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La Dirección de Impuestos de Aduana Nacionales (Dian) anunció que ya inició el proceso de cobro a 2.775 funcionarios públicos que le deben a la entidad 21.000 millones de pesos en obligaciones tributarias.
El top cinco de los organismos con más personas naturales emproblemadas con el estado lo encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los funcionarios deben 164,5 millones de pesos. Le sigue Migración Colombia, con 146,1 millones de pesos. En tercer lugar está el Ministerio de Transporte, con un monto de 139,6 millones de pesos. Y con menos de cien millones están el Hospital Militar (65,2 millones de pesos) y el Instituto Nacional de Cancerología (50,9 millones de pesos).
Al respecto, Lisandro Junco, director de Gestión de Ingresos de la Dian, dijo que estas son deudas que provienen de ciudadanos que se supone tendrían que tener unos parámetros éticos mucho más altos que cualquier otro y que deberían ejercer acciones ejemplarizantes.
“Si el sueldo de una persona se está financiando con recursos públicos, es muy mal visto que le deba impuestos al Estado. Aunque es una deuda como la de cualquier persona, en este caso su función es servirle a la ciudadanía”, puntualizó
En lo que va del año, la Dian ha desarrollado un ‘Plan nacional de cobro y fiscalización’ en el que había recaudado hasta marzo 2,7 billones de pesos, según reportó José Andrés Romero, director de la entidad.
En abril se gestionaron 1,1 billones de pesos por concepto de cobro y 88.947 millones de pesos por acciones de fiscalización, es decir de intervención a bienes de los morosos en el país (ver Radiografía).
Entre las 9.810 actividades masivas desarrolladas en el país durante abril, se encuentran: visitas para identificar bienes de 7.095 contribuyentes con saldos pendientes que adeudan al Estado 412.864 millones.
Adicionalmente, 2.500 oficios persuasivos (en los que se informa al deudor el valor del compromiso pendiente y los datos necesarios para realizar el pago) por 82.000 millones de contribuyentes en mora por el impuesto a las ventas, al consumo y retención en la fuente, contra quienes puede instaurarse denuncia por el delito de omisión..