La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió en diciembre una investigación a Avianca y Viva por haber celebrado una operación de integración sin solicitar permiso ante la Aeronáutica Civil.
Voceros con conocimiento del caso le dijeron a El Tiempo que Avianca ya presentó los primeros descargos sobre esa investigación, que en más de 60 páginas señala varias irregularidades que, a juicio de las autoridades, se habrían presentado cuando los accionistas de Avianca compraron los derechos económicos de Viva el 29 de abril del 2022.
Básicamente, la SIC presenta material probatorio en el que se apoya para sustentar que la integración entre las dos aerolíneas inició antes de solicitarle autorización a la Aeorocivil y que, aunque Avianca argumenta no tener ninguna injerencia en las decisiones de Viva, las dos sociedades creadas para dirigir a esta compañía (Castelsouth y West Castle), estuvieron lideradas por dos exdirectores alternos de la aerolínea adquiriente: Luis Caballero y Antonio Luna.
En ese sentido, los voceros mencionados presentaron a mediados de enero los descargos, pidieron algunas pruebas e incluso pasaron una oferta para la terminación anticipada del proceso.
En contraposición a la SIC, alegaron que, según la resolución 10390 de 2015 —emitida por la misma entidad que los está investigando— se pueden adquirir los derechos económicos de una compañía mientras se espera el visto bueno de la autoridad de control.
Así mismo, manifestaron que Caballero y Luna no fueron nombrados por ellos en las sociedades que tenían los derechos políticos y decisivos de Viva: “Se trata de miembros suplentes de la vieja holding de Avianca, nunca ejercieron y por ende no recibieron un peso. Y ya se retiraron”.
Lo cierto es que frente a las dos sociedades que quedaron con la responsabilidad de dirigir a Viva, la SIC encontró que, por ejemplo, Castlesouth fue constituida en agosto de 2022 con un patrimonio de 6 libras esterlinas (unos $30.000 al cambio de hoy) y “en la práctica sería solo una ficción legal”.
Por otro lado, defendieron que la SIC no es la entidad competente para realizarles una investigación y, como lo habían hecho en otras oportunidades, aseguraron que la integración no busca constituir un monopolio: “La aviación es un negocio de economía de escala”.
En cuanto a las versiones de que la crisis de Viva Air está presionando a la Aerocivil a autorizar la integración con Avianca, calificaron de “ridícula” esa teoría.
Jorge Sánchez, quien fungió como delegado del consumidor y de competencia en la SIC, afirmó que “las decisiones de Viva no las toma Viva, las toma Avianca” y así los demuestran los hallazgos en la investigación abierta en diciembre.
“Toda esta es una situación irregular que hoy hace posible que Avianca tenga de alguna manera —perdóneme la expresión— secuestrada a Viva y que la moneda de cambio sean los pasajeros”, expuso el especialista.
“Si es cierta la crisis financiera de Viva —añadió— la Superintendencia de Transporte tendría que haber tomado el control de esa aerolínea hace mucho tiempo y haber removido a sus administradores. Así garantizar la continuidad en la prestación del servicio y que los trámites de integración se hubieran dado de manera regular”.
En medio de todo el caos que hoy se vive en los aeropuertos de Colombia, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, no descartó una intervención al mercado aéreo colombiano. En respuesta a esas declaraciones, los voceros de Avianca comentaron que esperan que se respeten las normas jurídicas, el Estado de derecho y los derechos adquiridos.
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