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Como dice el dicho: Más patas se le suman al gato. A la tumbada de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria del año pasado, que produjo la Corte Constitucional, por no haberse realizado el debate como es debido, se le vienen sumando decisiones que pueden persuadir el nuevo trámite que tiene curso en el Congreso de la República y que se espera esté listo para enero de 2020.
Las determinaciones se están tomando por la existencia de demandas que deben ser resueltas por esta autoridad (36 presentadas), así en su totalidad la norma deje de estar vigente desde el próximo año.
La nueva decisión declaró inexequible parcialmente el artículo 80, que había sido demandado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria).
En este aspecto se estipulaba que dichas empresas debían liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta en los años gravables 2019 (37 %, suma 4 puntos porcentuales, pp.), 2020 (35 %, lo que agrega 3 pp.), y 2021 (34 %, lo que adiciona 3 pp.), si el objeto de impuesto es igual o superior a 4.112 millones de pesos (120.000 Unidades de Valor Tributario).
La Corte aclaró que la decisión se dio porque durante el trámite la modificación de este artículo no tenía el aval del Gobierno Nacional, puesto que fue incluida por un congresista en segundo debate.
Así, deja la norma sin piso debido a un vicio de forma, es decir, no realizó un estudio el fondo del documento presentado por el gremio.
En su momento Asobancaria argumentó que además de estos dos aspectos, en los que coinciden las posiciones, “la norma demandada infringe el principio de equidad tributaria”, dice en el documento oficial entregado a la Corte.
Para José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, este argumento tiene sustento porque es “discriminatoria, pues viola los principios de igualdad y progresividad tributaria”.
La explicación más amplia de acuerdo con el experto, es que en los impuestos “los ciudadanos tanto como las personas jurídicas somos iguales y no es posible que se aplique una sobretasa, solo por el hecho de que un sector tuvo un año muy bueno. Esto además, atentaría contra el ánimo de lucro y la libre empresa”.
Las cifras de la actividad muestran un comportamiento envidiable. Al cierre del año pasado el sistema financiero mostró unos activos que ascendieron a 1.715,5 billones, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, y utilidades por 24,2 billones de pesos.
En este momento la Corte se está dedicando “casi que exclusivamente a un tema de forma”, dijo Acosta, porque al final va a haber un “segundo round” debido a la nueva versión que radicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y que casi no sufrió modificaciones, es decir, se incluye la sobretasa al sector, lo que significa que está avalada por el Gobierno.
La nueva situación es distinta porque subsana la crítica del Tribunal. Así, si este artículo pasa sin contratiempo en el legislativo, y vuelve a ser demandado, deberá ser revisado con los argumentos de fondo.
En total se presentaron 110 artículos, lo que guarda correspondencia con los vencimientos que se han presentado con el pasar de este año, el primero en aplicación.
Este nuevo panorama puede presentar modificaciones que ya han salido a la luz. Ayer la bancada de Cambio Radical expresó que este podría ser un escenario ideal para solucionar algunos pendientes; por ejemplo “las asimetrías del sistema impositivo”.
Estos en términos puntuales abordan aspectos como el gravamen a los dividendos, la el impuesto al patrimonio y la renta presuntiva para el año 2020, la conversión del 4x1.000 en retención en la fuente y la elección para los restaurantes entre el impuesto al consumo o el IVA.
EL COLOMBIANO ya había identificado el pasado 24 de octubre, al menos diez cambios que tributaristas y congresistas quisieran introducir.
En esa publicación se recogieron inquietudes sobre el IVA, las rentas exentas o un beneficio para vehículos híbridos o eléctricos.
Además, se evidenció la intención por incluir impuestos saludables para castigar la comida chatarra, bebidas azucaradas y cigarrillos y vapeadores; así como la eliminación del impuesto al consumo de bienes inmuebles de más de 800 millones de pesos.
Por ahora estos ánimos serán reales cuando se conozcan las proposiciones en el nuevo trámite que ya está andando en el legislativo .