Ahora que comienza el debate en el Congreso del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2018, que se aprobará en octubre próximo, afloran las inflexibilidades a que está supeditada la distribución de esos 235,55 billones de pesos en que lo tasó el Ministerio de Hacienda.
Esas camisas de fuerza explican por qué sube el consolidado de gastos de funcionamiento, transferencias y de deuda en 4,89 %, hasta 201,27 billones de pesos. En contraste, la inversión, sumando la del Gobierno Nacional Central y la de entidades estatales, cae 16,8 %, para sumar solo 34,29 billones (ver gráficos).
Esta realidad no es nueva y se explica en años recientes por la pérdida de ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central. Ante esa situación, el déficit fiscal, es decir la diferencia entre lo que el Gobierno recibe y lo que se gasta, llegó a ser de 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2016, este año debe ser de 3,6 % y para el próximo bajar a 3,1 %, según lo requerido por la Regla Fiscal, conjunto de normas en sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Es necesario revisar la Regla Fiscal para que haya unos criterios claros en que se reduzca el crecimiento del gasto y no destruir crecimiento económico por la vía de castigar la inversión pública”, comentó José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario y analista económico.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, envió al Congreso de la República un mensaje de que se deberían cambiar algunas leyes existentes para “ahorrar más en funcionamiento y liberar recursos para inversión”. Pero esa aspiración no se cumplirá por ahora, con una agenda legislativa muy apretada.
Gastos que más pesan
Entre tanto, el presupuesto de 2018 viene atado a la necesidad de que la Nación honre lo que le han prestado dentro y fuera del país, que no es poco. Solo la deuda neta del Gobierno Nacional Central equivale a 43,8 % del PIB, y a ese nivel se mantendrá el próximo año, en las cuentas del Ministerio de Hacienda.
Por eso el rubro individual más alto es el de servicio a la deuda, para lo que se destinará 51,94 billones de pesos, 1,1 % más que este año. Pensar en que eso sea menos, sería exponer a que la Nación pierda su calificación de grado de inversión o pagar mucho más en el largo plazo, vía refinanciaciones. Descartada esa posibilidad.
En segundo lugar, repiten las pensiones como lo que más demanda recursos: 41,14 billones de pesos, 8,8 % más que este año. El ministro Cárdenas explicó al radicar el proyecto de presupuesto que esa alza es por el aumento de 13,7 % en lo girado a Colpensiones para pagar estas obligaciones de ley.
Esta asignación seguirá creciendo mientras no haya reforma pensional que corrija el esquema de subsidiar más jubilaciones altas que bajas, en el régimen público de Prima Media.
Tampoco es viable ahora reducir transferencias de la Nación a municipios y departamentos, otra obligación que atiende normas vigentes y jurisprudencia constitucional.
Finalmente, el gasto de personal subirá 8,2 %, hasta 30,95 billones, justificado en buena medida por: incremento salarial de cerca de 500 mil vinculados al sector Defensa y Policía, ascensos en su escalafón y efectos de un fallo del Consejo de Estado que ordenó reajustar salarios de 11 mil soldados.
“El presupuesto tiene muchas camisas de fuerza legales difíciles de remover, por eso se deben compensar con mayor eficiencia de recaudo de la Dian, en su control interno y aduanero de la evasión y la elusión, lo que podría compensar el estrés presupuestal en inversión”, concluyó Gustavo Cote, exdirector de la Dian.
