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Promediando el primer mes de este 2021, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señala que hoy están claras varias realidades, entre ellas que el impacto de la pandemia no ha llegado a su fin, que sus consecuencias negativas en lo económico y en lo social son inmensas y que al país le tomará varios años recuperar lo perdido, y varios más en retomar la senda de crecimiento que observaba.
A lo anterior, el gremio que preside Bruce Mac Master reconoce que se han tomado medidas de política pública indispensables y valiosas, pero advierte que la agenda económica y de política pública de los próximos años requerirá de muchas medidas adicionales que permitan disminuir los efectos de la actual crisis. “No vamos ni por la mitad de una muy dura cuesta”, anotó la Andi en su informe de perspectivas para este año.
Parte de las observaciones de la agremiación radican en el hecho de que como consecuencia de los impactos de la covid-19 sobre la actividad productiva y las mayores necesidades fiscales para mitigar su impacto, se prevé un aumento significativo de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC), que pasaría de un 50,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, a 66 % del PIB estimada para el 2020 y de un 66,1 % del PIB para este 2021. Por su parte, la deuda neta del país aumentaría de 48,6 % a 64,1 % y 65,3 % del PIB, respectivamente.
Frente a los países de la región, la Andi llama la atención sobre el nivel de la deuda pública de Colombia que es superior al promedio de América Latina y es mayor a la de países como Perú, Chile y México (sus socios de la Alianza del Pacífico) que observan niveles de deuda pública bruta del GNC inferiores al 43 % de su PIB (ver gráfico).
Bajo esa óptica, la Asociación que lidera Mac Master enfatiza en que el deterioro de las cifras fiscales en 2020 y 2021, pone de presente la necesidad de que se implemente un conjunto de reformas fiscales estructurales, que contribuyan a la recuperación económica y a la consolidación fiscal.
“El compromiso de retomar la regla fiscal en 2022 va en la dirección de la consolidación fiscal y de mantener el grado de inversión frente a las calificadoras de riesgo. La discusión de una reforma tributaria en la primera parte del 2021, que fije un marco tributario que facilite la recuperación de las empresas y la inversión y defienda el empleo es prioritario”, agrega la Andi (ver Para saber más).
En esta dirección, el informe que entregará al país entre enero y febrero de 2021 la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios será un insumo muy importante para la discusión, pero también es importante incluir el ajuste y la focalización del gasto público en la fase pospandemia, además de seguir avanzando en la eliminación de la evasión tanto del impuesto de renta como en IVA.
Felipe Klein, economista de BNP Paribas en Colombia y Chile, anticipa que el foco de la reforma fiscal se concentrará en el primer semestre de este año y recuerda que el Ministerio de Hacienda ha insistido en que necesita una reforma fiscal que aumente sus rentas en un 2 % del PIB (alrededor de 20 billones de pesos) para cumplir con la regla fiscal (suspendida hasta 2022) y garantizar la sostenibilidad de deuda a mediano plazo.
No obstante, añade que Colombia tiene una larga trayectoria en materia de aprobación de reformas fiscales, pero en el Congreso sus efectos a menudo se suavizan.
El experto económico prevé que, aunque es probable que la propuesta del Gobierno incluya medidas poco populares como la eliminación de las exenciones del IVA, el debate podría dar lugar al resurgimiento de las tensiones sociales.
Es un contexto difícil para las reformas estructurales advierte, pues “el presidente, Iván Duque, no goza de una posición sólida en el Congreso y reconoce que el actual escenario social y económico no es el más adecuado para discutir las reformas estructurales. De hecho, existen opiniones divergentes dentro del Gobierno”.
Y es que el presidente aseguró inicialmente que no discutiría las reformas fiscales durante la pandemia, pero posteriormente reconoció la necesidad de tratar el frente fiscal, recuerda Klein, quien además sugiere que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, parece tener una agenda más ambiciosa que abarca las reformas pensional y laboral.
Igualmente, considera que con las elecciones legislativas y las presidenciales programadas para marzo y mayo de 2022, respectivamente, el Gobierno probablemente buscará protagonizar debates polémicos en el Congreso en el primer semestre de este año.
El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien participó el viernes en un foro virtual sobre perspectivas económicas organizado por Skandia, anticipa que “muy a la colombiana habrá algo, pero no será la megarreforma ni la reforma estructural. Ante las calificadoras de riesgo se mostrará que se hizo parte de la tarea y que el resto quedará pendiente para el Gobierno que llegue en 2022”.
