de Gabriel Santos
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, es uno de los primeros en denunciar la iniciativa y cuestionó por qué el Gobierno ignora las herramientas regulatorias que ya existen para cerrar las brechas en inclusión financiera, en lugar de impulsar mecanismos que, según él, ya funcionan.
Para Santos, el proyecto convertiría al sistema postal en una vía paralela y poco regulada para ofrecer servicios de pago. “Los operadores postales podrían operar, en la práctica, como entidades financieras sin cumplir los requisitos que sí se exigen a los demás actores del sector”.
El resultado, advirtió, sería una asimetría regulatoria sin precedentes y un riesgo inminente para los usuarios, que quedarían expuestos a un esquema con serias vulnerabilidades frente al lavado de activos.
Santos recordó que la regulación colombiana ya abrió un camino legítimo para este propósito: las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos (SEDPES), creadas en 2014 para que más empresas pudieran captar recursos de forma legal, generando inclusión financiera, competencia e innovación.
Casi 12 años después, ya existen 9 SEDPES en Colombia que ofrecen depósitos de bajo monto y servicios de pago a toda la población. A marzo de este año, esas nueve entidades sumaban más de 1,2 billones de pesos en depósitos de más de 770.000 clientes.
Para el presidente de Colombia Fintech, la pregunta de fondo es “por qué el Gobierno busca crear un esquema paralelo en este momento, cuando podría discutirse, por ejemplo, cómo incentivar la participación del sector postal en Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República”.
Y agregó: “Estamos abriendo una autopista innecesaria y con menos controles en un momento muy delicado”.
El contexto: una consulta pública con 144 comentarios
El pasado 30 de enero, el MinTIC cerró la fase de consulta pública del proyecto de decreto, en ese momento el anuncio dejó dudas porque no quedó claro si las empresas de giros postales podrán captar ahorro de los ciudadanos.
La propuesta recibió 144 comentarios de distintos actores de la industria. Apunta a ampliar el acceso a modalidades como el giro de pago, el giro de depósito y la transferencia postal, en especial en zonas donde la conectividad y los servicios financieros digitales siguen siendo limitados.
El Gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la inclusión financiera y digital. Sin embargo, algunos participantes del proceso advirtieron que el proyecto deja preguntas regulatorias abiertas, en particular sobre el alcance que tendrían los operadores postales en el manejo de los recursos de los usuarios.
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Tras el cierre de la consulta, el MinTIC señaló que avanza en mesas técnicas interinstitucionales e intersectoriales con entidades del Estado y representantes del sector, con el fin de ajustar la normativa.
“Nuestro compromiso es con la generación de oportunidades para todos. Hemos llevado a cabo reuniones con la Superintendencia Financiera, Asopostales y distintos gremios. Seguimos abiertos a sostener diálogos con todos los sectores, con el fin de aportar y avanzar en la transformación digital del país”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.
El principal punto de discusión sigue siendo el límite entre los servicios postales de pago y las actividades propias del sistema financiero. Los expertos coinciden en que cualquier cambio en este frente requiere definiciones precisas para evitar vacíos regulatorios y preservar la estabilidad del mercado.
La iniciativa surge en un contexto de profundas desigualdades en el acceso a internet. Según datos de la Canasta Básica TIC y el Índice de Pobreza Digital (IPD), hay departamentos donde el costo del internet fijo supera hasta en 3,6 veces el promedio nacional, una barrera que frena la adopción tecnológica.
A esto se suma la falta de dispositivos y la limitada formación digital. Hoy, siete de cada diez personas que viven en zonas rurales enfrentan pobreza digital, lo que obliga al país a explorar canales alternativos para garantizar el acceso a servicios esenciales.
En ese escenario, el Gobierno ve en la red postal un aliado estratégico, ya que los servicios postales de pago cuentan con más de 52.000 puntos de atención, con una cobertura que alcanza entre el 98% y el 100% de los municipios, veredas y corregimientos del país.
La reglamentación pretende aprovechar esta capilaridad territorial para ofrecer servicios de pago seguros, con trazabilidad en las operaciones y bajo la normativa vigente. La meta del Gobierno es convertir la red postal en un puente hacia la inclusión financiera.
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El choque con el sistema financiero: la posición de Asobancaria
La posibilidad de que las empresas de giros abran cuentas similares a las de ahorro, pero fuera del paraguas de la regulación financiera, generó un fuerte choque entre el sistema financiero y el MinTIC.
En ese momento, Carlos Alberto Ruiz Martínez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, le dijo a Portafolio que el gremio no ve viable el decreto.
Según Ruiz, la regulación actual cuenta con elementos como el seguro de depósito, un mecanismo que, si una entidad financiera quiebra o tiene problemas, le responde a los ciudadanos por sus ahorros hasta por $50 millones.
“En cambio, si yo tengo una cuenta de ahorros, por ejemplo, bajo este nuevo esquema, no tendré acceso a un seguro depósito, por lo cual en el caso de que haya una potencial quiebra, pierde el ciudadano al no tener el respaldo de un seguro”, explicó el vicepresidente de Asobancaria.
El directivo también señaló los riesgos en materia de supervisión. Colombia tiene una tradición de ser uno de los países con mejor vigilancia en prevención de lavado de activos en la región. “En el caso de que se habilite el decreto, esa supervisión no va a operar de igual forma sobre esas cuentas”, agregó Ruiz.
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