Estima que en la discusión del presupuesto de 2022 se verá un recorte del gasto para esa vigencia y un paquete tributario para aumentar los ingresos que no genere reacción popular negativa, dado que los congresistas estarán enfocados en hacer campaña para lograr su reelección.
La revisión de las proyecciones de déficit fiscal para 2020 y este año hace generar inquietudes relevantes sobre las finanzas públicas a partir de 2022, cuando debe empezar a aplicarse de nuevo la regla fiscal.
Desde la dirección de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, precisa que la atención de los agentes del mercado financiero y de los analistas económicos está cada vez más centrada en las reformas que se espera se tramiten este año para afrontar algunas de las repercusiones económicas que ha dejado la pandemia.
La opinión generalizada es que, del éxito de estas iniciativas, en particular en los frentes tributario y laboral, dependerá que el país mantenga la calificación de grado de inversión (ver Dicen de...).
“Pese a que coincidimos en que los debates que se darán al respecto serán de gran relevancia, consideramos que los inversionistas, en especial los del mercado de deuda pública, también deben anticipar los desafíos que estarán sobre la mesa en materia fiscal durante 2022”, menciona Espinosa.
Al exponer los interrogantes fiscales que se anticipan para el año que viene, el investigador económico repasa que en noviembre las autoridades anunciaron la ampliación del déficit del GNC estimado para 2020 y 2021.
Así, la cifra para 2020 se actualizó de 8,2 % a 8,9 % del PIB, y para este año de 5,1 % a 7,6 % del PIB. Esto quiere decir que la magnitud del ajuste fiscal previsto para este año se redujo de 3,1 a 1,3 puntos del PIB, explicado por una caída de la economía mayor a la inicialmente prevista, así como por la necesidad de extender una parte sustancial de los gastos destinados a la atención de la pandemia y sus efectos sobre la economía y la sociedad.
En un entorno en el que resulta aconsejable no adoptar medidas agresivas de consolidación fiscal, dado que el país todavía está enfrentando la emergencia generada por la covid-19, la inquietud que surge es: ¿hasta dónde se revisará el déficit fiscal en 2022?
Para Espinosa y su equipo de investigadores es imperativo que se modifique la ley de la regla fiscal antes de que esta vuelva a aplicarse, y permita un déficit más holgado en 2022.
De darse esa modificación correspondería a la administración que resulte elegida en los comicios de 2022 resolver muchos de los asuntos fiscales futuros, y tendrá la responsabilidad de encauzar otra vez las finanzas públicas hacia una regla de política creíble y observar una meta de déficit mandatoria.
“Así las cosas, la incertidumbre fiscal no solo estará asociada al comportamiento de las variables macroeconómicas, sino que las consideraciones políticas también serán clave”, concluyen los analistas de Bancolombia.
En línea con la perspectiva de Bancolombia, la publicación Tendencia Económica del centro de pensamiento Fedesarrollo, divulgada en diciembre pasado, también sugiere la necesidad de modificar la regla fiscal de tal manera que incorpore un ancla sobre el nivel de deuda.
El texto suscrito por María Angélica Arbeláez y Miguel Benítez, explica que el ancla en deuda no debería exceder el 48 % del PIB en el mediano plazo (10 a 15 años).
Para los autores, lograr este ambicioso objetivo, y salvaguardar al mismo tiempo la inversión pública, requiere ejecutar reformas en diversos frentes, que permitan incrementar significativamente el recaudo tributario y flexibilizar el gasto corriente.
Como consecuencia de la crisis, el recaudo tributario según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se redujo el año pasado en un 12,72 %, pues de la meta fijada inicialmente en 167,5 billones de pesos se obtuvieron 146,18 billones, por lo que se requiere un incremento.
En esas condiciones, para los analistas de Fedesarrollo es fundamental que el gasto de emergencia asociado con la pandemia no se vuelva permanente, e igualmente que se implemente una acción de redireccionamiento del gasto, aumentando su calidad y eficiencia, lo que permitirá fortalecer su efecto multiplicador sobre el crecimiento.
Vale anotar que, según cifras del Banco de la República, a octubre de 2020 la deuda externa pública y privada colombiana sumó 147.285 millones de dólares, un 6,7 % más que la registrada en el mismo mes de 2019 cuando fue de 137.972 millones de dólares. Como porcentaje del PIB esta obligación se ubicó en 54,8 % a octubre de 2020, por encima del 42,7 % registrado al décimo mes de 2019